El Govern pide al Gobierno que utilice los instrumentos ‘a su alcance’ para liberar a los presos

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerado hoy que el delito de rebelión que el Tribunal Supremo atribuye a los exconsellers encarcelados y al expresidente Carles Puigdemont "debe caer" porque en Europa "no pasa la prueba del algodón". Por ello, el vicepresidente dela Generalitat ha pedido al Gobierno que utilice "los instrumentos que tiene en su mano" para la liberación de los presos, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado. Aragonés ha comparecido en la sede de Blanquerna tras reunirse con la vicepresidenta Carmen Calvo.

“Lo que hemos planteado es que el Gobierno sabe que hay muchos instrumentos para poder sacar la cuestión del referéndum y de los hechos de octubre de loo tribunales a la mesa de negociación política. Lo hemos dicho y saben de sobra los instrumentos que tienen”, ha señalado ante los medios de comunicación en la sede de la delegación del Govern en Madrid. Estos instrumentos son la Fiscalía, que presentó la querella contra los miembros del Govern, pero también la Abogacía del Estado, personada como parte en varios procedimientos que guardan relación con la misma causa.

El vicepresidente de la Generalitat se ha referido al traslado de presos a cárceles catalanas y ha comentado que, “aunque están en casa, no están en libertad”. Por ello, Aragonès ha llamado a participar en la manifestación del sábado, en Barcelona, en defensa de los presos soberanistas y a la que acudirán miembros del Govern.

A Aragonés se le ha planteado la decisión de la justicia alemana sobre la posibilidad de extraditar a Puigdemont solo por malversación y no por rebelión y ha considerado que esta última imputación es una “construcción jurídica artificial que se ha hecho en la instrucción”, que “no pasa la prueba del algodón de las jurisdicciones europeas”. Además, ha señalado que el Govern está “convencido” de que tampoco hay delito de malversación, “porque no hay pagos que se puedan acreditar y, si no hay pagos, no hay menoscabo de los fondos públicos”.

El vicepresidente ha sostenido que no se puede considerar malversación “los gastos genéricos de la Generalitat de Cataluña”. Por tanto, a su juicio, “hoy ha quedado claro que la rebelión debe caer del procedimiento judicial” y ha recordado que es precisamente esta acusación la que tiene a los exconsellers en prisión preventiva y a otros huidos y permite al Supremo suspender sus derechos como diputados. Por ello, el vicepresidente catalán ha exigido al juez Llarena que haga una “revisión” de la instrucción.

El número dos del Govern ha comentado que de la reunión con Calvo había salido con un 90 por ciento de escepticismo y un 10 por ciento de optimismo respecto a sus resultados, por la posibilidad de llegar a acuerdos una vez restaurado el diálogo. Ha explicado, y así lo ha trasladado a Calvo, que “los conflictos políticos tienen soluciones políticas” y ha advertido del peligro “de dejarlos en manos del poder judicial”.

 

En esta primera reunión entre ambos, ha habido compromisos como, por ejemplo, acordar los nombres de las personas que participarán en la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat, que será presidida por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet y por el conseller de Exteriores y Transparencia, Ernest Maragall, por la parte catalana. Aunque no hay fecha concreta de la reunión, sí se ha quedado en que se celebre a finales de julio o primeros de agosto.

Calvo ha enmarcado estos encuentros en la “normalidad” de las relaciones entre el Gobierno central y los autonómicos. “Y, en el caso de Cataluña, por razones que todos conocemos y no se nos escapan, por la crisis que hemos vivido y porque necesitamos llevar al diálogo y a la política lo que tiene que ser normal en los problemas de Cataluña en el contexto del Estado español”, ha dicho. Para Aragonès, esta comisión bilateral tiene muchos asuntos que tratar como “incumplimientos del Estado” y otros relacionados con competencias, transferencias, inversiones o los recursos que interpuso el anterior Gobierno por leyes catalanas.

Respecto a la reunión que ha mantenido después con la ministra de Hacienda, ha informado de que habían tratado cuestiones pendientes como los próximos objetivos fiscales y la “necesidad” de modificar el déficit al alza para el próximo año para poder elaborar un presupuestos más expansivos. El vicepresidente catalán también ha aludido a la mejora de la financiación de los mossos, con los que el Estado tiene “una deuda pendiente muy importante”, de 700 millones. Se ha referido a la liquidación de la disposición adicional tercera, así como a otras deudas pendientes como los cambios por la ley de dependencia o las previsiones del Estatuto.

Y sobre la posibilidad de retirar algunos de los 16 recursos del Constitucional, ha indicado que se tratará en la comisión bilateral y que Calvo “ha tomado nota” de sus peticiones, especialmente de las concernientes a leyes tributarias, ya que varias de ellas se “entrecruzan” con algunas de las propuestas fiscales socialistas.