Sánchez enfría los rumores de un adelanto electoral después de que la portavoz del Gobierno no lo descartara

“Nadie va a resistir más allá de lo razonable”, ha dicho en un desayuno informativo la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, al ser preguntada este martes por la precariedad en la que queda el Ejecutivo tras la toma de control del PDeCAT por Carles Puigemont y el giro a la derecha del PP con la elección de Pablo Casado como su nuevo presidente. La declaración de Celaá dejaba poco lugar a las interpretaciones, más que nada porque tanto 'populares' como nacionalistas catalanes han amenazado el éxito de dos importantes votaciones en el Congreso. Pero, apenas tres horas después, Moncloa se ha apresurada a matizar asegurando que Pedro Sánchez "mantiene su rumbo" y no contempla adelalantar las elecciones.

“Primero estabilidad y luego elecciones”, es el mantra que Sánchez viene repitiendo desde antes incluso de convertirse en presidente del Gobierno. Ahora, Moncloa recuerda que el jefe del Ejecutivo ya ha declarado en varias ocasiones su intención de agotar la legislatura y que sigue empeñado en ese propósito. Pero la realidad es la que es y no cabe duda de que las nuevas circunstancias hacen ahora muy difícil que pueda cumplir ese compromiso. Tanto es así que incluso se han empezado a barajar fechas para los próximo comicios sin llegar a 2020.

Si antes del congreso del PP y de la asamblea del PDeCAT ya se pensaba que Sánchez podría unir las elecciones generales a las autonómicas y municipales de 2019 dada su debilidad parlamentaria -84 diputados- y el complicado sudoku que tiene que armar cada vez que lleva una iniciativa al Parlamento, ahora se habla incluso del próximo mes de octubre con la expectativa de que Susana Díaz adelante para entonces las elecciones en Andalucía. El presidente podría tener la tentación de vincular las legislativas a las andaluzas para aprovechar el tirón del voto socialista en esa comunidad. El 28 de octubre, dicen, sería una fecha perfecta por su valor icónico ya que fue el 28 de octubre de 1982 cuando Felipe González ganó las elecciones con la mayoría absoluta más amplia que ha logrado nadie en las cuatro décadas de democracia.

Pero ese no sería el único argumento a favor de celebrar ambos comicios dentro de apenas tres meses. A Díaz le interesa anticiparse a la sentencia del caso de los ERE, sobre todo teniendo en cuenta que fue la sentencia del caso Gürtel lo que desencadenó la secuencia de acontecimientos que terminó con la presidencia de Rajoy. A Sánchez, mientras tanto, podría venirle bien embarcarse en la campaña antes de que Casado haya tenido tiempo de hacerse con las riendas del partido, remodelarlo y asentar su recién estrenado liderazgo. El lunes pasado, Sánchez y Díaz estuvieron reunidos en Moncloa y seguramente exploraron todas estas variables.

Todo dependerá, como es lógico, de cómo acaben algunas votaciones cruciales que el Gobierno tiene por delante. Y hay dos que tienen que pasar por el Congreso de forma inminente. Una es la del techo de gasto en el que ha de basarse la negociación de los Presupuestos para 2019, que implica un incremento del 4,4% respecto a 2018. La intención es que la Cámara Baja lo vote el próximo viernes para lo que el PSOE necesitaría aglutinar los mismos apoyos que le permitieron sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pero ello no será posible si los diputados del PDeCAT deciden votar de forma distinta a como lo hicieron el 1 de junio para desestabilizar al Gobierno, que es lo que más se ajusta a los intereses de Puigdemont.

En cualquier caso, el PP ya ha anunciado que votará en contra y, si los nacionalistas catalanes no tumbaran la propuesta socialista en el Congreso, siempre le queda el Senado, donde tiene mayoría absoluta. El Senado tiene la potestad de bloquear la tramitación de los objetivos de déficit sin posibilidad de que el Congreso modifique lo que salga de la Cámara alta. Eso es así desde una reforma impulsada en 2012 por el PP con el apoyo de CiU, UPyD, Foro Asturias y UPN y la abstención del PNV. La duda es si ese bloqueo impediría la presentación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, que deben entrar en el Congreso el próximo 1 de octubre como muy tarde. Algunas fuentes aseguran que no y que el Gobierno podría seguir adelante con la tramitación de sus cuentas. En el caso de que no pudiera hacerlo, a Sánchez le queda la opción de prorrogar los Presupuestos de 2018.

