El TS rechaza por unanimidad apartar a los magistrados que juzgarán a los líderes del ‘procés’

La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha rechazado por unanimidad los incidentes de recusación presentados por once de los implicados en la causa del "procés" independentista en Cataluña contra los cinco magistrados que juzgarán este asunto. Las recusaciones de los procesados fugados, es decir, las del expresidente Carles Puigemont y los exconsellers Lluis Puig y Clara Ponsatí, se han inadmitido de plano. Las planteadas por los otros ocho, que se encuentran en prisión provisional, han sido desestimadas.

La Sala del 61 -llamada así por el número del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que la regula y famosa por dictar la ilegalización de Herri Batasuna en 2003- está integrada por 16 miembros que son el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, los presidentes de cada una de las cinco Salas del Supremo y los magistrados más antiguos y más modernos de cada una de ellas.

En este caso, sin embargo, la decisión ha sido adoptada solo por 13 de los magistrados, ninguno de ellos de lo Penal, ya que tanto el presidente de esta Sala Manuel Marchena como el más antiguo de la misma, Andrés Martínez Arrieta, han debido ausentarse al ser integrantes del tribunal que juzgará el ‘procés’ y por lo tanto recusados. El más moderno, Vicente Magro, también se ha apartado al haber sido el instructor del expediente de recusación.

La decisión se adopta en línea con lo solicitado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que en su escrito calificó de “fraude procesal y atentado a la buena fe” las pretensiones de los procesados por rebelión para apartar a los cinco magistrados a los que ha correspondido juzgar el caso en los próximos meses. Respecto del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, añadía que constituye además “un sarcasmo que accione la recusación quien está huido de la Justicia”.

El Supremo había acumulado en un único expediente las seis diferentes recusaciones a los cinco magistrados de la Sala presentadas por el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Lluís Puig, y Clara Ponsatí; la expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell y los que fueran líderes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Los incidentes se dirigían contra el presidente de la Sala, Manuel Marchena y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral.

Verdaderamente, no había ninguna expectativa de que el Supremo admitiera las recusaciones, sobre todo porque hasta ahora el alto tribunal ha respaldado todos los autos del juez instructor de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, y se ha pronunciado aplicando sus mismos criterios. El intento de apartar a los magistrados se atribuye más bien a una maniobra dilatoria de las defensas de los dirigentes independentistas encarcelados para retrasar el inicio del juicio en el que todos ellos se enfrentan a una petición de penas de hasta 30 años de cárcel por los delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos. La duda ahora es si la Fiscalía mantendrá esas calificaciones o rebajará la acusación de rebelión a la de sedición, lo que reduciría la condena a la mitad de años de cárcel (15) o incluso menos (10), o a la de conspiración para la rebelión, en cuyo caso la pena podría ser aún menor, de siete años y medio.

Los plazos que se barajan ahora sitúan el inicio de la vista oral a finales de año, en noviembre o diciembre. Las defensas de los acusados cuentan ahora con un plazo de diez días para analizar toda la causa y comunicar si se dan por instruidas. Después, se dará traslado a la Fiscalía y la acusación representada por Vox para que entreguen sus escritos de acusación, a los que luego podrán oponerse las defensas presentando sus propios escritos. Una vez superado este trámite, el Supremo dictaría la apertura de juicio oral.

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