Una plataforma de abogados se querellará por prevaricación contra el juez belga si admite la demanda contra Llarena

La plataforma de juristas Movimiento24DOS, presidida por el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha Nicolás González Cuellar, ha anunciado que presentará una querella por prevaricación y usurpación de funciones públicas ante los tribunales españoles contra el juez belga al que ha correspondido la demanda civil contra el instructor de la del 'procés', Pablo Llarena, si no la inadmite de plano.

Este grupo, en cuya junta directiva figuran letrados de la talla del exmagistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego y el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, considera que la demanda presentada contra el magistrado del Tribunal Supremo español por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros es “fraudulenta” y supone un “injustificado ataque a la integridad y dignidad de la jurisdicción española” por parte de los “golpistas”.

Así, y en el caso de que dicha demanda no sea inadmitida de plano de inmediato, la plataforma anuncia que presentará una querella criminal por prevaricación y usurpación de funciones públicas, ya que consideran que el juez belga se atribuye una jurisdicción de la que carece. Para ello se personarán ante el tribunal español competente “en ejercicio de la acción popular”, según indican en el comunicado .

El anuncio de la querella va en la línea de lo manifestado este lunes por el Presidente el PP, Pablo Casado, que pidió a la Fiscalía General del Estado que estudie si cabe presentar una querella contra el Juzgado belga por “inmiscuirse en la integridad y en la inmunidad de la jurisdicción española”.

Este grupo de abogados se reserva además el ejercicio contra dicho juez de acciones civiles ante los tribunales españoles “por los daños que se ocasionen en el Interés colectivo de la ciudadanía en general y los profesionales en Derecho en particular en el mantenimiento de la independencia de nuestro sistema de justicia“, concluyen.

Una demanda con declaraciones falseadas

La demanda civil que Puigdemont y sus consellers fugados a Bélgica han interpuesto en aquel país contra Llarena gira en torno a unas declaraciones del magistrado que se han falseado en la traducción. El documento sustituye en la traducción del castellano al francés un condicional por una afirmación, que implicaría que el magistrado vulneró su derecho a la presunción de inocencia

Según avanzan este martes El Mundo y El Confidencial, Llarena nunca dijo ante los medios de comunicación que los investigados por el procés fuesen culpables, una supuesta afirmación que motiva la demanda por un delito contra el honor y la reputación impuesta en un juzgado de Bruselas por Puigdemont y el resto de políticos independentistas huidos allí.

El problema estaría, de acuerdo a ambos medios, en la traducción al francés de las citadas declaraciones, pues mientras Llarena habló ante la prensa sobre los delitos que está investigando utilizando el condicional, en el texto francés que los abogados de los consellers la comisión de esos delitos se da por sentada. Se cambia así, el sentido de sus palabras.

“No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”, dijo Llarena a la prensa al término de un curso en Oviedo en el que estaba participando.

Sin embargo, la afirmación que recoge la denuncia es “peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c’est ce qui s’est produit, il faut faire une enquête”, es decir: “Con independencia de cual haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados”, tal y como recoge El Confidencial.

La alteración fue puesta al descubierto por un profesor de francés hispanohablante que alertó en redes sociales de la disonancia entre las declaraciones reales, grabadas en vídeo, y las recogidas en la demanda civil.