El Gobierno arranca el curso político con la exhumación de Franco y aplaza la senda de déficit

La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, mediante un decreto ley, que modifica la Ley de Memoria Histórica. Este será el principal asunto que abordará el primer Consejo de Ministros tras el parón estival después de renunciar a aprobar este viernes como estaba previsto los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2019-2021. Dos medidas no exentas de polémica, la primera, según sus detractores, PP y Ciudadanos (Cs), por la fórmula elegida y la segunda tras conocerse el pacto entre el Gobierno y Podemos para sortear el veto de la mayoría absoluta del PP en el Senado al techo de gasto.

GRA379. Valle De Los Caidos (Madrid). 11/05/2017,- Fotografía de archivo, tomada el 03/12/2011, del interior de la basílica del Valle de los Caídos. El Parlamento español pidió hoy al Gobierno que impulse la aplicación de la denominada "ley de memoria histórica" (2007) para resarcir a las víctimas del franquismo y se proceda a exhumar los restos del dictador Francisco Franco y trasladarlos fuera del monumento del Valle de los Caídos. EFE/ARCHIVO/Javier Lizon

GRA379. Valle De Los Caidos (Madrid). 11/05/2017,- Fotografía de archivo, tomada el 03/12/2011, del interior de la basílica del Valle de los Caídos. El Parlamento español pidió hoy al Gobierno que impulse la aplicación de la denominada “ley de memoria histórica” (2007) para resarcir a las víctimas del franquismo y se proceda a exhumar los restos del dictador Francisco Franco y trasladarlos fuera del monumento del Valle de los Caídos. EFE/ARCHIVO/Javier Lizon

Los grupos parlamentarios, la Fundación Nacional Francisco Franco y la familia del dictador están pendientes del mecanismo legal que este viernes decida el Consejo de Ministros para blindar su decisión para la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. Previsiblemente, la fórmula será el decreto ley, lo que es rechazado por el PP y Ciudadanos, que dudan de la urgencia de tener que hacerlo de esta forma, y lo es también por la familia y por la Fundación, que mantienen que debe permanecer en la tumba actual. En cualquier caso el voto de ambas formaciones no es necesario para que salga adelante si cuenta con el del resto de los grupos parlamentarios.

El decreto ley deberá ser convalidado por el Congreso, donde el Gobierno espera poder sacarlo adelante sin problemas, ya que el 11 de mayo de 2017 se ratificó una resolución que instaba al Ejecutivo a exhumar los restos del dictador, con 198 votos a favor y sin que se registrara ningún voto en contra. Aquella proposición no de ley, presentada por el PSOE, contó con el apoyo de Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP y ERC.

El ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, ha considerado que tanto el PP como Ciudadanos utilizan el decreto ley como “excusa” para oponerse a la exhumación. Guirao se ha mostrado sorprendido por “la diferencia entre la votación del año pasado, cuando el PP se abstuvo, pero nadie votó en contra, y la reacción de ahora”.

Pablo Casado, presidente del PP, ha criticado la “irresponsabilidad” del Gobierno por “reabrir heridas superadas” en la Transición con este asunto solo para “ocultar su incapacidad para gobernar”. El miércoles, los populares ya anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional porque el decreto ley está reservado solo para cuestiones de urgente necesidad, mientras que en este caso se intenta “reabrir lo que el consenso constitucional cerró hace 40 años”, según aseguró el secretario general del partido, Teodoro García.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha reprochado a Sánchez que no haya buscado el consenso para desenterrar los restos ni intentar pactar con su formación la fórmula legal, por lo que será “muy difícil” que apoyen la convalidación del decreto, aunque esperarán a conocer el texto definitivo. Ciudadanos ya había anunciado el miércoles que no apoyaría la convalidación del citado decreto y su voto será la abstención si, como todo parece apuntar, la propuesta del Gobierno sólo es para exhumar a Franco y mediante decreto ley “como si fuera una urgencia”, lo que no ven justificado “después de 40 años”.

Por su parte, Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, ha lamentado que PP y Cs pongan “excusas absurdas” a la exhumación y ha señalado que se trata de una estrategia para atraer “el voto de gente afín a la dictadura”.

En el mismo sentido, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha afirmado que al PP “no le molestan los reales decretos, sino que le molesta sacar al dictador” del Valle de los Caídos y “no lo quieren decir abiertamente”.

El PNV ya anunció el miércoles el apoyo de su grupo porque “ya era hora” de tomar esta medida. Mientras el Gobierno de Sánchez ha asegurado que dará prioridad a la anulación de las sentencias franquistas para asegurarse el apoyo de ERC y PDeCAT.

El polémico pacto entre Podemos y Hacienda

Por otro lado, el Gobierno ha decidido dejar en suspenso la aprobación de la senda de déficit y de deuda para el período 2019-2021 y el límite de gasto no financiero para los Presupuestos de 2019, que fue rechazada por el Congreso en julio, hasta concretar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que acabará con la capacidad de veto del Senado a los objetivos de déficit.

Según han informado fuentes del Ministerio de Hacienda, el Gobierno no aprobará la senda de déficit pese a haber aprobado este mismo miércoles con las comunidades autónomas los objetivos contenidos en la senda para estas administraciones.

El Gobierno debía aprobar de nuevo esta senda tras el rechazo del Congreso a los objetivos propuestos el Ejecutivo el pasado mes de julio. Entonces, únicamente PSOE y PNV apoyaron la senda de estabilidad presupuestaria, votos suficientes frente al rechazo de PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. En virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno cuenta con un plazo de un mes, que vence el 27 de agosto, para volver a aprobar unos nuevos objetivos y remitirlos a las Cortes Generales, donde debían ser refrenados tanto por el Congreso como el Senado.

