El Juez Llarena no comparecerá ante la Justicia belga por la denuncia de Puigdemont

El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés', Pablo Llarena, no acudirá el próximo 4 de septiembre a la citación que le ha realizado un juez belga por los procesados huidos, según informa la Cadena SER tras consultar fuentes del entorno del juez. 

Según estas fuentes, en una demanda civil la comparecencia ante el tribunal es una carga procesal y no un deber jurídico, a diferencia de la acción penal. Una demanda que el entorno del instructor ve “inviable”.

La demanda del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros huidos a Bélgica -Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig- y a Escocia -Clara Ponsatí- se centra en presentar a España como un “Estado delincuente”, al nivel de “Kazajistán”, donde la independencia judicial es inexistente. “España está al lado de Kazajistán, entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales”, señala.

Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos consideran que la Justicia española “ha sido incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial” y que por ello vulnera la presunción de inocencia.

Denuncian que Llarena “ha dictado múltiples decisiones que han demostrado claramente su falta de parcialidad”. Para ello se apoyan en una declaración del magistrado en la que negó la existencia de presos políticos en España en una actividad organizada por el fabricante alemán BMW.

En dicho acto, el juez Llarena dijo lo siguiente: “Un delito político (sic.) son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política, son perseguidos. No es el caso que estamos llevando en el Supremo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que ha sido así, deben ser investigados. Restringir la libertad de una persona sin que se haya declarado aún culpable, en la eventualidad que ello se produzca, y exclusivamente durante el tiempo que lleva la investigación, debe restringirse lo máximo posible. Por esto la decisión es tratar de terminar la investigación cuanto antes y regularizar la situación de los investigados en su propio interés y en el interés de toda la opinión pública y de la ciudadanía española”. Unas declaraciones que los denunciantes tildan de “personales” y que están “al margen de su actividad judicial”.

“El comportamiento de Llarena expresa lo que ya fue denunciado respecto a los oponentes políticos vascos: el sistema judicial español es incapaz de tratar a los opositores independentistas respetando los derechos fundamentales tal y como lo garantiza el Tratado sobre la UE y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”, señala la demanda.

Por último, el texto subraya que los motivos de Llarena demuestran que “la respuesta penal del Estado español tiene como única intención el ser extinguida o mitigada respecto a los responsables catalanes si estos renuncian a su proyecto político independentista”.

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