La Justicia archiva la causa contra Joan Ribó por negar información al PP

"Demuestra que la denuncia del PP era humo", ha afirmado el alcalde de Valencia tras el archivo de su causa

El Juzgado de Instrucción número 9 ha archivado la causa contra el alcalde de Valencia, Joan Ribó, por negar información al PP sobre una encuesta sobre las fallas, al considerar que los hechos denunciados “no son constitutivos de delito”, informa el Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV).

Ribó ha asegurado que el archivo de la causa por negar información al PP sobre una encuesta sobre fallas demuestra que “la denuncia era humo” y ha reprochado que “los imputados por corrupción” les denuncian “constantemente con la intención de hacer ver que todos somos iguales“.

El alcalde de Valencia declaró como investigado ante el juez el pasado 25 de junio por supuesta prevaricación administrativa e impedimento de los derechos cívicos, a raíz de una denuncia del asesor del grupo municipal del PP Luis Salom después de que se le hubiera negado el expediente de la citada encuesta sociológica sobre las fallas elaborada en 2017.

En un auto remitido por el TSJCV, el juez asegura que la decisión del alcalde de denegar la información solicitada por el PP se basaba en el contenido técnico jurídico emitido por el secretario municipal, y rechaza incumplimiento de los preceptos que argumenta la denuncia para el delito por privación del ejercicio de los derechos cívicos, “ni por ello, en directa relación, del de prevaricación administrativa”.

Esta decisión del juzgado se produce después de que el fiscal de la causa concluyera que no había ni prevaricación administrativa ni impedimento de los derechos cívicos, por lo que pedía el sobreseimiento libre del procedimiento.

“Lo que hizo el alcalde fue más bien diferir la información” hasta que finalizara el expediente abierto por la Agencia Española de Protección de Datos contra el Consistorio por la citada encuesta y “asumió plenamente como propio el informe del secretario general”, señala el auto.

El juez también argumenta que los preceptos, recomendaciones y reglamentos que se citan en la resolución que es objetivo de denuncia como base normativa para denegar el acceso al expediente o soporte electrónico son “efectivamente de aplicación y han servido de soporte para, si no denegar, sí retrasar hasta la finalización de ese expediente la información solicitada”.

Apunta además que la entrega de la información a los solicitantes del PP se hizo finalmente el 27 de marzo de 2018 “una vez finalizado el expediente con propuesta de sanción al calificarse la infracción muy grave derivada de la encuesta, al Ayuntamiento, que fue objeto del recurso contencioso-administrativo correspondiente y se encuentra en tramitación, por tanto no siendo aún firme”.

El auto se refiere a que en el paquete aportado junto a la denuncia, “que no se presentó en forma completa por los denunciantes”, se “obvia la última página del mismo”, una notificación al edil Félix Crespo (PP) que “en ningún modo le dejó en desamparo sino que le indicaba los remedios frente a la resolución, que no denegaba sino que difería a un momento posterior la entrega de la información solicitada”.

“No puede hablarse de privación de derechos o impedimentos de ejercicio de derechos cuando teniendo la oportunidad de hacerlos valer mediante remedios legales conocidos por haber sido expresamente notificados, no se utilizan, se dejan transcurrir plazos sin ejercitarlo“, afirma el juez.

Además, indica que Ribó no ha incurrido en los delitos denunciados porque para haber existido deberían darse dos elementos sine qua non: haber actuado “a sabiendas” y “de forma arbitraria”, pero lo hizo basándose y confiando en el criterio del secretario general.

“Suscribió la decisión con base jurídica suficiente para la denegación temporal de la información, cuya oportunidad de ser recurrida por los denunciantes se dejó correr, deviniendo firme la misma”, añade.

Asimismo, señala que el informe del fiscal “coincide” por la petición de sobreseimiento y archivo de la causa “al no detectar, conforme a las diligencias practicadas esa concurrencia de la responsabilidad penal del denunciado”.