Precisamente, para acabar con el poder de veto del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, el Gobierno llegó este miércoles a un pacto con Podemos para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El acuerdo, alcanzado en una reunión de negociación a última hora del miércoles encabezada por la ministra María Jesús Montero y Echenique, implica la eliminación del artículo 15 de la mencionada ley para que los objetivos de estabilidad presupuestaria solo sean votados por el Congreso, sin pasar después al Senado, de forma que se evite la mayoría absoluta que el PP tiene en la Cámara Alta.

Se elimina así la última palanca de poder que le queda al PP referente a los Presupuestos Generales del Estado, que es la posibilidad de vetar la senda de déficit (…) con una mayoría absoluta espuria que no se corresponde con la fuerza electoral del PP“, afirmó el propio Echenique en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras la reunión con el Gobierno. Echenique explicó que la reforma se hará lo antes posible porque tiene que ser anterior a la llegada de nuevo al Congreso de la senda de estabilidad para el periodo 2019-2021 que el Gobierno tiene previsto aprobar otra vez en el Consejo de Ministros del viernes.

La derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria era uno de los requisitos planteados por Unidos Podemos al Ejecutivo a cambio de su apoyo a la senda de estabilidad 2019-2021, algo a lo que se negó el Gobierno porque lo entendía como una ruptura con Bruselas. Finalmente se ha optado por una reforma parcial después de que en los últimos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, hayan estado hablando de este asunto, según ha confirmado Podemos.

Tras conocerse este pacto, el PP ya ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que pretenden aprobar PSOE y Unidos Podemos para quitarle su capacidad de veto en el Senado al techo de gasto. Así lo ha expresado en declaraciones en Antena 3 el portavoz del grupo parlamentario del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, quien ha asegurado que su formación “se opondrá con toda la capacidad parlamentaria” al pacto entre el Gobierno y Podemos, pues cree que “está en juego la calidad democrática”.

Cosidó ha lamentado el acuerdo entre la formación ‘morada’ y el Gobierno porque considera que “supone limitar la capacidad del Parlamento para controlar la acción del poder ejecutivo”. “Lo que diferencia a las democracias parlamentarias de los regímenes autoritarios es el papel del Parlamento y tenemos un Gobierno que actúa a base de orillar la legitimidad democrática que reside en el Parlamento en sus dos Cámaras”, ha subrayado Cosidó.

Con todo, ha anunciado que desde el PP se opondrán a ese pacto con “toda la intensidad” y ha explicado que lo harán presumiblemente buscando la alianza de los partidos “que defienden una democracia parlamentaria” o a través de recursos ante el Tribunal Constitucional porque, en su opinión, “está en juego la calidad democrática”. “Por ahí no vamos a pasar”, ha zanjado”.

Asimismo, ha exigido al Gobierno que “no deje la política económica en manos de Podemos” porque considera que eso supone “volver a la senda segura de una regresión democrática y de una crisis económica de consecuencias impredecibles”.

En el mismo sentido, el presidente del PP, Pablo Casado, pidió este jueves al Gobierno que “deje de ser rehén de las políticas fracasadas de la izquierda radical” que defiende Podemos y acusó a ambos de querer “cargarse” la separación de poderes en España con “filibusterismo parlamentario”. En declaraciones a la prensa durante la visita que realizó a Mahón (Menorca), Casado acusó al Gobierno de ponerse “en manos” de Podemos y apostar por “aumentar el despilfarro” público, lo que en su opinión acabará elevando el paro. “El Partido Socialista pone la economía en manos de aquellos que destrozaron la economía, por ejemplo, asesorando a Venezuela o apoyando las medidas en Grecia”, afirmó el dirigente, quien apuntó que el PP votará de nuevo contra el techo de gasto y la senda de déficit por “irresponsable, insolidaria e innecesaria”.

Por su parte, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha considerado en una entrevista en la Cadena SER que el acuerdo entre Hacienda y Podemos para la eliminación del veto en el Senado a la senda de déficit revela que “quien gobierna España es Pablo Iglesias“. “Es una prueba de que gobierna Pablo Iglesias. Quien sí tiene un proyecto político y tiene claro lo que hacer con España es el señor Iglesias, que es quien de verdad está gobernando este país”, ha declarado. Para García Egea, este acuerdo se trata de “una muestra más de lo que quería Iglesias; unos presupuestos que subieran los impuestos y permitieran a aquellos que gobiernan en coalición con Podemos y PSOE seguir gastando por encima de sus posibilidades” para a futuro tener que realizar “nuevos ajustes, como se ha visto en el pasado”.

El secretario general del grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha tachado el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y Podemos para la eliminación del veto en el Senado a la senda del déficit como “un atentado a la democracia”. “Si se quiere cambiar la ley, si el señor Sánchez no está cómodo con las mayorías en el Congreso y en el Senado, lo que tiene que hacer es convocar elecciones”, ha asegurado Gutiérrez. “Lo que no puede hacer”, ha indicado, es cambiar las leyes mediante “decretazos”. “Esto es un atentado a la democracia”, ha apostillado. A su juicio, este pacto solo va a servir para “subir los impuestos” a los ciudadanos y “volver a meterles la mano en el bolsillo” y que es síntoma de la “debilidad” del Gobierno y de la necesidad que tiene el Ejecutivo de pagar las “hipotecas” de los apoyos en la moción de censura.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha avalado este jueves que se modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria mediante decreto ley que el Congreso convalide posteriormente. No obstante, ha condicionado el apoyo de su grupo a la senda de déficit pactada por el Ejecutivo de Sánchez y Unidos Podemos a la posición que tenga el Govern sobre esta cuestión.

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