El Gobierno rectifica y defenderá a Llarena “hasta las últimas consecuencias”

Tras las críticas este fin de semana de la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, Partido Popular y Ciudadanos, el Gobierno de Pedro Sánchez rectificó y anunció este domingo que asumiría ante la justicia belga la defensa del instructor de la causa del "procés", Pablo Llarena. De esta forma el Ejecutivo da un giro de 180 grados sobre su posición en este asunto, después de que el jueves la ministra de Justicia, Dolores Delgado, asegurara que el Estado no protegería "en ningún caso" al magistrado del Tribunal Supremo "de los actos privados que se le atribuyen". Un cambio de posición que ha negado este lunes la propia ministra de Justicia.

Delgado ha dejado este lunes claro que el Gobierno defenderá en Bélgica hasta las últimas consecuencias la integridad jurisdiccional y los intereses de España, que pasa también por “defender la actuación jurisdiccional” de Llarena.

La ministra, tras las críticas recibidas desde la oposición política y desde la mayor parte de asociaciones de jueces y fiscales, ha defendido en una entrevista en Radio Nacional los pasos dados por el Ejecutivo y ha negado que se haya producido ningún cambio en su posición. La ministra intentado explicar que desde que el CGPJ pidió al Gobierno que actuara para mantener la integridad e impunidad jurisdiccional de España, “inmediatamente” se pusieron a trabajar sobre esa demanda civil contra el honor de Llarena, pero “con un trasfondo que puede afectar a nuestra jurisdicción”.

Su departamento ultima la contratación de un despacho de abogados belga ante la demanda civil que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers han interpuesto en Bélgica contra Llarena, que instruye la causa del “procés”.

El magistrado está citado el próximo 4 de septiembre, pero, al tratarse de una demanda civil, no tendrá que presentarse y podrá ser representado por la defensa que contrate el Ejecutivo cuando reciba el visto bueno de la Intervención General del Estado.

 

A juicio de la mayor parte de las asociaciones de jueces, la posición del Ejecutivo supone una “rectificación” de la postura mantenida por Justicia hace unos días, cuando explicó que solo se personaría si el juez belga cuestionaba la instrucción del “procés” pero “en ningún caso” por manifestaciones de carácter privado del juez Llarena. No interpreta lo mismo la ministra, que ha intentado explicar que desde que el CGPJ pidió al Gobierno que actuara para mantener la integridad e impunidad jurisdiccional de España, “inmediatamente” se pusieron a trabajar sobre esa demanda civil contra el honor de Llarena, pero “con un trasfondo que puede afectar a nuestra jurisdicción”.

En cualquier caso, el presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, ha celebrado que “se haya impuesto la sensatez y el interés de España”, en tanto que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) aprecian “un evidente” cambio de postura y lo achacan al malestar reinante entre gran parte de la judicatura. Solo Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha respaldado que no hay cambio de estrategia, pero ha lamentado la ambigüedad con la que el Ministerio de Justicia planteó una distinción entre la actuación privada del juez y su función jurisdiccional.

La oposición critica los ‘bandazos’ de Sánchez

El presidente del PP, Pablo Casado, reprochó al Gobierno que dé “bandazos” en asuntos como inmigración, economía y ahora justicia, en alusión a la decisión de contratar un bufete belga para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada contra Llarena. “Siguen los bandazos del Gobierno. Primero nos insultan por criticar su incompetencia y luego dan marcha atrás y hacen lo que reclamábamos. Inmigración, economía… y ahora Justicia. El PP lleva la iniciativa y la izquierda solo acierta cuando rectifica”, ha escrito Casado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El PP ha optado por pedir la comparecencia de la ministra en el Congreso para que “fije definitivamente” su posición, aunque también ha reclamado que se estudie la presentación de una querella contra el juzgado belga por “inmiscuirse en la inmunidad y la integridad de la jurisdicción española”.

Además, el Grupo Parlamentario Popular registró este lunes en el Senado una moción, para su debate y aprobación en la Comisión de Justicia, en la que exige al Gobierno que defiende “sin reservas” a Llarena “y a la soberanía española”. Según aseguró el portavoz del GPP en el Senado, Ignacio Cosidó, el juez Llarena “siempre ha defendido la Constitución y al Estado español pese a las duras críticas de los secesionistas, adoptando una postura implacable contra el independentismo para frenar la mayor amenaza a la estabilidad de España en las últimas décadas”.

Ciudadanos, por su parte, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que pide a la Cámara que apoye “sin fisuras” la labor de jueces y fiscales, y reclama expresamente al Gobierno que preste “todo su apoyo y asistencia” al juez del Supremo Pablo Llarena, según ha comunicado su presidente, Albert Rivera.

Pero las declaraciones de la ministra tampoco han gustado a los partidos soberanistas catalanes, que entienden que el Ejecutivo se ha “amedrentado ante la derecha judicial y política”, en palabras de Carles Campuzano (PDeCAT), o muestran la “poca valentía” del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, según Gabriel Rufián (ERC).

 

La demanda de Puigdemont contra Llarena

“Desde hace bastantes años, los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia de su región sufren en España violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales”. Así empieza la demanda civil presentada por el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bélgica contra Llarena, por la que el magistrado deberá comparecer el día 4 de septiembre.

La demanda se centra en presentar a España como un “Estado delincuente”, al nivel de “Kazajistán”, donde la independencia judicial es inexistente. “ España está al lado de Kazajistán, entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales”, señala.

Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos consideran que la Justicia española “ha sido incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial” y que por ello vulnera la presunción de inocencia. Denuncian que Llarena “ha dictado múltiples decisiones que han demostrado claramente su falta de parcialidad”. Para ello se apoyan en una declaración del magistrado en la que negó la existencia de presos políticos en España en una actividad organizada por el fabricante alemán BMW.

En dicho acto, el juez Llarena dijo lo siguiente: “Un delito político (sic.) son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política, son perseguidos. No es el caso que estamos llevando en el Supremo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que ha sido así, deben ser investigados. Restringir la libertad de una persona sin que se haya declarado aún culpable, en la eventualidad que ello se produzca, y exclusivamente durante el tiempo que lleva la investigación, debe restringirse lo máximo posible. Por esto la decisión es tratar de terminar la investigación cuanto antes y regularizar la situación de los investigados en su propio interés y en el interés de toda la opinión pública y de la ciudadanía española”. Unas declaraciones que los denunciantes tildan de “personales” y que están “al margen de su actividad judicial”.

“El comportamiento de Llarena expresa lo que ya fue denunciado respecto a los oponentes políticos vascos: el sistema judicial español es incapaz de tratar a los opositores independentistas respetando los derechos fundamentales tal y como lo garantiza el Tratado sobre la UE y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”, señala la demanda.

Por último, el texto subraya que los motivos de Llarena demuestran que “la respuesta penal del Estado español tiene como única intención el ser extinguida o mitigada respecto a los responsables catalanes si estos renuncian a su proyecto político independentista”.

 

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