Máxima preocupación en la Fiscalía Anticorrupción por los secretos de Villarejo

Los fiscales avisan del riesgo que supone poner en manos de las defensas y de las acusaciones la documentación incautada

Todas las alarmas han saltado tras la intención del juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, de levantar el secreto en la causa sobre Villarejo, en prisión desde el pasado 5 de noviembre. Según señala el diario El País este martes, los fiscales que investigan los negocios ilegales del excomisario avisan del riesgo que entraña este levantamiento para las instituciones y para la propia seguridad del Estado.

Ignacio Stampa y Miguel Serrano alertan en su escrito, al que ha podido acceder El País, de que poner en manos de las defensas y de las acusaciones populares la documentación incautada “derivará sin duda en la frustración de toda la investigación pendiente”. Además, señalan que que el propio acusado y el resto de los investigados podrían abrirla y destruirla.

Los fiscales avisan también de la “posibilidad de vulnerar el derecho a la intimidad de las personas perjudicadas” en las investigaciones ilegales llevadas a cabo por el excomisario.

La actividad de Villarejo, según señalan los fiscales, es un reflejo de la corrupción que “infectó” durante años a un grupo de mandos del cuerpo de Policía Nacional. Mafia, según los acusadores, que se protegió a sí misma “por un alto poder de extorsión derivado del acceso a investigaciones e informaciones sensibles para la seguridad del Estado”.

En su declaración ante el juez el pasado 12 de enero, el propio Villarejo ya manifestó que el material contiene “información sensible”, que afectaría a “la seguridad del Estado, a altas instituciones del Estado o a la intimidad de terceros”. Según los fiscales, estas manifestaciones en la Audiencia y el resto de la “conducta procesal” son la expresión de una “amenaza permanente” de usar su información privilegiada para lograr impunidad. En su última declaración ante el juez, el pasado 2 de agosto, Villarejo dijo que no volvería a declarar en la investigación y solicitó que no se le volviera a trasladar a la Audiencia Nacional para ello.

5,5 millones de euros con sus informes

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea volvió el pasado 13 de agosto a rechazar la puesta el libertad del comisario jubilado José Manuel Villajero, investigado en la Audiencia Nacional por cohecho y revelación de secretos, entre otros delitos, al entender que “siguen concurriendo los presupuestos” legales para mantenerle en prisión preventiva, donde permanece desde el pasado 5 de noviembre. A su socio, el abogado Rafael Redondo, el juez le dio un plazo de siete días para depositar una fianza de un millón de euros que le permita eludir la medida preventiva.

Por otra parte, el juez levantó el secreto sobre tres de las seis piezas de las que se compone la causa, la principal llamada ‘King’, la denominada ‘Pintor’ por la que a principios de agosto fueron detenidos entre otros el empresario Juan Muñoz –esposo de la periodista y productora Ana Rosa Quintana–, y ‘Land’, que investigaba a los dueños de la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) La Finca, Francisco Lorenzo Peñalver y Susana García Cereceda, sobre quienes se ha levantado la imputación.

En relación a Villarejo, el juez argumenta en su auto que se le investiga por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, y blanqueo de capitales (en la causa principal), así como por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.

Añade que, de las indagaciones, resulta que su actuación era principal o medular en el desarrollo de una organización que realizaba informes de consultoría, inteligencia, vigilancia, y recibiendo como contraprestación fondos de los clientes, dinero que pudo tener un recorrido ilícito tras varias operaciones bancarias en Uruguay o Panamá.

Por ello, el juez cree que la prisión incondicional resulta para él “absolutamente proporcionada a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos y a las penas que se pudieran imponer en una eventual sentencia condenatoria”, de modo que no ha disminuido el riesgo de fuga, máxime con los activos patrimoniales de gran valor que tiene en el extranjero.

Según la investigación, las sociedades instrumentales creadas por su mano derecha Redondo ayudaron a canalizar capitales “de presunto origen criminal para realizar inversiones y gasto en España y en el extranjero, y habrían facturado 5,5 millones de euros”.

Para el juez central de Instrucción número 6 el riesgo de fuga en Villarejo no se puede entender disminuido, por el mero hecho de haber transcurrido 9 meses desde su ingreso en prisión provisional. Hay que tener en cuenta la existencia de activos patrimoniales de gran valor económico en el extranjero, así como la existencia de líneas de investigación abiertas “que deben de seguir aseguradas con la medida cautelar de prisión provisional del investigado”. El juez habla asimismo de “incautaciones de material documental e informático en los registros practicados y la pendencia de Comisiones Rogatorias en el extranjero en distintos países”.

A todo ello se une que Villarejo presenta una actuación principal en los hechos que se investigan “tanto por su intervención medular” como a la “intensa repercusión que por su propio liderazgo ha tenido en cada uno de dichos periodos”. En todos ellos, la investigación está acreditando el modo en el que el comisario ahora jubilado realizaba “informes de consultoría, de inteligencia, de vigilancia y recibiendo como contraprestación fondos de los clientes de sumas de dinero”, utilizando para todo ello el Grupo Empresarial CENYT.

Se ha de presuponer, continúa el juez, que los fondos entregados “terminaran su recorrido lícito o ilícito para integrarlo en el circuito económico legal, tras la realización de diversas operaciones bancarias a través de distintos países como las repúblicas de Uruguay y de Panamá, suponiendo con ello la repatriación de los fondos recibidos”.

Así, los hechos investigados podrían ser calificados según el juez, e indiciariamente, de delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales –todos ellos derivados de la causa principal–, a los que tenemos que añadir indicios racionales de la participación del comisario “en nuevas infracciones penales como son el delito de descubrimiento y revelelación de secretos y el delito de extorsión”.

En su escrito de defensa, el abogado de Villarejo aseguraba por contra que no existen razones para mantenerle en prisión, ya que no va a huir porque está “convencido de su inocencia” y añade que sus actividades mercantiles –por las que se le investiga en diferentes piezas del sumario– estaban “autorizadas materialmente por sus superiores” en la Policía.

Sobre Rafael Redondo, el juez De Egea explica que se le investiga como coautor de delitos de blanqueo y pertenencia a organización criminal, y considera que en este momento es proporcional mantener su situación de prisión, pero eludible con fianza de 1 millón de euros.

A este abogado se le investiga como coautor en los delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales desde su puesto de hombre de confianza de Villarejo Es decir, de actuar con herramienta dirigidas a ocultar activos que procederían de actividades ilícitas en el extranjero, así como a mejorar toda la estructura societaria CENYT.

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