El Gobierno defiende la devolución de los 116 migrantes: “Es inaceptable la violencia que emplearon”

Carmen Calvo subraya que la situación de los que "asaltan" la valla es "completamente distinta" a los que llegan por mar

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha defendido este viernes la devolución a Marruecos de los 116 migrantes subsaharianos que “entraron de manera irregular y agresiva” tras lograr saltar la valla de Ceuta, alegando que es “inaceptable” la violencia que estos emplearon contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado encargados del control fronterizo en la zona.

Lo del otro día de Ceuta es inaceptable. Las condiciones de violencia y el riesgo para los Cuerpos y Fuerzas se Seguridad del Estado es inaceptable“, ha señalado Calvo en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Según la ‘número dos’ del Ejecutivo, “dentro de la política migratoria de la Unión Europea” se ha procedido a “activar” un acuerdo bilateral firmado con Marruecos en el año 1992 “para no consentir de ninguna manera la inseguridad de las fronteras” ni “el riesgo” de los agentes que están allí. Se trata de un pacto de readmisión de extranjeros que permite que se proceda a la devolución de las personas que entran de manera irregular a territorio español a través de las fronteras con Marruecos.

Calvo ha hecho hincapié en los “hechos violentos” que acontecieron el pasado miércoles en Ceuta durante el salto a la valla. “Se lanzaron sustancias que han provocado lesiones a algunos miembros de la Guardia Civil”, ha dicho, en referencia los utensilios utilizados por los migrantes para poder ejecutar el salto y evitar a los agentes que custodian el vallado, a los que ha agradecido su profesionalidad

“No lo vamos a consentir”

Según la Guardia Civil, los migrantes lanzaron contra los agentes “excrementos, cal vida y ácidos“, entre otros elementos, y siete de ellos resultaron heridos. “Es una situación que no vamos a consentir”, ha recalcado Calvo.

La vicepresidenta ha subrayado que la situación legal de estos migrantes que “asaltan” la valla fronteriza es “completamente distinta” a las de las personas que son rescatadas en el mar en el marco de una acción humanitaria. En este sentido, ha incidido en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha “dado pruebas suficientes” de su compromiso con los derechos humanos y con la seguridad en las fronteras.

Asimismo, ha apuntado que la política migratoria del Gobierno se hace en cumplimiento “estricto” de la legislación internacional y nacional y del compromiso de dar “una respuesta segura y humanitaria”, siempre desde el respeto a los derechos humanos y seguridad de las fronteras. “No hemos variado ni un solo ápice en cada circunstancia distinta de las llegadas al país“, ha dicho.

Respecto a los 116 migrantes que fueron expulsados a Marruecos, la vicepresidenta ha afirmado que “han sido atendidas jurídicamente una a una, con todas las garantías propias de un Estado de Derecho”. Según ha manifestado, a todos se les informó de sus derechos y tuvieron un procedimiento de identificación “particularizado”. Por otro lado, ha declarado que los dos menores extranjeros no acompañados que saltaron están en España y recibirán la atención que “corresponde”.

Calvo ha confirmado que, según le consta al Gobierno, “ninguno de ellos” pidió asilo en España. “Nos hemos movido estrictamente en el marco de la legalidad internacional“, ha defendido, para después reivindicar el acuerdo bilateral con Marruecos. “Lo hemos activado en esta oportunidad”, ha afirmado, recalcando las “buenas relaciones” actuales con el país vecino Marruecos y aseverando que ha sido utilizado “en otras ocasiones”.

Las ONG denuncian la “deportación exprés”

Diversas ONG han arremetido este viernes contra la decisión del Gobierno de devolver a Marruecos los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta porque sospechan de que la celeridad con que se hizo, en apenas 24 horas, impidió que se cumplieran las garantías y derechos de estas personas.

Es el caso de Save the Children, que en un comunicado ha mostrado “sus dudas” de que se hayan podido identificar a menores de edad en un plazo de tiempo tan breve y con un número tan elevado de personas implicadas. “Lo sucedido ayer no responde a una política centrada en los derechos humanos y la defensa de la infancia”, ha advertido el director general, Andrés Conde, a quien le “cuesta creer” que se haya garantizado el derecho de las personas migrantes a ser escuchados “en un proceso hecho con tal celeridad”.

Organizaciones como la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado también desconfía de que se respetaran las garantías básicas de los inmigrantes y por ello ha denunciado ante el Defensor del Pueblo su “deportación exprés”. “El acuerdo de 1992 no permite que se impida el cumplimiento de la legislación española y nos preocupa que lo que no hizo ningún gobierno anterior se haya adoptado ahora”, ha resaltado.

También el director y fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha reprobado la actuación del Ejecutivo: “Lo más grave de hacer las devoluciones ‘en caliente’ es que si son capaces de hacer esto con el foco mediático, imagina lo que hacen en medio del mar, que todavía es peor”, ha remarcado.

Otro medio centenar de organizaciones, como Cáritas, Red Acoge, Red Española de Inmigración o el Servicio Jesuita a Migrantes, han suscrito un manifiesto en el que censuran estas “devoluciones en caliente en diferido” con las que el Gobierno ha desvelado cuál es su verdadera política migratoria. Y le han instado no solo a informar de la “contraprestación” económica que ha recibido Marruecos, sino a detallar el número de abogados de oficio, intérpretes y funcionarios policiales que han actuado y las actividades que se han llevado a cabo para identificar a personas vulnerables o el listado de nacionalidades de las personas devueltas, entre otras cuestiones.

Estas ONG se suman así a las críticas que el jueves vertieron la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha expresado “su enorme preocupación ante este cambio de estrategia del Gobierno “pese a que “trate de justificarlo en el marco del acuerdo con Marruecos”. CEAR considera que “este cambio de políticas pone en marcha ‘procedimientos acelerados’ en poco más de 24 horas que impiden la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional”, ha subrayado.

Amnistía Internacional fue más allá y exigió al Ejecutivo a paralizar las expulsiones exprés que se están produciendo desde España hacia Marruecos al considerar que pueden suponer “una violación de derechos humanos de las personas migrantes y posibles solicitantes de asilo”.

UGT se ha sumado a la “preocupación y dudas” vertidas por las organizaciones humanitarias por la “celeridad en la sustanciación de los trámites” que ha tachado de “inusual” y que por ello considera que debe explicar Interior. Por último, CCOO ha urgido la eliminación “inmediata” de las “devoluciones ilegales” en Ceuta y Melilla y también de las concertinas. “Es urgente el diseño de un plan de choque nacional y europeo de consenso con las fuerzas políticas y sociales, en un proceso abierto de diálogo social que consensúe todas las acciones de acogimiento y recepción de las personas migrantes”, ha concluido.