Celáa tacha de “electoralistas y dogmáticos” a los partidos por vetar la senda del déficit y espera que reconsideren su posición

El Gobierno ha intentado contrarrestar el varapalo que le han dado sus socios de Unidos Podemos, al abstenerse en la votación para aprobar el techo del gasto y la flexibilización del déficit público con la comparecencia de tres ministras, Sanidad, Trabajo y Territorio, quienes han presentado en rueda de prensa tres Reales Decretos Ley que se han aprobado en el Consejo de Ministros con un marcado carácter social, pero que necesitarán de recursos para llevarse a cabo. 

Pero primero la ministra portavoz, Isabel Celáa, ha manifestado que “nos parece incomprensible y muy doloroso” para los ciudadanos que no se hayan aprobado el techo del gasto y el incremento del déficit en el Congreso. “Nos preguntamos que explicación puede haber, excepto dogmatismo o cálculo electoralista para no atender las necesidades de los ciudadanos”, ha lamentado.

“¿Cómo el Parlamento puede privar a las comunidades autónomas de los 2.500 millones de euros que les permitiría disponer la senda de estabilidad que en unos segundos, nos advierten, será rechazada?”, se ha preguntado Celaá.

Hubiera propiciado un mayor margen fiscal”, ha subrayado y ha recordado que estos recursos son especialmente para las Comunidades, a las que han provocado un “sufrimiento” ya que finalmente serían para los ciudadanos que cuando necesiten “abrir un dispensario, tener un colegio, ayuda a la pobreza energética o hacer una carretera”, no podrán hacerlo.

Además, ha mostrado su sorpresa porque lo más difícil, que era convencer a Bruselas se había logrado, y ahora en el Congreso no prospere dicha senda. “Serán ellos los que tendrán que dar las oportunas explicaciones a los ciudadanos”, ha advertido, pese a que el Gobierno no tirará la toalla  y ha anunciado que, aunque tendrán que volver a la antigua senda de déficit, se apoyará en dichas cifras para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Eso sí, tiene muy claro que el Gobierno de Sánchez va a “mantener el rumbo” y va a seguir “impulsando el crecimiento y el empleo digno, el impulso en Europa y la regeneración democrática. Nuestros conciudadanos son los notarios de la realidad y saben muy bien qué hace el Gobierno y qué hacen otras fuerzas políticas”, ha alertado.

“Hay suficiente inteligencia colectiva en el universo político para poder saber que un acuerdo presupuestario mejorará la condición de los ciudadanos. Lo que toca es plantear los Presupuestos”, ha comentado.

Celáa tampoco ha querido reconocer que, pese a estar en minoría parlamentaria, “estemos en situación de debilidad” y presentarán de nuevo la senda del gasto para su aprobación parlamentaria el próximo mes, tal como está estipulado. Eso si, tendrán que trabajar con una senda fiscal más rígida y “tendremos que reordenar” el gasto, pero “seremos capaces de hacerlo para que redunden en beneficio del Estado de Bienestar”.

Además ha dejado claro que el rechazo no ha sido por falta de negociación ni con las fuerzas políticas ni con los agentes sociales. “Las conversaciones siempre son perfectibles, pero no ha sido por ausencia de negociación lo que nos ha traído este resultado que no nos gusta para los ciudadanos”, ha insistido.

La mayor oferta de funcionarios en 10 años

La primera en presentar su proyecto ha sido la ministra de Política Territorial y Función Pública, Merixell Batet, quien ha anunciado la mayor creación de empleo público desde hace 10 años con 23.156 empleos públicos para este año. 

Estos se unen a los 7.688 que el Gobierno del Partido Popular había convocado el pasado mes de abril, con lo que la oferta de empleo público de 2018 queda en 30.844 plazas. De ellas, 1.909 serán nuevos puestos.

Plan contra la precariedad

También la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Magdalena Valerio, ha presentado un proyecto para luchar contra la precariedad. En concreto ha presentado un “Plan director por un trabajo digno” para los años 2018,2019 y 2020 que contará con unos recursos de 15 millones de euros al año.

Según ha explicado Valerio, el plan pretende que se recuperen los derechos de los trabajadores; combatir el fraude laboral que está dando lugar a competencia desleal a empresas y merma la economía española; reforzar la inspección laboral para detectar falsos contratos temporales o parciales y que no haya discriminación a la hora de contratar.

Vuelve la Sanidad universal

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha anunciado que a partir del 1 de agosto se recupera la sanidad universal. Con el Real Decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros, diversos colectivos, como los inmigrantes en situación irregular, podrán disfrutar de la sanidad pública al al ligar la atención al concepto de ciudadanía y no al de asegurado.

Según ha explicado Montón, tendrán derecho a la atención pública las personas con nacionalidad española y las extranjeras que tengan residencia en España. También los pensionistas españoles que no residen en el país o los trabajadores desplazados y los transfronterizos y los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España.

Aunque para estos últimos se han establecido unos criterios para evitar criterios el “uso inapropiado o un abuso” del derecho a la asistencia sanitaria, de forma que siempre que exista un tercero obligado al pago o se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen, no correrá con los gastos el Estado.