Se cumple un año del éxodo rohinyá a Bangladesh

Un año después del éxodo de 700.000 rohinyá a Bangladesh, Birmania sigue sin ofrecer las condiciones de seguridad necesarias para su regreso al oeste de Myanmar

El comienzo del éxodo de 700.000 miembros de la minoría rohinyá a Bangladesh cumple este sábado un año sin que se den las condiciones de seguridad y acogimiento para su regreso al oeste de Birmania (Myanmar).

Las autoridades birmanas no han organizado ningún acto oficial para recordar esta crisis humanitaria provocada por una operación militar en respuesta al ataque de militantes rohinyás a un treintena de puestos policiales en el estado Rakáin el 25 de agosto de 2017.

Los soldados han sido acusados de cometer asesinatos, violaciones y quemar casas en una operación de “limpieza étnica”, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero el Ejército y el Gobierno birmano niegan cualquier abuso contra esta comunidad de mayoría musulmana.

La autoridades insisten en que el problema principal es el riesgo de “terrorismo” debido al grupo armado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA), responsable de sendos ataques en 2016 y 2017 en el norte de Rakáin (antiguo Arakan).

En un comunicado, ARSA afirmó este sábado su intención de continuar con la lucha para permitir el regreso de los rohinyás a Rakáin y acusó a las autoridades birmanas de buscar la destrucción de su pueblo.

Tenemos el derecho legítimo bajo las leyes internacionales a defendernos en conformidad con el principio de autodefensa”, subraya la nota del grupo guerrillero colgada en Twitter y donde niega las acusaciones de asesinato de decenas de hindúes supuestamente comedidos en agosto del año pasado

Muchos birmanos budistas banalizan los estragos sufridos por los rohinyás, como las violaciones y asesinatos de menores que han denunciado decenas de refugiados, y culpan de la situación a ARSA, al tiempo en que insisten en que los rohinyás son “extranjeros bengalíes”.

 

Las autoridades birmanas, incluido el actual Ejecutivo de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, han negado durante décadas la ciudadanía a los rohinyás, que viven en una especie de “apartheid” sin libertad de movimiento en Rakáin.

El rechazo a los rohinyás proviene sobre todo de sectores ultranacionalistas budistas que ven a los musulmanes como una amenaza, a pesar de representar solo entre el 4 y el 10 por ciento -según diferentes estimaciones- de la población del país.

Desde una aldea en Rakáin, un musulmán rohinyá explicó a través de una red social que la situación está “en calma” pero hay una gran presencia de policía de fronteras y soldados en la zona.

El rohinyá, que no reveló su nombre por miedo a que se tomen represalias en su contra, no tiene libertad de movimiento y vive estrechamente vigilado, como el resto de los miembros de su comunidad.

“Si somos bengalíes, ¿por qué el Gobierno de Myanmar está llamando a esos ‘bengalíes’ a que vuelvan de Bangladesh?”, se pregunta el musulmán, que insta a las autoridades a iniciar un diálogo abierto con la ONU y otras instituciones para abordar la crisis.

En su opinión, los rohinyás, término al que se oponen las autoridades, son indígenas de Rakáin y por eso merecen la nacionalidad.

Las autoridades birmanas aseguran que están listas para recibir a los refugiados rohinyás y a iniciar un proceso de verificación de su estatus legal, para lo que han construido instalaciones de recepción y casas cerca de la frontera.

Sin embargo, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no cree que las circunstancias actuales sean propicias para que el retorno se pueda producir de manera “segura, digna y voluntaria”.

Aunque Birmania permite el acceso limitado de periodistas y funcionarios de la ONU, muchas zonas de Rakáin donde se cometieron supuestamente graves violaciones de los derechos humanos contra los rohinyás siguen fuera del escrutinio de la comunidad internacional.