El Gobierno defiende la euroorden y el Acuerdo de Schengen frente a las críticas del PP y Ciudadanos

El Gobierno ha dejado claro hoy que no tiene dudas sobre la eficacia de la euroorden como mecanismo de cooperación jurídica entre los países miembros de la UE y ha defendido con firmeza el espacio Schengen, la abolición de los controles en las fronteras comunes, ante propuestas tan extravagantes como la que hizo el PP para retirar a España de dicho acuerdo.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Cela, ha tenido que responder a varias preguntas sobre el tema en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que el jueves se conociera la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de extraditar a España a Carles Puigdemont por malversación, pero no por rebelión.

Sobre la decisión judicial, Celaá tan solo ha mostrado el “respeto más absoluto” del Gobierno a las decisiones judiciales, que no han sido abordadas en el Consejo de Ministros. Pero también ha defendido el funcionamiento de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE o euroorden) ante las críticas que se están produciendo a raíz de la decisión de la justicia alemana. Y sobre todo ha defendido el espacio Schengen “en todos los sentidos” después de que el vicepresidente del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, pidiera la suspensión del Acuerdo tras la decisión de Alemania sobre Carles Puigdemont.

La portavoz ha advertido de que hacer ese tipo de planteamientos es “alinearse con algunas posiciones europeas que nosotros no compartimos de ninguna de las formas”. Celaá se estaba refiriendo, obviamente, a las posturas euroescépticas y eurófobas que defienden partidos europeos que aspiran a la desaparición de la UE, un objetivo que no parece compatible con el ideario del PP. De hecho, la ministra ha comentado que si los ‘populares’ estuvieran ahora mismo en el Gobierno no se atreverían a defender ese tipo de planteamientos.

Determinadas reacciones ante la decisión del tribunal alemán no solo fueron sorprendentes por romper el principio de ‘las decisiones judiciales no se comentan sino que se acatan’, sino por lo extremo de las peticiones que conllevaban. “Hoy ha quedado claro que si no confiamos los unos en los otros no podemos quitar las fronteras. Nosotros levantamos las fronteras convencidos en que los demás confiarán y, si algún delincuente se nos escapa, nos lo devolverán. Pero si los presuntos delincuentes se escapan y nuestros socios no nos lo devuelven, deberíamos plantearnos volver a poner fronteras”, aseguró el jueves González Pons.

El candidato a presidir el PP Pablo Casado hizo su propia aportación: “Desde el PP tenemos que hacer respetar a España. (…) El espacio Schengen se ha suprimido en media docena de los países de la Unión Europea. Y se podrá suprimir si no hay garantías de que a España se la respete si un país ajeno viene a enmendar la plana al Supremo”. Todas estas consideraciones no han tenido en cuenta el principio de la separación de poderes y de la independencia del judicial respecto al ejecutivo, tan aireada por el PP para defenderse de las críticas sobre la ‘judicialización’ de la crisis catalana. Es más, los promotores de la ‘cabalgada’ contra uno de los pilares de la UE se aferran a una sola decisión judicial para concluir que la euroorden “no funciona” y pedir la derogación de un acuerdo que permite la libre circulación de ciudadanos europeos desde hace 23 años.

En cuanto a Ciudadanos, el líder de la formación, Albert Rivera, también se mostró crítico el jueves con la figura de la euroorden sugiriendo que debería ser revisada, ya que “la cara mala de esta noticia (la decisión del tribunal alemán) es que va a haber dos varas de medir”. “Aquellos -argumentó- que dieron la cara ante la justicia van a ser juzgados por todos los delitos del Código Penal y, en cambio, los que huyen de la justicia, como el señor Puigdemont, pueden tener un beneficio”. “Los que huyen tienen premio y los que cumplen y dan la cara tienen mayor castigo”, resumió el líder del partido naranja nada más conocerse la noticia de que el expresidente catalán solo podrá ser extraditado por malversación.

Celaá ha eludido pronunciarse sobre la reforma de la tipificación del delito de rebelión que hizo Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición para adaptarla al desafío secesionista. “Ese asunto no se ha tratado en el Consejo de Ministros”, ha dicho.

“Es evidente que el delito de rebelión, tal y como está tipificado en el año 1995, no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses. Tenemos que defender el bien jurídico que es la Constitución frente a responsables públicos que lo que están haciendo el valerse de su institución y de su posición política para violentar el orden constitucional”, dijo Sánchez en una entrevista en TVE en el pasado mes de mayo, antes de que triunfara su moción de censura contra Mariano Rajoy. El líder socialista explicaba que antes, “cuando se hablaba de rebelión, uno se imaginaba un golpe de estado militar, y eso era lo que planteaba el legislador entonces”. Y añadía: “Ahora estamos ante un hecho completamente distinto, y es que responsables políticos, al frente de instituciones públicas, se están valiendo de esa posición para subvertir el orden constitucional”.

De todas formas, y por mucho que se procediera a esa modificación en el Código Penal español, seguiría subsistiendo el problema de encontrar una equivalencia en las legislaciones de otros países europeos. Y, sobre todo, de encajar las conductas que se pretende perseguir en España a las que son penalmente punibles en esos países. “No hubo batallas callejeras, incendios ni saqueos a gran escala provocados inmediatamente por el referéndum del 1 de octubre de 2017. No se usaron gases lacrimógenos ni cañones de agua. No llegaron a usarse armas de fuego”. Este es una frase textual de la resolución de la Audiencia de Schleswig-Holstein que ha traducido la Cadena SER y que explica por qué este tribunal no ve el delito de rebelión en la conducta de Puigdemont.

Los razonamientos de los tres magistrados que componen el tribunal alemán chocan frontalmente con lo defendido por el juez Pablo Llarena, la Fiscalía e incluso la sala de apelaciones del Tribunal Supremo que ha supervisado el caso durante ocho meses de instrucción. Todos ellos han defendido que la cúpula del ‘procés’ provocó los estallidos violentos del 1-O al animar a la gente a que fuera a votar a sabiendas de que las Fuerzas de Seguridad tendrían que intervenir para garantizar el cumplimiento de la orden judicial que prohibía celebrar el referéndum. Con esa premisa, acusan a Puigdemont y otros dirigentes independentistas de “impulsar a una masa ciudadana a desbordar por la fuerza cualquier intención de contención que pudiera provenir del Estado”.