Casado amenaza con pedir otro 155 para Cataluña tras el nuevo aviso de Puigdemont a Sánchez

La cita más importante de esta próxima semana es la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat que se celebrará el próximo miércoles en Barcelona, por primera vez en siete años. El Gobierno de Quim Torra no oculta su intención de llevar a la cita los asuntos ‘tabú’ para el Ejecutivo de Pedro Sánchez: el referéndum de autodeterminación y la situación de los presos del ‘procés’. La ministra encargada del diálogo con Cataluña, Meritxell Batet, se muestra dispuesta a escuchar pero, enfrente, Puigdemont vuelve a ejercer de ‘president’ en el exilio torpedeando el acercamiento y Pablo Casado, flamante líder del PP, endurece su postura y baraja pedir de nuevo la aplicación del 155. Es su forma de lanzarse a recuperar el voto del PP que ha ido a parar a Ciudadanos.

Casado ha dicho este domingo en Ávila que le da “igual” cuando se convoquen las próximas Elecciones Generales, porque ha asegurado que su formación “las va a ganar”. El líder del PP ha visitado la circunscripción por la que ha sido elegido diputado desde 2011, iniciando su recorrido junto a la estatua erigida en honor a Adolfo Suárez en la plaza de su mismo nombre, para después asistir a la Junta Directiva Provincial del PP.

Su declaración se ha producido al mismo tiempo que se conocía el sondeo ‘Pulso político y social’ elaborado por Metroscopia para ‘Diario de Sevilla’, del Grupo Joly, a partir de dos encuestas consecutivas realizadas entre los pasados días 16 y 25 de julio, según el cual el PSOE ganaría las elecciones generales, de celebrarse ahora, con un 26,6% de los votos, situándose 2,2 puntos por encima del PP, que se quedaría con el 24,4% de los sufragios. Por detrás de PSOE y PP se situarían, en tercer lugar, Ciudadanos (Cs), al que se le atribuye un 20,1% de intención de voto, y Unidos Podemos, que con un 16,1% de los sufragios sería la cuarta fuerza más votada.

Casado, además, ha incidido en la idea que expuso tras la reunión, la pasada semana, del Comité Ejecutivo Nacional del PP: solicitará la aplicación del artículo 155 de la Constitución si el Gobierno “sigue dando a entender que está negociando o cediendo” con los independentistas. Tanto en su comparecencia posterior a la primera ejecutiva de su mandato como el sábado, en Córdoba, el líder del PP ha querido dejar claro que, con la mayoría del PP en el Senado, su partido solicitaría la intervención de la administración catalana en la cámara alta “si el Gobierno de España sigue prestándose al chantaje de los secesionistas”.

En cuanto a qué entiende Casado por cesión del Ejecutivo central al independentismo, no cabe duda de que se trata de todo aquello que suponga una negociación con el Govern de Quim Torra quien, por otro lado, no ha hecho nada en contra de alimentar el ‘frentismo’ de los partidos, el PP y Ciudadanos, que no quieren ni oír hablar de diálogo bilateral Gobierno-Generalitat.

Entre los 12 puntos del orden del día que se debatirá el próximo miércoles destaca el número seis. En este punto y bajo el epígrafe ‘consideraciones de la Generalitat sobre la situación política en Cataluña’ se señala que se refiere a “materia de derechos y libertades” y a “las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político”. Es decir, se introduce el debate sobre la situación de los políticos presos y la aspiración del independentismo de acordar un referéndum.

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue rechazando la posibilidad de realizar un referéndum de autodeterminación que rebasaría el marco constitucional vigente y deja el tema de los presos a lo que determine la Justicia, la única competente para pronunciarse al respecto. Pero no descarta la posibilidad de llegar a un “acuerdo político” para resolver el problema territorial que se pudiera someter luego a votación. Eso es lo que le ha dicho la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, a ‘La Vanguardia’, en una entrevista en la que establece como objetivo de la comisión bilateral “conseguir un consenso amplio que represente al 80% o al 100% de la voluntad de la sociedad”.

“Nuestro marco constitucional no permite la celebración de un referéndum de autodeterminación”, una “limitación legal evidente y clara”, subraya Batet, que confía en cerrar otro tipo de acuerdos que permitan superar años de distanciamiento. Su declaración al diario catalán, no obstante, ha provocado ya reacciones del constitucionalismo y del independentismo. Desde Ciudadanos, Begoña Villacís, que ejerce de portavoz de guardia, ha pedido a Sánchez que hable “claro”, sea “transparente” y diga a los españoles si el Gobierno pactará un referéndum en la Comisión Bilateral. “¿Qué precio ha costado el alquiler de la Moncloa que tiene Sánchez?”, se ha preguntado. Mientras tanto, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha apostado por la desobediencia si no se arbitra un referéndum pactado.

