Los vicepresidentes abren la negociación sobre asuntos económicos entre Gobierno y Generalitat

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se reunirá este jueves en Madrid con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los encuentros son fruto de la reunión del pasado lunes en la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Govern, Quim Torra, que ha abierto una fase de distensión entre ambos ejecutivos.

Fuentes del Govern han señalado que la reunión con Calvo tendrá un carácter “político” y de “estrategia”, mientras que la pactada con la titular de Hacienda servirá para abordar asuntos más concretos, de carácter económico, aunque no han avanzado qué cuestiones quieren tratar con ambas.

Sánchez y Torra coincidieron el lunes en que hay margen para trabajar en la normalización de sus relaciones, aunque al mismo tiempo constataron la imposibilidad de un acercamiento respecto a la celebración de un referéndum en Catalunya.

Tras la reactivación de la comisión bilateral Estado-Generalitat, así como otras comisiones establecidas en el Estatut, relativas a infraestructuras, transferencias y Hacienda, el Govern espera que la reunión de los números dos de los gobiernos español y catalán sirva para abrir una ronda de “reuniones bilaterales” entre ‘consellers’ y ministros para tratar “incumplimientos” en asuntos sectoriales.

En su primera comparecencia en el Parlament tras ser nombrado vicepresidente, Aragonès pidió al Gobierno varios “gestos de distensión”, como que se avenga a “flexibilizar” el objetivo de déficit para el 2019, fijado en el 0,1 % del PIB, o bien “cumplir con lo que está acordado”, en alusión a los 6.000 millones de euros que la Generalitat reclama al Gobierno en cumplimiento del actual sistema de financiación.

De esta cifra, 759 millones corresponden a la liquidación de la disposición adicional tercera del Estatut del 2008; otros 2.951 millones, a inversiones en infraestructuras no ejecutadas entre el 2009 y el 2013; otros 688 millones, a la financiación pendiente de los Mossos d’Esquadra, y unos 1.500 millones, a la aplicación de la ley de la dependencia.

Asimismo, en las últimas semanas el Govern también ha reclamado al Ejecutivo central que retire recursos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) contra leyes catalanas, a lo que la Moncloa se ha mostrado receptivo.