La vista sobre Llarena en Bruselas se aplaza tres semanas a petición de la defensa del juez

La sala 7 del Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas ha fijado para el próximo martes, 25 de septiembre, la primera vista formal en Bélgica sobre la demanda civil presentada por Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros de su Gobierno huidos contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. A petición de la defensa del magistrado, encargada al letrado Hakim Boularbah, el proceso se retomará dentro de tres semanas, tras requerirse más tiempo para que el Estado español se pueda personar en la causa. Ese es el motivo del retraso y no, según ha confirmado el propio Boularbah, el error de traducción de una declaración del juez que tanta polémica ha generado.

Durante la vista celebrada este martes en el Palacio de Justicia de Bruselas, ninguna de las partes ha mencionado la polémica por el error en la traducción al francés de las declaraciones de Llarena que la acusación ha utilizado para armar la demanda civil y que atribuían al magistrado español una afirmación que de ser cierta habría pulverizado la presunción de inocencia relativa a Puigdemont. Según se comprobó un avez subsanado el error de traducción, el magistrado se refirió en condicional a la posibilidad de que el expresidente catalán hubiera cometido actos por los que se encuentra procesado.

Fuentes judiciales han apuntado que el asunto de la traducción será abordado por las partes cuando presenten los argumentos escritos. Los abogados de Puigdemont y de los cuatro exconsejeros huidos a Bélgica, Gonzalo Boye y Christophe Marchand, sí han confirmado en declaraciones a la prensa que han informado en esta vista del error en la traducción y presentado una nueva traducción jurada.

Por otra parte, el abogado belga de Llarena no solo ha pedido un aplazamiento de la vista sobre la demanda civil con el objetivo de que el Reino de España pueda personarse en la causa, sino que también ha cuestionado la jurisdicción de los tribunales belgas en este caso. “El Reino de España y el juez Llarena cuestionan la jurisdicción de las Cortes y Tribunales belgas, por ello he solicitado que se pospusiera la audiencia al 25 de septiembre, para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción y su órgano, en el juez Llarena”, ha declarado a la prensa Hakim Boularbah, al término de la vista en la que se debía decidir el calendario.

En la sala del Tribunal de primera instancia francófono de Bruselas, el letrado que defiende a Llarena ha rechazado la jurisdicción de las cortes belgas sobre los tribunales españoles, si bien este asunto no ha sido examinado por la jueza que presidía la audiencia, Anne Dessy. Con el visto bueno de la acusación, la jueza ha fijado la próxima vista el próximo 25 de septiembre, “a la misma hora y en la misma sala”, momento en que se espera que las partes presenten sus argumentos escritos antes de argumentar el caso oralmente. Tampoco se espera que entonces haya decisiones de fondo o sobre la admisibilidad del caso, según los abogados de los políticos independentistas.

Boularbah ha pedido, además, que el caso sea llevado por un tribunal de tres jueces debido a que se trata de un asunto excepcional, una petición que será trasladada al presidente del juzgado. El juez Llarena, que no tenía obligación de acudir presencialmente a la vista, no se ha presentado en el juzgado. Sí lo han hecho los exconsejeros huidos Toni Comín y Lluis Puig, aunque no no han intervenido. El edificio donde se encuentra el tribunal ha amanecido este martes con lazos amarillos de plástico en las barandillas hasta que un funcionario ha procedido a retirarlos nada más comenzar la actividad del juzgado.

Los demandantes reclaman a Llarena un euro por daños y prejuicios en una demanda con la que pretenden demostrar que la causa abierta en el Supremo por el “procés” no está dirimiéndose con imparcialidad. Para éstos, el juez belga debería admitirla a trámite porque se trata de una cuestión privada de Llarena, pero el Gobierno consideró su defensa una “cuestión de Estado” y aseguró que defendería hasta las últimas consecuencias la integridad y soberanía jurisdiccional, que pasa también por “defender la actuación jurisdiccional” del juez.

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