Valerio recurre a la Abogacía para anular el sindicato de ‘trabajadoras sexuales’: “Nos han metido un gol”

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha reconocido este jueves que le han "colado un gol" y pedirá explicaciones a su departamento tras el visto bueno a la constitución de un sindicato para trabajadoras sexuales, el cual quiere anular, y para ello ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie cómo hacerlo. Se trata de la cuarta 'rectificación' del Gobierno de Sánchez en menos de diez días tras sus cambios de postura en la defensa del juez Pablo Llarena, en materia migratoria y el futuro del Valle de los Caídos.

En declaraciones a la prensa tras comparecer en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Valerio ha asegurado que ha sido “una sorpresa” conocer la publicación en el BOE de la resolución sobre el sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) y que preguntará a la persona encargada de dicho expediente por qué no se le informó de su tramitación.

“Me han colado un gol por la escuadra”, “lo desconocía por completo”, “no pueden imaginar ustedes los sentimientos que tengo en este momento”, “el disgusto que me pillé ayer cuando me enteré es uno de los más gordos que me he pillado a lo largo de mi vida profesional y política y llevo ya un cierto rodaje”, ha confesado Valerio.

Ha recordado que pertenece a un Gobierno “feminista” y ha especificado que desde el miércoles, cuando tuvo noticias del tema, ha pedido a la Abogacía del Estado que inicie todos los trámites pertinentes para “declarar esta resolución nula de pleno derecho”. “El Gobierno va a luchar para que esto sea nulo”, ha enfatizado.

La ministra ha dicho que el hecho de que le hayan metido “un gol” cuando intenta ser responsable en política es “muy duro”, especialmente para una persona que busca “hacer las cosas lo mejor que sabe y puede”. “Disgusto que comparte el resto del Gobierno”, ha recalcado.

Según se explica en el BOE, el visto bueno al citado sindicato se ha producido tras comprobarse “que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Real Decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales”. El sindicato cuenta con los correspondientes estatutos y con el acta de constitución y tiene su domicilio en la plaza del Fénix de Barcelona, aunque su ámbito es estatal.

“Como ministra y miembro de un Gobierno feminista jamás habría dado el Ok a que esto se publicase en el BOE”, ha insistido Valerio. Habrá que ir al Consejo de Estado para el dictamen preceptivo, pero se procederá con “absoluta contundencia” frente a este sindicato, ha aseverado.

Este Ejecutivo “no va a avalar a un sindicato de una actividad que es ilegal y, además, vulnera los derechos fundamentales de las mujeres en general y también de los hombres que por necesidad o situaciones diversas se ven abocado a tener que ceder sus cuerpos a un tercero para que abusen de ellos”, ha argumentado.

Valerio ha recordado que ya José Luis Rodríguez Zapatero abrió la senda en esta lucha contra la violencia de género y la está siguiendo Pedro Sánchez.

Horas después de la comparecencia de Valerio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado a través de su cuenta en Twitter que el registro de la Organización de Trabajadoras Sexuales en la Dirección General de Trabajo fue “un mero acto administrativo que no contenía errores de forma pero sí de fondo”. Además, ha recalcado en su cuenta de Twitter que el suyo es un Ejecutivo “feminista” y “partidario de la abolición de la prostitución”.

Sánchez ha recordado que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha iniciado ya el trámite de impugnación de la Organización de Trabajadoras Sexuales. “La prostitución no es legal en España y este #Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita”, ha remarcado el jefe del Ejecutivo.

La reacción del sindicato

La secretaria general del nuevo sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), Concha Borrell, ha declarado que la ministra de Trabajo “parece que quiere defender los intereses de la patronal de los burdeles y no el de las trabajadoras”. Borrell se ha mostrado perpleja y desconcertada por las afirmaciones de la ministra, que ha asegurado que le han “colado un gol”.

“Tendrá que acudir a la vía judicial para ilegalizar un sindicato, porque, como ha reconocido el propio ministerio, cumplimos todos los trámites legales y todo es legal“, ha señalado Borrell. “Si le hemos colado un gol, que contrate mejores porteras”, ha ironizado Borrell, que ha lamentado la postura de la ministra, “que tiene que ver más con la moralidad que con la legalidad”. “El actual PSOE -ha añadido Borrell-, un partido creado por sindicalistas para defender a los trabajadores, se ha preocupado tanto de tener un gran abanico de mujeres en el gobierno que no se ha preocupado de que sean competentes”.

