Gobierno y Generalitat pactan mantener la neutralidad del espacio público sin concretar cómo

La polémica de los lazos amarillos ha estado este jueves sobre la mesa de la Junta de Seguridad, el órgano que coordina los departamentos de Interior del Gobierno central y de la Generalitat de Cataluña y ha desembocado en un principio de acuerdo aunque sin medidas concretas. Ambas administraciones han eludido la confrontación que sí se vive en las calles entre quienes colocan los lazos en homenaje a los líderes del ‘procés’ encarcelados y los antiindependentistas que los quitan inmediatamente después. No obstante, el diagnóstico que hace cada parte de esta situación es completamente distinto.

La reunión de la Junta de Seguridad ha estado presidida por Quim Torra, jefe del Gobierno autonómico, y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Pero en la rueda de prensa posterior han participado el representante del Ejecutivo central y el consejero de Interior, Miquel Buch. Ambos han explicado el compromiso genérico alcanzado: trabajar juntos para que el espacio público en Cataluña “sea neutral para todos los ciudadanos”. Esta neutralidad pasa por trabajar para que el espacio público sea “para el encuentro y no monopolizado por nadie”, pero ni Marlaska ni Buch han precisado cómo se va a garantizar que se cumpla ese acuerdo, más allá de que la responsabilidad recaerá en los Mossos en colaboración con el Estado.

¿Significa eso que la policía autonómica catalana debe proceder a retirar lazos amarillos y pancartas de edificios como la que hay en la fachada de la Generalitat? Marlaska ha respondido que un “buen elemento a valorar” es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 5 de julio. En esa sentencia, dictada a principios de verano y relativa al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), obligado por el tribunal a retirar la estelada que colocó en la plaza Octavià de la localidad, el juez considera que este uso del espacio público es “una injerencia en la neutralidad” que la Constitución exige. “Los espacios de convivencia tienen que ser de convivencia y de encuentro y no de desencuentro. ¿Cómo? Los Mossos d’Esquadra tienen los parámetros para garantizar el orden y la seguridad pública”, ha zanjado el ministro.

No parece que al independentismo que gobierna en Cataluña le haga gracia tener que prescindir de la parafernalia con la que hace propaganda de sus ideas. Pero, en la comparecencia de este jueves ha respetado las formas. En lo que Gobierno y Generalitat difieren totalmente es en el análisis de la ‘batalla de los lazos’ que se ha vivido con intensidad en calles y playas catalanas. Buch ha defendido que los lazos llevan ocho meses en el espacio público y solo han sido un problema este verano cuando a “alguien le ha interesado que sean un problema”. Concretamente, el consejero ha defendido que bajo ningún concepto considera que haya un problema de convivencia en Cataluña, y ha explicado que la polémica solo llegó el 15 de agosto por los llamamientos que hizo “un partido político determinado”, en clara alusión a Ciutadans, la formación que puso en marcha la campaña para la retirada masiva de los lazos.

Las palabras de Buch pueden ser una réplica a una afirmación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha repetido varias veces, la última el miércoles desde Estocolmo: “Lo que está en juego es la convivencia no la independencia”. En línea con Sánchez, Marlaska ha reconocido “estar preocupado” por el pulso callejero sobre los lazos y ha lamentado que el espacio público sea “monopolizado” por los independentistas.

La Generalitat rechaza el refuerzo de antidisturbios en Cataluña

Otro asunto en el que discrepan Gobierno y Generalitat es el envío de un refuerzo de antidisturbios a Cataluña ante las fechas que se avecinan, la Diada y los aniversarios de los momentos clave del ‘procés’, especialmente el referéndum ilegal del 1-O. Estas conmemoraciones ya han generado llamamientos de los independentistas, con el presidente Torra a la cabeza, para que se produzca una gran movilización ciudadana. Por ello, el Ministerio del Interior ha iniciado el refuerzo policial en Cataluña con el envío de forma escalonada de alrededor de 600 efectivos de las unidades antidisturbios y ha ordenado suspender hasta el 15 de octubre la salida de Cataluña de 300 guardias civiles que tenían previsto abandonar esta comunidad para incorporarse de nuevo a sus destinos.

Marlaska no ha querido concretar la cifra exacta de agentes de la Policía Nacional que reforzarán la seguridad en Cataluña, aunque ha precisado que sí lo ha detallado por “lealtad institucional” en la reunión de la Junta. No obstante, ha insistido en que, más que el número de agentes, lo importante es la finalidad del refuerzo, que es “normal”, ya que no será un dispositivo “extraordinario”, por lo que ha pedido que no se cree “alarmismo” con la llegada de estos efectivos policiales. Y para reforzar su argumentación ha detallado que una final de la Liga de Campeones genera el desplazamiento de unos 2.000 policías. El ministro ha subrayado que los efectivos que se trasladen a Cataluña en los próximos días se centrarán en la protección de edificios públicos del Estado, competencia que tienen encomendada, y que también estarán disponibles por si los Mossos d’Esquadra reclaman su “cooperación o auxilio”.

A renglón seguido, Buch ha rechazado la necesidad del refuerzo: “Agradezco la oferta del ministro, pero los Mossos d’Esquadra superarán cualquier prueba, como cada año”. El consejero ha subrayado que los Mossos d’Esquadra tienen competencias en Cataluña en materia de orden público y que afrontarán “como cada año” con motivo de la Diada sus funciones de seguridad “con excelencia máxima”.

Participación de los Mossos en la coordinación contra el terrorismo

Por lo demás, en la reunión se ha resuelto una vieja reivindicación de los Mossos: su integración en el Citco, el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado. El asunto estará arreglado en un plazo máximo de 30 días, lo que significa que la policía catalana tendrá un representante fijo y por tanto información de primera mano de la lucha antiterrorista y acceso a una base de datos común. La integración en el Citco ya se abordó en la anterior Junta de Seguridad, en julio de 2017, entre el entonces ministro Juan Ignacio Zoido y el entonces presidente Carles Puigdemont, pero no se fijó ninguna fecha para culminar el proceso.

Además, la Generalitat ha pedido a Interior que autorice la convocatoria de dos nuevas promociones de Mossos d’Esquadra, de 750 cada una, en 2019 y en 2020. Según han informado fuentes de ambos ejecutivos, el ministro, sin entrar a valorar la petición del gobierno catalán, ha anunciado que trasladará la petición al Ministerio de Hacienda, antes de tomar cualquier decisión.

Con estas dos promociones, que sumarían un total de 1.500 nuevos agentes, el gobierno catalán pretende que la cifra de Mossos d’Esquadra se estabilice en unos 18.000 efectivos, teniendo en cuenta la promoción de unos 500 agentes que ya está en marcha. Por otor lado, el Gobierno y la Generalitat han alcanzado un compromiso y garantizarán la neutralidad de los espacios públicos, según informó Grande-Marlaska, que ha indicado que los Mossos d’Esquadra son “conscientes” de que deben actuar para que no esté “monopolizado” por una ideología.

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