La cuestión catalana y la justicia

Borrell: “El Gobierno belga debería intervenir en defensa del sistema judicial español”

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, considera que "el Gobierno belga debería intervenir en defensa del sistema judicial español" ante la situación "anómala" desatada con la admisión a trámite de una querella presentada allí contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, todos prófugos.

En una entrevista en Onda Cero, Borrell, para quien “no deja de ser sorprendente” la decisión del tribunal belga, explica que si bien en aquel país hay separación de poderes y el Ejecutivo “no puede decirle a los jueces lo que tienen que hacer o no, sí puede presentarse como parte del proceso y advertir de esa situación anómala que representa que una jurisdicción nacional encause a otra jurisdicción nacional”.

“Hemos pedido a nuestra representación diplomática en Bélgica que tome cartas en el asunto, que actúe, que contacte con el gobierno belga y le diga que tome parte”, ha señalado Borrell, en relación a las instrucciones que ha dictado esta semana a la embajadora de España en aquel país, Cecilia Yuste, después de que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGJP), Carlos Lesmes, pidiese al Gobierno que garantizase “la inmunidad de jurisdicción” de Llarena.

Sobre la falta de neutralidad de la que le acusa por dar estas instrucciones el propio Puigdemont, Borrell dice que ni es neutral ni deja de serlo ya que sólo cumple con su función: “El ministro de Exteriores español advierte a su embajada de que existe un problema en Bélgica y debe intervenir en defensa de los intereses del Estado español y en el Estado español están los poderes del Estado y uno de los poderes del Estado es el judicial”, ha sentenciado.

Por otra parte, preguntado por las razones por las que la euroorden en estos casos de políticos independentistas fugados de la justicia española no está funcionando de forma automática, Borrell ha recordado que los automatismos sólo son válidos en casos de delitos tasados en “una lista” en la que estos tipos penales no figuran, y por eso, tiene que entrar a analizarlos un juez y buscar “correspondencia” con el código penal de su propio país. “Sería mucho mejor que la lista fuera completa y hubiera una correspondencia unívoca entre los códigos penales de todos los países, pero la historia judicial de cada país hace que haya diferencias”, ha señalado.

El ministro, por otra parte, ha confirmado que cesará al embajador de España en EEUU, Pedro Morenés y al representante de la diplomacia ante la ONU, Jorge Moragas; y ha avanzado que espera dejar cerrados los relevos en las embajadas aún pendientes en el próximo Consejo de Ministros o a más tardar, en el siguiente.

Sobre Morenés, ha explicado que “tuvo la elegancia desde el primer día de poner su puesto a disposición” del nuevo Gobierno porque es consciente de que es “un embajador político y entiende perfectamente que el gobierno nuevo puede querer que le represente otra persona”. “Se va a producir un cambio en la Embajada en Washington y no tendrá nada que ver con la actuación del embajador Morenés, que ya he tenido ocasión de valorar y defender, pero sí, se va a producir un cambio allí y también, como es lógico, en las Naciones Unidas”, ha explicado, sin concretar quiénes serán sus sucesores.

En cuanto al resto de las embajadas, Borrell ha explicado que “después de un trabajo complicado que no ha sido fácil” y que ha definido como “un sudoku”, el nuevo equipo ha “pasado revista a la asignación de embajadas y el trabajo está prácticamente terminado”. “Creo que podemos desbloquear el 90% de las que están pendientes en el próximo Consejo de Ministros o muy tarde, en el otro, y quedará resuelto”, ha apuntado Borrell.

El ministro considera no obstante, que se “requiere una regulación para que la asignación de puestos en las embajadas se haga con unos criterios más objetivados”. “Ahora hay que hacerlo con los instrumentos que tenemos y eso está prácticamente terminado y espero que la gran mayoría se pueda desbloquear o resolver en los próximos consejos”, ha apostillado. El último reglamento de la carrera diplomática, aprobado por Real Decreto con José Manuel García Margallo como ministro de Asuntos Exteriores fue anulado el año pasado por el Tribunal Supremo, por entender que no fue sometido a negociación colectiva, un requisito que es obligatorio y cuyo incumplimiento es causa de nulidad.