España debe recurrir la extradición de Puigdemont para pedir rebelión pero sin descartar la malversación

La decisión del tribunal regional alemán de conceder a España la extradición de Carles Puigdemont por el delito de malversación y no por el de rebelión ha caído como un jarro de agua fría en el Tribunal Supremo. Y ha abierto un debate en el Supremo y en la política sobre la posibilidad de renunciar, en esas condiciones, a la extradición de Puigdemont y sobre la opción de un recurso ante la Corte Europea donde nuestro país puede correr riesgos aún mayores. 

Por todo ello y en línea con lo que dijo el Presidente Pedro Sánchez de que los autores del golpe de Estado catalán del 27-O deberán ser juzgados en España, creemos que tanto el Supremo como el Gobierno no deberían de rechazar ni descartar la extradición de Puigdemont por malversación. 

Sobre todo por varias razones importantes: porque Puigdemont llegaría a España y sería inmediatamente ingresado en prisión; porque nada de lo que ha decidido la Justicia alemana puede interferir en el juicio por rebelión, malversación y desobediencia del resto de los procesados y en prisión preventiva por el golpe de Estado del 27-0; y porque Puigdemont podrá ser juzgado, cuando terminen los otros juicios que están a punto de entrar en la fase de juicio oral, y ser condenado a la pena máxima de malversación que es de 12 años de prisión. 

E incluso y cuando cumpla esa condena importante Puigdemont, que será inhabilitado para siempre en la política, tendrá que marchase de España en el plazo de un mes porque si se queda en nuestro país podrá ser juzgado por rebelión. 

En cuanto a la posible incidencia de la decisión alemana sobre el resto de procesados todavía cabe, durante su juicio oral en el Supremo al resto de procesados por el golpe de Estado que el fiscal reduzca su petición de condena al nivel de sedición. Que fue la fórmula que eligió la jueza Carmen Lamela para imputar al mayor Trapero en la Audiencia Nacional. Un delito el de sedición que es muy grave y que incluye la conspiración y el ataque al orden constitucional con tramas criminales y con ‘tumultos’, lo que está demostrado. 

Además la sedición incluye penas de hasta 15 años de prisión a las que habrá que añadir las correspondientes a los delitos de malversación y de desobediencia por los que los ahora presos preventivos también están procesados, por lo que varios de ellos podrían recibir condenas de más de 20 años de cárcel. Y Puigdemont, de momento, de 12 años de prisión.

Y de esa manera se acabarían los recursos nacionales e internacionales sobre la rebelión y se pondría punto final al aparato de propaganda que Puigdemont tiene organizado en Bélgica. 

En cuanto a las peticiones, de PP y Cs de que España se salga del ámbito de la ‘euroorden’ no nos parecen acertadas por más que está claro que la Justicia alemana no es justa y debe reconocer el campo jurisdiccional de España, y que la legislación de Bélgica y sus tribunales no es democrática y ha convertido ese país, donde residen las primeras instituciones de la UE, en refugio de terroristas, golpistas y delincuentes de todo pelaje. Lo que se tiene que acabar y lo que España debe denunciar ante las instituciones de la Unión Europea para que se respeten los derechos de cada país. 

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