El Gobierno retirará recursos ante el Constitucional para ayudar al diálogo con Cataluña

El Gobierno mantiene su oferta de diálogo al independentismo para para tratar de llegar a acuerdos que, siempre dentro de la legalidad, permitan reconducir la situación en Cataluña y superar la incomunicación que hace un año condujo a un escenario de máxima tensión. En ese empeño, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha anunciado en el Congreso que se podrían retirar los recursos de inconstitucionalidad que afecten a "cuestiones sociales". El asunto es “prioritario”, ha dicho, y se va a tratar en una reunión el próximo viernes entre la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, y el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor.

Entre los recursos que podrían ser retirados figura el que presentó el Gobierno anterior del PP contra la ley catalana de asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares. El nuevo Ejecutivo socialista ha ampliado esa cobertura sanitaria, por lo que según ha dicho Batet, los recursos de inconstitucionalidad contra las normas autonómicas que la contemplaban pueden decaer. La medida podría ser aprobada en el Consejo de Ministros que se reunirá ese mismo día.

Por lo demás, Batet ha constatado ante la Comisión de Política Territorial del Congreso que “una declaración de un dirigente político” no vulnera el respeto al marco estatutario y constitucional, en referencia al discurso que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pronunció el martes para abrir el curso político catalán. La ministra considera que “hay ese respeto” por parte de Torra, ya que la Generalitat está en una mesa de diálogo con el Gobierno enmarcada en esa legalidad: la Comisión Bilateral. Por eso, ha rechazado la aplicación del artículo 155 en Cataluña, ya que exige “un incumplimiento material, grave y reiterado” de la legalidad, que no se ha producido.

Durante su intervención, Batet se ha mostrado sorprendida de que Torra “solo hablara del pasado” y ha instado a mirar al futuro y hacia delante para encontrar una solución al conflicto catalán. Una solución para la que ha reclamado “un esfuerzo de lealtad y flexibilidad” a la Generalitat, así como a todos los partidos políticos, tanto del Parlament como del Congreso de los Diputados. De hecho, ha instado al PP y a Ciudadanos a aclarar si quieren formar parte de la solución y aportar propuestas de concordia o van en la “denuncia” y la “confrontación”.

Para Batet, el camino a seguir es el del diálogo abierto por la Comisión Bilateral, porque “es mejor hablar de los problemas de los catalanes que hablar de los problemas de Cataluña”. Tanto el portavoz de ERC, Joan Tardà, como el PDeCAT, Carles Campuzano, han apostado también por el diálogo para solucionar el conflicto, pero han situado como una cuestión primordial la de arreglar la situación de prisión de los políticos independentistas. Tardà ha reclamado al Gobierno que actúe ante la fiscal general del Estado para solucionar esta “anomalía” de los políticos secesionistas en prisión, pero también a advertido de que, si algún independentistas “estúpido” cree que puede imponer la independencia, está “equivocado”.

Para el PP es la ministra la que está “profundamente equivocada” si piensa que va a solucionar el problema de Cataluña con comisiones bilaterales, según la diputada Alicia Sánchez-Camacho, quien cree que el diálogo con la Generalitat es “imposible” y una “farsa” porque los independentistas solo quieren imponer sus postulados inaceptables. En la comparecencia de Batet en el Congreso, Sánchez-Camacho ha insistido en que no existe tal voluntad de diálogo por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni del Govern, y ha preguntado a Batet si ve posible sentarse de forma “sincera” con quienes promovieron un golpe de Estado y vulneraron la Constitución.

Ciudadanos, por su parte, ha vuelto a reclamar la aplicación del artículo 155 porque “el Estado tiene que reaccionar y actuar” ante las pretensiones independentistas. El secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, ha criticado que el Gobierno acepte el diálogo con los independentistas y lo ha atribuido a que el Ejecutivo “debe su existencia precisamente” al voto del independentismo.