La reducida extradición de Puigdemont es un duro golpe al Supremo

La decisión de la Audiencia Territorial alemana de Schleswig-Holstein de extraditar a España solamente por un delito de malversación de fondos públicos, al expresidente de la Generalitat abre un debate sobre las interpretaciones de las euro órdenes, un grave conflicto judicial entre España y Alemania y, sobre todo, complica mucho  el proceso contra los autores del “golpe de estado del 1-O”, un proceso que incluye delitos de Rebelión, sedición desobediencia y malversación  de fondos públicos y que se juzgaran a final de este año, por lo que se ha declarado activo a todos los efectos el mes de Agosto.

El  texto de la Audiencia alemana, no se limita a comunicar la decisión sino que entra a juzgar por qué se rechaza la petición del juez Pablo Llarena sobre la entrega de Puigdemont por delitos de Rebelión (penado en España con treinta años de prisión), en tanto, dice el magistrado español que se produjeron hechos violentos contra personas aunque “sin armas”. El  Tribunal alemán responde al razonamiento y petición del juez del Supremo español, sobre la imposibilidad de comparar el delito de Rebelión con el de Alta Traición en Alemania.

“Las  acusaciones contra Puigdemont no son equivalentes al delito de alta traición y la perturbación del orden público según la ley alemana”, dice el Tribunal de que añade que “la magnitud de la violencia necesaria para la alta traición no fue alcanzado durante los altercados”, puntualiza en contra de la petición del Supremo español, aclarando además que “Puigdemont aspiraba solo a la celebración del referéndum y tampoco ha sido el incitador de la violencia”.

La decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein que puede ser recurrida por la Fiscalía y por el propio Puigdemont, que según sus abogados, bajo ningún concepto puede ser juzgado en España por malversación ya que no se ha podido demostrar la existencia de ese delito. En el recurso se utilizará, incluso, las sucesivas manifestaciones del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, de que ni un solo euro ha salido de las arcas de la Generalitat para pagar el Referéndum del pasado 1 de Octubre, algo que en su momento provocó un grave enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y Judicial.

Ante la situación que acaba de abrirse en pleno deshielo de relaciones entre el Gobierno central y el de la Generalitat, tras la entrevista del presidente Quim Torra y Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, a lo que va seguido hoy las reuniones de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y la ministra de Hacienda María Jesús Moreno, con el número dos de la Generalitat el vicepresidente Pere Aragonés, para poner en marcha parte de lo acordado entre los dos Presidentes en el encuentro de la Moncloa, después de 30 meses de ruptura institucional, se ignora el efecto que este choque judicial puede tener en la evolución de la situación del contencioso catalán.

Frente a este choque el juez Llarena que ha recibido un duro golpe, solo tiene dos salidas: negarse a la extradición anulando la euroorden y manteniendo en España la orden de detención contra Puigdemont o, por el contrario aceptar la entrega solo por malversación (penada con hasta doce años de prisión), detenerlo en España y juzgarlo solo por ese  delito, con las perturbaciones judiciales que esa decisión pudiera tener en el resto de los procesados.

Lo que es evidente es la alegría con la que se ha manifestado el mundo independentista y nacionalista que cree incluso que, al final , ni siquiera habrá extradición y el silencio del Gobierno que no ha querido comentar una decisión judicial internacional como la de este Jueves, que supone un duro golpe al Supremo y al juez Llarena. José Oneto