Borrell ha preguntado a la ministra: “¿Qué culpa tenemos las trabajadoras sexuales de que en pleno siglo XXI no tengamos derechos? ¿Desde cuándo un sindicato que cumple todos los requisitos es ilegal en este país?”. “Si es ilegal, que empiecen a cerrar macroburdeles y pisos, que empiecen a machacar a los empresarios. ¿Por qué no van a por los macroburdeles? ¿A quién están defendiendo en realidad? ¿Pero de dónde ha salido esta señora?”, ha insistido la trabajadora sexual, una de las que han impulsado este sindicato.

“Lo que le pedimos al Gobierno es un poco de rigor y más seriedad: es lo mínimo que se merecen los españoles. Es un tema de moralidad y no de legalidad, porque ya hemos comprobado que es legal. El ministerio ha hecho bien su trabajo: sindicarse en este país es legal. ¿Sabe la ministra que Pablo Iglesias, no el de ahora, fundó el PSOE y el sindicato UGT?”, ha añadido Borrell mostrando su enfado. “Si ellos quieren proteger a la patronal, nosotras queremos defender a las trabajadoras“, ha concluido Borrell.

Por su parte, el gestor que ha hecho todos los trámites para que el sindicato de trabajadoras sexuales fuera legalizado, Joaquín P. Donaire, ha explicado a Efe que todos los trámites para legalizar el nuevo sindicato los hizo vía web y ha asegurado que ha reunido todos los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Real Decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.

“Todo está dentro del marco legal y no hay ninguna forma de anulación administrativa posible, porque ha concluido ya el plazo legal de alegaciones. La ministra ahora tendrá que acudir a la judicatura si quiere ilegalizar el sindicato”, ha afirmado el gestor, que es el tesorero de Aprosex, una asociación que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales.

Donaire ha opinado que, si la ministra anula la constitución de Otras, “prevaricará, porque todos los trámites son legales y, si lo ha publicado el BOE, es que cumple la legalidad”.

“La legalidad es una cosa y la moralidad es otra. Si van al juzgado, nosotros también responderemos dentro de la legalidad”, ha avisado.

“Creo que estamos en un Estado de Derecho sometido al imperio de la ley, no al imperio de la prensa”, ha abundado el gestor, que ha argumentado que, aunque la profesión de trabajadora sexual no está regulada, “tampoco está reconocido legalmente que haya personas del norte de África que trabajan en los invernaderos y alguien tendrá que luchar por sus derechos”.

“¿De verdad quiere hacernos creer que no le habían informado? Pues que destituya al director general que corresponda. Puedo entender que haya moralistas en todas partes. Puede que el sindicato sea de agrado o no, pero es legal”, ha insistido Donaire.

Por su parte, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha manifestado su “sorpresa” por el visto bueno del Ministerio de Trabajo a la constitución del polémico sindicato y ha pedido explicaciones al Gobierno. En declaraciones a Efe, Soleto ha señalado que hacer titular a una entidad que se llama “sindicato de trabajadoras sexuales”, implica que el Gobierno “está haciendo, aunque sea por vía indirecta, un reconocimiento sobre que existe el trabajo sexual. Ese es el fondo de asunto”.

Soleto ha precisado que aunque la comprobación de los elementos formales aportados por las promotoras del sindicato se haya realizado “convenientemente” por parte de la Dirección General de Trabajo, “ante un asunto como este que es de interés público, se tendrían que haber hecho otras comprobaciones”. “Estoy convencida de que si mañana alguien va a registrar el sindicato de los camellos de la droga, comprueban algo más que el hecho de que tenga domicilio social”, ha considerado.

La representante feminista ha asegurado que “en principio, no contábamos con esto porque el Gobierno se ha manifestado en reiteradas ocasiones como feminista”, por lo que ha insistido en manifestarse “muy sorprendida”. Y no solamente -ha precisado- porque se haya producido con este Ejecutivo, sino también porque con la legislación actual “esto se pueda hacer”.

 

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