Sánchez defiende un referéndum para un nuevo Estatut y Casado y Rivera lo rechazan de forma tajante

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto el curso político desencadenando una nueva bronca con las dos formaciones de la derecha, PP y Ciudadanos, a cuenta de su política hacia Cataluña. Sánchez ha defendido en una entrevista en la 'Cadena Ser' la celebración de un "referéndum" en Cataluña por el autogobierno, no por la independencia, una idea que ya avanzó en su día Miquel Iceta para revertir los nocivos efectos de la campaña ‘popular’ contra el Estatut de 2006, en la que se sitúa el origen de la radicalización independentista.

Pablo Casado se ha apresurado a rechazar la propuesta: “Si Sánchez ha pactado una consulta en Cataluña, que se haga a un lado y convoque elecciones”. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no se ha quedado atrás y, como el PP, ve detrás del planteamiento un pacto de Sánchez con los independentistas para apuntalar su presidencia a cambio de ciertas cesiones.

La propuesta de Sánchez enerva a los partidos que se autodefinen como ‘constitucionalistas’ pero también al independentismo catalán, que considera superada la ‘pantalla’ del autogobierno y que ya solo se muestra dispuesto a negociar un referéndum de autodeterminación y no una simple ampliación de las competencias que tiene su autonomía. De ahí que tanto el PP como Ciudadanos teman que la convocatoria de una consulta, sea del tipo que sea, acaba transformándose en un plebiscito para potenciar las aspiraciones secesionistas de los partidos que gobiernan en Cataluña. Y no es algo descartable pese a que Sánchez ha puesto especial énfasis en que no sería un referéndum de autodeterminación, sino sobre el “autogobierno”. “El hecho final tiene que ser una votación, pero no puede por la independencia o la autodeterminación, sino por el fortalecimiento del Gobierno de Cataluña”, ha explicado. Además, con la legislación vigente en la mano, la aprobación de un nuevo Estatut exige una compleja tramitación con mayorías cualificadas tanto en el Parlament como en las Cortes Generales que prácticamente invalidarían las pretensiones del independentismo.

Autogobierno, Constitución y Europa son las tres patas sobre las que Pedro Sánchez pretende reconstruir el diálogo con Cataluña. Casado no solo duda de que eso pueda conducir a un resultado aceptable para todas las partes sino que incluso pone en entredicho la pretensión de aumentar el autogobierno catalán. “Cataluña no puede tener más autogobierno”, ha asegurado porque, en su opinión “no hay más materias para descentralizar” en España que las competencias que ya tienen las comunidades autónomas. La ampliación de competencias sólo podría darse rompiendo la igualdad entre comunidades, ha dicho, lo que para su partido es una línea roja que no se puede cruzar. Además, ha sugerido que lo que le ha ocurrido a Sánchez es que “su subconsciente le ha hecho una vez más reconocer lo que ha pactado debajo de la mesa” con los independentistas, para que saliera adelante su “vergonzante” moción de censura. Si es así, ha apuntado, “que lo diga”. “Si hay una consulta de autodeterminación aunque la llamen de autogobierno este Gobierno está incapacitado para seguir gobernando”, ha concluido.

“No hay pacto de Gobierno que pueda sacrificar los derechos de los ciudadanos”, ha dicho paralelamente Albert Rivera, para quien se trata de una vieja receta. “El PSC se ha apoderado del PSOE”, ha dicho. El líder de Cs se ha remitido además a la declaración del defensor del pueblo pidiendo que los edificios públicos estén libres de símbolos ideológicos. El líder del partido naranja ha recomendado a Sánchez que escuche más al defensor y menos al presidente de la Generalitat, aunque ha extendido la declaración de Francisco Fernández Marugan a los “espacios” públicos cuando lo cierto es que su declaración institucional solo dice que “el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista es incompatible con la presencia en los edificios públicos de símbolos de una ideología”.

Estas reacciones de la oposición eran previsibles, pero lo cierto es que el Gobierno y el PSOE tampoco ocultan su gran preocupación ante las señales de tensión que emite Cataluña, especialmente por el calendario reivindicativo que se abre este mes y que abarca desde la próxima Diada del 11 de septiembre hasta la conmemoración del primer aniversario del 1 de octubre. “Claro que nos preocupa”, ha reconocido José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y miembro del Ejecutivo, desde la sede de la calle Ferraz. Ábalos ha insistido en la estrategia de Sánchez de no alimentar el enfrentamiento. “No vamos a responder a las provocaciones de algunos con más provocaciones”, ha señalado.