“Convencido de que ahora más q nunca el Parlamento de Cataluña debería volver a reclamar al Congreso la demanda de celebración de un referéndum acordado que satisfaga a todas las partes. Si no negociaran, si respondieran como en 2014 negando el diálogo, de nuevo la desobediencia”, ha escrito Tardá después de recordar que “nunca podremos aceptar que sólo se puedan preguntar en referéndum las opciones q puedan plantear @PPopular y @psoe y @CiudadanosCs Ya le dijimos a @sanchezcastejon que había que “incluir tus derechos y los nuestros, no sólo los tuyos”.

La comisión bilateral está compuesta en la parte catalana por el ‘conseller’ de Exteriores y Relaciones Institucionales, Ernest Maragall; el ‘vicepresident’ y titular de Economia, Pere Aragonès; la ‘consellera’ de Presidència, Elsa Artadi; la secretaria general de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Mercè Salvat; y el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell. Por el Gobierno, junto a Batet, forman parte de la comisión los secretarios de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; Hacienda, Inés María Bardón; Infraestructuras, Pedro Saura; y Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, además de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.

Esta comisión, según el artículo 183 del Estatuto, constituye el marco general y permanente de relación entre los gobiernos, para, entre otras cuestiones, participar el Govern en el ejercicio de las competencias estatales que le afecten o intercambiar mecanismos de colaboración en las respectivas políticas públicas y los asuntos de interés común. Sus funciones son deliberar, hacer propuestas y, si procede, acordar sobre decisiones del Gobierno que incidan en sus competencias; mejorar la colaboración o seguir la política europea para garantizar la efectividad de la participación de la Generalitat en los asuntos de la Unión Europea.

De hecho, Batet ha asegurado a ‘La Vanguardia’ que de la Comisión Bilateral del próximo miércoles “pueden salir elementos positivos, como dar continuidad a los trabajos en las comisiones mixtas previstas en el mismo Estatut y crear grupos de trabajo para tirar adelante acuerdos que pueden fructificar los próximos meses”, y confía en que futuras comisiones bilaterales “sirvan para cerrar acuerdos”.

Casado y Puigdemont coinciden: fin del ‘periodo de gracia’ para Sánchez

De todas formas, el regreso de Puigdemont al primer plano de la política catalana con la toma de control del PDeCAT no augura nada bueno. El primer aviso al Gobierno se produjo el viernes con la abstención de sus ocho diputados en la votación de la senda de déficit y del techo de gasto sobre los que el Ejecutivo tenía previsto elaborar sus Presupuesto para 2019. Y eso ha sido solo el principio. El sábado, en una comparecencia con Torra y una representación de JxCat que le acompañó en su regreso a Bélgica, el expresidente insistió en un discurso que no pasa precisamente por rebajar sus exigencias.  “Quien tiene deberes es Sánchez, esperamos que a la vuelta haya aprovechado el tiempo”, dijo Puigdemont, que añadió que “no se puede querer los votos para convertirse en presidente y luego no actuar en consecuencia”.

Las palabras de Puigdemont son justo lo que Casado estaba esperando para reiniciar su hostigamiento al Gobierno por sus ‘gestos’ hacia Cataluña. Casado ha defendido este domingo que “se ha acabado el periodo de gracia” con el Ejecutivo central, retomando así la argumentación de Puigdemont. La cuestión es que, a su juicio, esas palabras del expresidente catalán no hacen sino confirmar que había “algo debajo de la mesa” que se desconoce para propiciar el apoyo del PDeCAT a la moción de censura contra Mariano Rajoy, en referencia a “alguna negociación a la que se había pedido un periodo de gracia, pero que ahora hay que cumplir”. Por eso, se ha preguntado por “el coste” de un pacto con los independentistas que a su juicio se “comienza a ver”, tras una moción de censura que ha calificado de “vergonzante”.

El máximo responsable de los populares ha calificado la labor del Ejecutivo central como “un desastre en dos meses” en los que “ha demostrado que no tiene apoyos para gobernar”. Desde su punto de vista, “lo único que quiere” el Gobierno es “tumbar” las reformas del ejecutivo anterior y “reabrir conflictos históricos y morales entre los españoles”, así como “empezar a incumplir compromisos internacionales”, haciendo alusión a la senda de déficit y al techo de gasto. “El PP ya no está en funciones”, ha avisado.

Pablo Casado también ha mostrado su “preocupación” por la política de “papeles para todos”, así como por las políticas encaminadas, a su juicio a “acabar con la -enseñanza- concertada”. En este contexto, Casado ha criticado los “pactos con los independentistas” en cuestiones como el “acercamiento de presos”. Tras realizar este repaso a lo que en su opinión está siendo la política del Gobierno de Pedro Sánchez, ha anunciado que el Partido Popular va a realizar una “oposición muy firme si sigue por este cauce y dando a entender que está negociando o cediendo a los independentistas”.

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