Alemania extraditará a Puigdemont sólo por malversación y el Supremo estudia rechazar la entrega

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha decidido extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por rebelión, el de mayor gravedad de todos los que le imputa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La noticia es mala solo a medias para el magistrado ya que la Audiencia alemana había expresado sus dudas también acerca de la malversación, en tanto en cuanto no se pudiera demostrar que los fondos destinados al ‘procés’ fueron abonados de forma efectiva y no solo comprometidos con las empresas y proveedores contratados por la Generalitat. Pero tiene otras posibles derivadas que han llevado al Supremo a sopesar la posibilidad de rechazar la entrega de Puigdemont en los términos establecidos por el tribunal alemán.

El alto tribunal español no tiene todavía conocimiento oficial de la resolución de Alemania, pero temía desde hace meses la decisión que ha tomado este jueves y ha tenido tiempo de sobra de estudiarla. Las opciones que abre la decisión que se ha conocido este jueves abre varias posibilidades. Una es retirar la euroorden, lo que supone condenar a Puigdemont a vivir fuera de España al menos durante 20 años, el tiempo que tarda en prescribir el delito de rebelión, con la particularidad de que si el expresidente catalán cambia Alemania por otro país de residencia se reactivaría la orden de detención europeo o internacional.

La segunda es plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la orden de detención europea y los procedimientos de entrega entre estados miembros. El juez podría realizar preguntas relativas al alcance de la decisión alemana -sobre si el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein se ha extralimitado al entrar a valorar si hubo o no rebelión en la conducta del exmandatario español-, o bien otras referidas a los términos de una nueva petición por su parte a las autoridades judiciales germanas.

La tercera es aceptar la extradición en los términos acordados por la Audiencia alemana, lo que significa que no se podría cambiar la imputación por rebelión por otra por sedición, que no requiere violencia, y que está castigado con hasta 15 años de prisión, tres más de los que pueden caerle a Puigdemont por malversación. Lo que sí podría hacer el juez es cambiar la imputación para el resto de los procesados, con el fin de evitar el agravio comparativo que se daría si estos fueran condenados al doble de años de cárcel que el principal responsable de las actuaciones por las que se les sienta en el banquillo. De esta forma, las condenas de doce y quince años estarían más equilibradas.

Pero la aceptación de la entrega por malversación entraña otro riesgo que el alto tribunal está teniendo en cuenta a la hora de valorar si le conviene o no optar por esta vía: una vez suprimida la imputación por rebelión, Puigdemont dejaría de estar suspendido como diputado del Parlament e, incluso, al pesar sobre él un delito menos grave que la rebelión, podría aspirar a la libertad provisional lo que, en última instancia, le llevaría a tratar de recuperar la presidencia de la Generalitat. Y todo eso por no mencionar que en un delito económico como es la malversación la devolución del capital malversado puede derivar en una reducción sustancial de la condena.

El agravio comparativo y las dudas sobre la violencia en el ‘procés’

En cualquier caso, el juez que instruye la causa contra los dirigentes del ‘procés’ se enfrenta ahora a una situación complicada por lo paradójica: ha dictado auto de procesamiento contra los subalternos de Puigdemont por rebelión, entre otras cosas, y no va a poder sentar en el banquillo a su jefe máximo por el mismo delito, el más grave de todos ya que está castigado hasta con 30 años de cárcel, ya que solo podrá hacerlo por el mismo tipo penal por el que se le extradite.

En su escrito, el tribunal alemán asegura que Puigdemont pudo haber tenido una “corresponsabilidad” en decisiones que supusieron una carga para las arcas públicas, un extremo que, no obstante, subraya que se deberá sustanciar en un juicio en España. En cambio, considera “no admisible” extraditar al líder soberanista por rebelión reiterando los argumentos que ya había expuesto previamente, en los que apuntaba que no se produjo el grado de violencia “suficiente”.

Es precisamente en ese punto donde surge la controversia no solo entre Llarena y la justicia alemana, sino también entre el juez del Supremo y otros juristas españoles. El juez instructor ha insistido en sucesivos autos en que se produjo violencia y se ha remitido para ello a los sucesos del 20 y 21 de septiembre de 2017, cuando se produjo el asedio a la Consejería de Economía para impedir los registros de la Guardia Civil, y al propio 1-O, cuando los cabecillas del ‘procés’ animaron a los ciudadanos a votar en el referéndum ilegal aun siendo conscientes de que estaban desobedeciendo una orden judicial y de que ello podría derivar en altercados con las Fuerzas de Seguridad, obligadas a velar por el cumplimiento de dicha orden.

Al Tribunal Supremo no le convence que una Audiencia territorial, equivalente a una Audiencia Provincial española, que haya implicado tanto en la valoración de si hubo o no violencia en las algaradas independentistas sin tener en cuenta los informes policiales que acreditan más de 300 actos violentos durante los sucesos que culminaron en la Declaración Unilateral de Independencia, la DUI, del 27 de octubre de 2017. De hecho, la Fiscalía alemana sí consideró que Puigdemont debía ser extraditado por rebelión, además de por malversación, por apreciar en su conducta elementos análogos a los que definen el delito de “alta traición” en Alemania.

La Audiencia alemana tampoco admite el delito de perturbación del orden público, que planteó también la Justicia española en el caso de que no se admitiese finalmente el delito de rebelión. Y desdeña, asimismo, los argumentos de la defensa del líder soberanista, que pedía no extraditar a España a Puigdemont por ser un perseguido político y carecer de las suficientes garantías para ser sometido a un juicio justo. El tribunal de Schleswig-Holstein asegura que tiene una “confianza ilimitada” en que la Justicia española actuará en este caso dentro de los estándares que se esperan de la “comunidad de valores” y del “espacio de derecho común” de la Unión Europa.

Aunque Puigdemont no pueda ser juzgado por rebelión, se enfrenta a una pena de hasta 12 años de cárcel por el delito de malversación agravada de caudales públicos. Así lo establece el artículo 432, apartado segundo, del Código Penal “si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros”, en cuyo caso “se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado”; esto es, hasta 12 años de cárcel. Y cabe recordar que el juez Llarena ha tasado, de momento, la malversación que se atribuye a gran parte de los líderes soberanistas en 1,6 millones de euros.

Pese a todo, el independentismo ha recibido la noticia con alegría y satisfacción. “Una gran noticia! Muy contento por el presidente @krls y porque se demuestran una vez más los engaños y mentiras de una causa judicial que nunca debería haberse iniciado. Será en Europa donde ganaremos”, ha escrito en Twitter el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra.

El propio Puigdemont ha reaccionado poco después en su cuenta de Twitter con este mensaje: “Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado. La justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuera rebelión. Cada minuto que pasan nuestros compañeros en prisión es un minuto de vergüenza e injusticia. Lucharemos hasta el final, y ganaremos!”

La extradición sólo se hará efectiva si lo aprueba la Fiscalía General alemana. No se han dictado medidas cautelares, por lo que Puigdemont sigue en libertad después de que fuera detenido en Alemania el pasado 25 de marzo a petición Llarena, quien dictó ese mismo mes una orden europea de detención y entrega (OEDE) contra el expresidente catalán por rebelión, desobediencia y malversación. Hace un par de semanas el magistrado informó al tribunal alemán de que el auto por el que se dicta el procesamiento de Puigdemont y otros 24 dirigentes del ‘procés’ ya era firme por lo que la orden para detenerle y entregarle continuaba “ejecutiva y vigente”.

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