Ante el discurso que este martes tiene previsto pronunciar el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Ábalos ha lanzado un llamamiento a la moderación: “Esperamos que valore todos los antecedentes y el nuevo escenario que se plantea, (…) que priorice los intereses de todos los catalanes y no una estrategia política de parte, porque lo que está en cuestión es la convivencia”. En síntesis, ha animado al ‘president’ a “acabar con el delirio que hemos vivido”, en referencia a la aceleración del proceso independentista en Cataluña que culminó con el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, la consiguiente represión policial y el ingreso en prisión provisional de buena parte de los líderes del ‘procés’ y la fuga al extranjero de parte del anterior Govern encabezado por Carles Puigdemont. Ha recordado, además, cómo todo ello condujo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, una vez aprobado por el Senado. “Los antecedentes ya sabemos cuáles son y a dónde nos han llevado”, ha avisado Ábalos.

La respuesta a ERC ante el juicio por el 1-O

Sánchez, por otra parte, ha recordado al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que la Fiscalía tiene reconocida su autonomía de actuación en la Constitución y que el Ejecutivo debe respetarla, y ha abogado por aplicar el diálogo para resolver el problema político catalán. Sánchez se ha referido a la sugerencia de Aragonés para que el Gobierno influya en la fiscalía para lograr la excarcelación de los independentistas presos, bajo el argumento de que “No tiene sentido pedir el voto de ERC y avalar la prisión de su líder”.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha dejado claro su apuesta por el diálogo como fórmula para resolver la crisis política catalana y también el respeto a la legalidad, lo que incluye respetar la independencia de la Fiscalía General del Estado, que según ha recordado goza de plena autonomía en la Constitución.

Sánchez ha pedido autocrítica a los independentistas, ha constatado que la sociedad catalana está dividida “en dos bloques”, en una dinámica que a su juicio tiene que ser superada y ha dicho que la polémica por los lazos amarillos demuestra que en Cataluña hacen falta “menos gestos y más responsabilidad”.

El presidente también ha defendido el artículo 155 de la Constitución y ha asegurado que se trata de un “instrumento perfectamente constitucional y legítimo para poder volver a reubicar a Cataluña en el Estatuto y en la Constitución”. No obstante, considera que no se han producido las circunstancias para tener que aplicarlo de nuevo, aunque sí ha precisado que “en el momento en el que se produzcan, el Gobierno de España lo hará”.

Los Presupuestos, el próximo reto

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha afirmado este lunes que quiere tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2019 en marzo, “para el primer trimestre” del año. Sánchez ha señalado que la intención del Gobierno es presentar el proyecto de Presupuestos a finales de noviembre o principios de diciembre. En este sentido, ha dicho que “para tener en el primer trimestre los Presupuestos aprobados”.

El anteproyecto de Presupuestos debe ser aprobado primero por el Consejo de Ministros para ser presentado con posterioridad en el Congreso de los Diputados, cuya tramitación suele prolongarse en las Cortes Generales durante tres meses.

Preguntado por si prorrogaría los Presupuestos de 2018, del anterior Gobierno del PP, Sánchez ha reiterado en varias ocasiones que el Gobierno sólo trabaja con el escenario de aprobar estas cuentas. Además ha incidido en que estas no son sus cuentas y que “el Gobierno tiene una voluntad clara de presentar sus Presupuestos”.

Sánchez además ha señalado que aunque no esté aprobada la nueva senda de déficit, eso no significa que el Gobierno no plantee el anteproyecto presupuestario.

El presidente del Gobierno se ha referido a la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que será apoyada por Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes para evitar que el Senado pueda vetar la senda de déficit y pueda volver a votarse en el Pleno del Congreso en caso de que sea rechazada por la Cámara Alta. Al respecto ha dicho que el Gobierno está pendiente de la modificación de esta ley pero “dicho esto, si no es posible, eso no significa que el Gobierno no plantee el anteproyecto de Presupuestos”.

Sánchez ha pedido corresponsabilidad a todas las fuerzas políticas para apoyar unas cuentas cuyo objetivo es la “justicia social” y ha incidido en que también habrá “justicia fiscal”. “En este sentido las izquierdas debemos ponernos de acuerdo en reconstruir el Estado de bienestar”, ha señalado al tiempo en que ha confiado en encontrar el apoyo del PNV y del PDeCAT tras la negativa del PP y de Ciudadanos.

El presidente del Ejecutivo también ha recordado que en esta legislatura no es posible reformar el sistema de financiación autonómica pero ha recordado que en los Presupuestos habrá unos 9.000 millones de euros para las comunidades autónomas.

Ha puntualizado que las autonomías recibirán cerca de 2.500 millones vinculados al IVA que no han recaudado ante el cambio en el modelo del plazo de pago y que recibirán en 2019 otros 4.000 millones en materia de financiación autonómica y otros tantos millones en caso de aprobarse la nueva senda de déficit que se flexibiliza el próximo año.

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