Marlaska acusa al PP de “inyectar odio con falacias” sobre los presos de ETA

El ministro del Interior asegura que lo hará una vez que finalice el plazo legal en el que este mando puede plantear recurso contra su cese

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido este miércoles en el Congreso que no habrá traslados colectivos de presos de ETA y que, de haber acercamientos, serán individuales y de acuerdo a la ley penitenciaria. “Mi lealtad con las víctimas es férrea, no permitiré críticas falsas ni que se utilicen a las víctimas por interés político”, ha defendido, afeando al PP su estrategia de “inyectar odio” en la sociedad al utilizar esta cuestión para desgastar al Gobierno.

Como en anteriores intervenciones parlamentarias, Grande-Marlaska se ha mostrado molesto especialmente con el PP, a quien ha reclamado “lealtad al Estado” en lo referente a la política penitenciaria. Ha recordado que este verano se produjeron los traslados desde Asturias a Basauri (Vizcaya) de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, aunque cumpliendo con lo aprobado por Instituciones Penitenciarias cuando gobernaba Mariano Rajoy.

“Las víctimas no van a permitir que se mienta en relación con su situación. Exijo responsabilidad, coherencia y lealtad”, ha insistido el ministro. “No se puede criticar algo que defendieron algunos con tanto ahínco“, ha continuado, citando declaraciones en el pasado de dirigentes del PP, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, partidarios de poner fin a la dispersión si ETA desaparecía. “Flaco favor hacen inyectando odio”, ha dicho.

En su intervención inicial ante la Comisión de Interior, Grande-Marlaska ha defendido que los traslados penitenciarios no son propiamente beneficios en lo referente a la progresión de grados.

El PP, sin embargo, ha mantenido la petición de explicaciones al entender que sí ha habido un cambio como “pago por los votos” del PNV y otros partidos nacionalistas para que Pedro Sánchez fuera investido como presidente del Gobierno. “El PP será garantía de que la humillación a las víctimas no se produzca”, ha defendido Marimar Blanco, que ha preguntado al ministro si comparte la tesis del Gobierno vasco de que se deben acercar también a los presos “más duros”.

El PNV ha sostenido que “el primero que utilizó la lucha contra ETA como arma arrojadiza” fue el PP, y que ahora siguen haciendo esto cuando critican el fin de la dispersión o la ley vasca de abusos policiales por las denuncias de torturas en la lucha antiterrorista. “Está clarísimo”, ha dicho el diputado Mikel Legarda, “el Gobierno cambia de política porque ETA ha desaparecido y no va a volver”.

Marian Beitialarrangoitia, diputada de EH Bildu, ha defendido que el cumplimiento de la ley penitenciaria exigiría que más de un centenar de terroristas – “presos vascos”, para ella– deberían ser excarcelados de manera inmediata. Además, ha criticado que se mantenga el primer grado, el más estricto, para la mayoría de presos etarras, comparando esta situación la de Iñaki Urdangarín, clasificado en segundo “en tiempo récord”.

Explicará el cese del jefe de la UCO a puerta cerrada

Marlaska ha anunciado que comparecerá a petición propia en la conocida como Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para explicar el cese del coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), pero lo hará una vez que finalice el plazo legal en el que este mando puede plantear recurso contra su cese.

Sin embargo, el PP consiguió el lunes en la Diputación Permanente, con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Unidos Podemos, que se incluyera un tercer punto en el orden del día de la Comisión de Interior para que Grande-Marlaska explicara el cese el 2 de agosto del coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la UCO debido a la “pérdida de confianza” del equipo de Interior.

El PNV y el resto de partidos nacionalistas no respaldaron la iniciativa y el PSOE propuso que las explicaciones se dieran en la Comisión de Secretos Oficiales, recordando, además, que el mando policial aún puede interponer un recurso que tendría que resolver el ministro del Interior. El relevo en la UCO se adoptó tras trascender una orden interna en la que Sánchez Corbí interrumpía las actividades con cargo a fondos reservados por falta de disponibilidad.

Grande-Marlaska no quiere anticipar opiniones hasta que se resuelva ese hipotético recurso, ya que tiene el deber de mantenerse neutral: “Este ministro es el competente para salvaguardar la imparcialidad”, ha alegado Grande-Marlaska para recordar que Sánchez Corbí está en plazo para presentar recurso contra su cese.

Eso sí, ha anunciado que no pedirá su comparecencia ante la Comisión de Interior, sino ante la de Gastos Reservados, la que controla el CNI, cuyas reuniones son a puerta cerrada y de la que sólo forman parte un diputado por cada grupo parlamentaroios (el portavoz).

El lunes, PP y Ciudadanos defendieron la necesidad de que Grande-Marlaska ofreciera esas explicaciones públicas en el Congreso por la destitución “arbitraria, injustificada y comunicada por teléfono” del coronel jefe de la UCO.

Ambos partidos ensalzaron a Sánchez Corbí por ser “un funcionario público con reconocimiento nacional e internacional” por su lucha contra la corrupción y el crimen organizado y, en el pasado, contra la organización terrorista ETA.