La defensa de los políticos presos pide en bloque su libertad tras descartar Alemania la rebelión

Las defensas de los políticos soberanistas en prisión preventiva por orden del juez instructor de la causa del proceso soberanista, Pablo Llarena, pedirán la semana que viene la puesta en libertad provisional de sus clientes tras la decisión del tribunal alemán descartando entregar al expresidente Carles Puigdemont por rebelión, ya que consideran que dicha resolución les refuerza en sus argumentos. Se da la circunstancia de que algunos de los presos sólo están procesados por rebelión, como es el caso de ‘los Jordis’ y Carme Forcadell, a los que no se ha procesado por malversación. Eso significa que si decayera la rebelión no tendrían una imputación por delitos que conllevan penas de cárcel.

Han comparecido en una rueda de prensa conjunta los abogados Xavier Melero (Joaquim Forn), Marina Roig (Jordi Cuixart), Jordi Pina (Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull), Andreu Van den Eynde (Oriol Junqueras y Raül Romeva), Mariano Bergés (Dolors Bassa) y Olga Arderiu (Carme Forcadell).

Andreu Van Den Eynde, abogado de Junqueras, ha asegurado que “no hay ninguna probabilidad de que esto acabe en una condena por rebelión” y ha apelado directamente a la Fiscalía, “ante el nuevo contexto” que se abre con los cambios en su cúpula (el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra). Le ha recordado que tiene una “oportunidad” para revertir el “desprestigio que se producirá si se mantiene esa situación desproporcionada”. Es un “win win”, una salida en la que ganan todas las partes, ha añadido el letrado en alusión a esa rectificación que está solicitando.

Esa tesis es la misma que ha defendido la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, en declaraciones a la agencia Efe: “Es un bueno momento, ahora sí, especialmente después de la noticia de ayer -sobre Puigdemont-, para que la Fiscalía haga un planteamiento nuevo sobre qué hacer con la causa”, ya que “todo el mundo que vive en Cataluña sabe que no hubo rebelión”. Y esto mismo es lo que viene defendiendo desde el jueves el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, en sucesivas declaraciones para explicar su encuentro con la vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo. Aragonés se ha referido, en concreto, a los “instrumentos” que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez: “Lo que hemos planteado es que el Gobierno sabe que hay muchos instrumentos para poder sacar la cuestión del referéndum y de los hechos de octubre de los tribunales a la mesa de negociación política. Lo hemos dicho y saben de sobra los instrumentos que tienen”, ha afirmado en referencia a la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

El abogado Jordi Pina ha denunciado que la prisión preventiva choca con el artículo 24 de la Constitución, que recoge la presunción de inocencia. Además ha apelado al derecho a la defensa, apuntando que ante un juicio de la magnitud del que habrá en el Supremo contra los líderes del ‘procés’, es complicado preparar una estrategia compartida entre los encausados si están encarcelados. Pina, por otra parte, ha explicado que este mismo viernes ha presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación ante el juez Llarena contra la suspensión de los cargos electos y que en breve harán lo mismo los otros abogados de electos, incluido el de Puigdemon.

El recurso solicita que se establezcan medidas cautelares, ya que para el martes de la próxima semana hay programado un pleno y el Parlament ya ha recibido la notificación de la suspensión este viernes por la mañana. Aunque la Mesa decidió aplazar su decisión a la espera de un informe de los servicios jurídicos de la cámara, dicho informe debería estar concluido antes de que arranque la sesión del martes. De todos los grupos del Parlament, solo el PPC y Ciutadans han pedido la suspensión inmediata de los diputados. No lo ha hecho en cambio el PSC, que ha sido la formación que ha solicitado el informe jurídico.