La demanda contra Llarena: “España es un Estado delincuente, como Kazajistán”

"Desde hace bastantes años, los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia de su región sufren en España violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales". Así empieza la demanda civil presentada por el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, por la que el magistrado deberá comparecer el día 4 de septiembre. El Gobierno ha rechazado defender a Llarena en Bélgica al considerar que la demanda no cuestiona al Estado ni a la Justicia españolas, sino que se trata de un “asunto privado” del juez.

La demanda se centra en presentar a España como un “Estado delincuente”, al nivel de “Kazajistán”, donde la independencia judicial es inexistente. “ España está al lado de Kazajistán, entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales”, señala.

Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos consideran que la Justicia española “ha sido incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial” y que por ello vulnera la presunción de inocencia.

Denuncian que Llarena “ha dictado múltiples decisiones que han demostrado claramente su falta de parcialidad”. Para ello se apoyan en una declaración del magistrado en la que negó la existencia de presos políticos en España en una actividad organizada por el fabricante alemán BMW.

En dicho acto, el juez Llarena dijo lo siguiente: “Un delito político (sic.) son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política, son perseguidos. No es el caso que estamos llevando en el Supremo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que ha sido así, deben ser investigados. Restringir la libertad de una persona sin que se haya declarado aún culpable, en la eventualidad que ello se produzca, y exclusivamente durante el tiempo que lleva la investigación, debe restringirse lo máximo posible. Por esto la decisión es tratar de terminar la investigación cuanto antes y regularizar la situación de los investigados en su propio interés y en el interés de toda la opinión pública y de la ciudadanía española”. Unas declaraciones que los denunciantes tildan de “personales” y que están “al margen de su actividad judicial”.

“El comportamiento de Llarena expresa lo que ya fue denunciado respecto a los oponentes políticos vascos: el sistema judicial español es incapaz de tratar a los opositores independentistas respetando los derechos fundamentales tal y como lo garantiza el Tratado sobre la UE y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”, señala la demanda.

Por último, el texto subraya que los motivos de Llarena demuestran que “la respuesta penal del Estado español tiene como única intención el ser extinguida o mitigada respecto a los responsables catalanes si estos renuncian a su proyecto político independentista”.

El Gobierno ha atendido todas las indicaciones del CGPJ

Por su parte, el Gobierno español ha asegurado este domingo que “hace días” que ha puesto en marcha todos los mecanismos necesarios para la defensa de la soberanía jurisdiccional española en la que está inmerso Llarena, y afirma que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para defenderle.

Ante la demanda presentada contra el juez, el magistrado solicitó amparo al CGPJ que, por decisión de la Comisión Permanente, resolvió trasladar al Gobierno el pasado día 21 de agosto su petición para la adopción de “las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.

“El Ejecutivo ha atendido todas las indicaciones del CGPJ hasta este momento, defendiendo los intereses de nuestro país en base a criterios jurídicos de nuestro ordenamiento interno, así como del derecho europeo, y garantiza que atenderá las peticiones de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española que, en el futuro, pueda realizar el Poder Judicial, de acuerdo con la legislación vigente”, se ha defendido el Gobierno ante las acusaciones del PP y Cs de no amparar al juez en el procedimiento judicial y de no dar cumplimiento a las medidas solicitadas por el CGPJ.

Así, el Ejecutivo asegura que “de manera inmediata”, al tratarse de un caso conducido por los tribunales ordinarios belgas, el ministerio de Justicia puso dicha petición en manos de la Abogacía del Estado, para poder contratar los servicios de un despacho de abogados que represente a España ante los tribunales de Bélgica. Al respecto, el ministerio de Justicia espera que “en breve” culminen los trámites para la contratación del despacho de abogados en este país “en defensa de los intereses de España”.

“El Gobierno ha dado desde el principio una respuesta positiva y ha actuado con total diligencia en este asunto en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente”, ha concluido el Ejecutivo.

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