Hasta ahora existía la duda de si los ‘populares’ decidirían dar el visto bueno a un aumento de gasto que dará oxígenos a las comunidades y ayuntamientos antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo año. Tras las declaraciones de Casado a la COPE del lunes no parece que vaya a ser así. El PP se conformará con que se permita gastar el superávit municipal que han atesorado los consistorios durante los años de recortes y estrecheces, tal y como ya había autorizado el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Junto al techo de gasto los diputados afrontan otra votación fundamental para el Gobierno: la de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE. El PDeCAT no ha dicho qué va a hacer pero no se descarta que aproveche para dar el primer aviso serio a Sánchez después de que su nuevo presidente, David Bonvehí, dijera también el lunes en TV3 que su partido se replanteará el apoyo parlamentario a Sánchez y, posiblemente, endurecerá sus exigencias vinculándolas a las reivindicaciones independentistas. En el caso de que los diputados del PDeCAT no voten a favor de Mateo, volverá a decaer la renovación de RTVE de forma definitiva, aunque fuentes del Ejecutivo ha asegurado que no se van a estar quietos ante esta situación, sin anticipar qué más cartas creen que pueden jugar.

Gobierno y Govern apuestan por el diálogo pero ¿interpretan lo mismo?

Este martes, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, se ha mostrado bastante ambigua sobre las intenciones de sus representantes en el Parlamento nacional. Su propósito, ha asegurado, es garantizar la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, pero siempre que este “apueste por el diálogo y la negociación política” para resolver la crisis catalana. Artadi ha incidido en que el rol de los diputados de ERC y PDeCAT “es evidente que es diferente” desde que Sánchez es presidente, porque, a diferencia de lo que pasaba en la etapa de Mariano Rajoy, sus votos sí son “necesarios” para la estabilidad del Gobierno socialista.

Si se compara lo que ha dicho Artadi al término de la reunión del Consell Executiu con la llamada al diálogo hecha por la portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, pocas horas antes, hay pocas diferencias aparentes. Pero cada una persigue objetivos muy distintos. De hecho, las palabras de Artadi podrían considerarse un chantaje para conseguir que el Ejecutivo acabe dialogando sobre la autodeterminación, que es la línea roja que Sánchez no está dispuesto a cruzar en ningún caso. El PDeCAT es la formación en la que militan los ocho diputados del Congreso cuyos votos son cruciales para el presidente y no hay que olvidar que la ponencia política que aprobó en su asamblea del pasado fin de semana recoge la vuelta a la unilateralidad y la posibilidad de bloquear la acción de Gobierno de Sánchez “si el Estado no frena la represión” contra los líderes separatistas.

Por eso, Celaá ha apelado al presidente de la Generalitat, “el legítimo, el que vive en el Palau y no fuera de España”, a continuar con la senda de diálogo iniciada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para buscar una salida a la situación política en Cataluña. “El presidente del Gobierno está determinado a seguir por esa senda que sabe que es su responsabilidad y su deber y el presidente de la Generalitat tiene el deber y la responsabilidad, como presidente legítimo, de recorrerla”, ha dicho. Es más, ha confiado en que “frente a la confrontación que algunos desean”, se aporten propuestas “del lado de la solución” como hizo Sánchez en el Congreso. “Quien se empeñe en una propuesta inviable sabe que no llegará a buen término”, ha zanjado y al plantearle si el Gobierno descarta aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña se ha limitado a señalar que ese es “un futurible” en el que no iba a entrar.

Desde Moncloa se ha incidido en ese llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos para mantener abiertas las vías de diálogo “que permitan seguir tomando decisiones en beneficio de todo la ciudadanía”. No obstante, el Gobierno reconoce que “es consciente” de los cambios producidos en los últimos días en el escenario político -en clara referencia a PP y PDyCat- pero asegura que esto no va a varias sus intenciones de intentar no convocar los comicios hasta junio de 2020. Finalmente, el Gobierno reitera que Sánchez no va a variar su compromiso “con el nuevo tiempo político” que se ha abierto, y su objetivo es seguir avanzando en esta línea y buscando los mayores apoyos posibles.

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