Torra no pedirá el acta a los diputados suspendidos y JxCat insta a desobedecer a ERC, PSC y Comunes

JxCat y la CUP defienden que sea el pleno del Parlament, donde el independentismo tiene mayoría, el que decida si suspende de cargo público a Carles Puigdemont y los cinco diputados catalanes en prisión, tal y como ha ordenado el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En realidad, debería ser la Mesa quien procediera de forma automática a la suspensión ya que es a ese órgano al que se le ha comunicado el auto del magistrado. Pero lo previsible es que en la reunión que se celebrará este jueves se produzca otro intenso debate en el que no todas las posturas están definidas, ni siquiera dentro del bloque secesionista.

Quien no tendría nada que hacer al respecto es el presidente de la Generalitat, de quien cabría esperar como mucho una intermediación para que los seis diputados suspendidos cedan sus escaños a otros miembros de sus candidaturas. Pero no parece que Torra esté por la labor. “La respuesta la dará el Parlament, que es el que debe defender su soberanía”, ha dicho el ‘president’ desde Escocia, donde se ha reunido con la ‘exconsellera’ huida de la Justicia, Clara Ponsatí, antes de su encuentro con la ministra principal escocesa Nicola Sturgeon. También ha denunciado que la separación de poderes en España “es un mito” y ha calificado de “indecente” la suspensión ordenada por el juez Llarena: “Sencillamente, esta sentencia que pretende suspender a diputados electos por el pueblo de Cataluña está en la línea de las sentencias que nosotros no solo no compartimos, sino que la consideramos indecente, ya que se pretende suspender de sus derechos y libertades a políticos que han sido elegidos democráticamente”.

El juez ha ordenado la suspensión en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado “con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes”, aquel procesado que ostente un cargo público quedará “automáticamente suspendido” en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión. Esta medida afecta a los cinco diputados autonómicos en prisión (Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez -de JxCat-, Oriol Junqueras y Raül Romeva, de ERC), al igual que a Puigdemont, pero no así al exconseller fugado en Bélgica, Antoni Comín, que tiene pendiente su recurso al auto de procesamiento.

La portavoz adjunta de JxCat, Gemma Geis, ha calificado de “inaudito” que un tribunal “pretenda suspender a unos diputados elegidos democráticamente” y ha acusado a Llarena de “hacer política en nombre del Estado”, al suspenderlos por una causa que “no se aguanta por ninguna parte, hecha a medida en base a informes manipulados y recortes de diario”. Geis hizo una primera valoración del auto el martes y este miércoles, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ha lanzado un llamamiento a Esquerra Republicana, la CUP, Catalunya en Comú Podem y a los socialistas catalanes para que se posicionen todos juntos ante la voluntad de alterar los resultados del 21-D.

El caso es que la suspensión judicial coloca al independentismo nuevamente al borde del abismo en un momento especialmente complicado. Torra se ha apresurado a criticar la decisión justo cuando los más radicales del movimiento están recriminándole el buen clima de su reunión del Pedro Sánchez y amenazando incluso con pedirle que dimita si da un solo paso atrás que suponga volver a los márgenes del autonomismo. Mientras, JxCat, el artefacto ideado por Carles Puigdemont para seguir interfiriendo en la política catalana, trata de forzar una votación en el pleno del Parlament que obligue a todas las partes a retratarse. Una hipótesis en la que ERC tendría que optar por romper el consenso soberanista o hacer lo que hasta ahora ha evitado con mucho cuidado: desobedecer al juez y desencadenar nuevas actuaciones contra sus actuales cargos, incluido el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Muchas críticas a Llarena y todos pendientes de la Mesa

Para la diputada de JxCat Gemma Geis, la suspensión “está prevista para casos de terrorismo y uso de armas que no se han producido”, pero en cualquier caso ha considerado que “prevalece la soberanía del Parlament y la suspensión se deberá tratar en el Parlament”. “Más concretamente -ha apuntado-, deberá ser el pleno quien lo decida, porque el pleno es soberano. Hay un reglamento que establece que la competencia para suspender derechos de diputados es del pleno y seguiremos escrupulosamente el reglamento del Parlament, y velaremos por los derechos de los diputados”.

Por otro lado, ha calificado irónicamente de “fórmula innovadora” que Llarena haya dejado al Parlament la posibilidad de que los procesados suspendidos pueden ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas. Geis ha aseverado que JxCat “no entrará en ese juego de despropósitos” y “en ningún caso” pedirá a sus diputados procesados que “renuncien” a su escaño. “Velaremos para que todas las personas elegidas democráticamente puedan ejercer sus funciones y en ningún caso, a los diputados de JxCat, les pediremos que renuncien a su acta”, ha afirmado.

Y ha tachado además de “cortina de humo” esa propuesta de Llarena, que ha atribuido a que el juez “sabe que la suspensión no tiene ni pies ni cabeza” y trata de “preservarse de posibles consecuencias para cuando haya resoluciones internacionales que acrediten que se han producido vulneraciones de derechos”.

La CUP, que no está afectada por la medida del juez Llarena y que es la fuerza política que tiene más clara su estrategia, aboga por dejar en manos del pleno la suspensión y ha pedido mantener intactos los derechos de los diputados en la rueda de prensa ofrecida por la parlamentaria Maria Sirvent. Los Comunes, por voz de Elisenda Alamany, emplazan a Pedro Sánchez a que ordene a la nueva Fiscal General del Estado, María José Segarra, que retire las acusaciones de rebelión y que se ponga fin a la judicialización del debate político en Cataluña. Alamany ha tildado la decisión de Llarena de “absoluta barbaridad, del todo contraria a la normalidad democrática necesaria para avanzar”.

El PSC se remite a la reunión de la Mesa de este próximo jueves y a lo que digan los letrados de la cámara sobre la suspensión. De todas formas, no parece probable que responda afirmativamente a la invitación de JxCat después de que su primer secretario, Miquel Iceta, haya afirmado que en un estado de derecho se tienen que acatar las decisiones de la justicia y que “las resoluciones judiciales no se votan en los parlamentos”.

Por parte de ERC, Anna Caula, portavoz adjunta, ha avanzado que los republicanos consensuarán una respuesta común los dos partidos afectados, que son la propia Esquerra y los neoconvergentes. “Defenderemos los derechos políticos de nuestros diputados”, ha asegurado Caula, aunque ha apostado por esperar a “analizar en profundidad el auto de Llarena para dar una repuesta precisa” antes de posicionarse de forma clara. Es probable que la formación republicana adopte el jueves una postura de cara a la reunión de la Mesa del Parlament. Torrent está de viaje en Quebec y aún no ha reaccionado a la noticia.

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