Operación en ayuntamientos de toda España por la contratación irregular de la gestión del tráfico

Un total de 580 policías se han desplegado este martes por decenas de ayuntamientos de toda España en una macrooperación contra el fraude en la adjudicación de contratos de gestión del tráfico y multas, en la que han sido detenidas decenas de personas, entre ellos un alcalde de Cs, cargos de PP y PSOE, policías y empresarios. Se trata de la operación 'Enredadera', desarrollada por la UDEF de la Policía Nacional, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y por la Fiscalía Anticorrupción, y en ella ha sido arrestado, entre otros, el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, primer regidor de Ciudadanos detenido por corrupción.

Fuentes policiales han detallado que se han realizado 39 detenciones en diversos municipios y que al menos 18 pasarán a disposición del juzgado badalonés que empezó las investigaciones. Entre ellos, hay dos responsables de Aplicaciones Gespol, empresa epicentro de esta trama y que desde 2016 pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr, que ha anunciado una investigación interna sobre lo ocurrido.

Otro juzgado de León investiga una pieza separada de esta trama en la que han sido arrestados el empresario leonés José Luis Ulibarri, relacionado con la trama Gürtel, y Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León.

La UDEF también ha realizado 92 registros y 21 requerimientos de información en ayuntamientos, despachos y sociedades de una cuarentena de municipios, además de en la Diputación de Alicante, además de 19 requerimientos de documentación en localidades de al menos cinco comunidades.

Las detenciones, investigaciones y registros afectan a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos y se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Fuentes de la investigación han indicado que los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial. Sin embargo, en casos como el de Torrelodones, fuentes municipales señalan que el contrato sospechoso se adjudicó en 2010, cuando aún gobernaba el PP.

Los investigadores sospechan que también se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria. La empresa pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.

Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.

Una cuarentena de municipios afectados

El listado de municipios afectados es muy amplio e incluye varias capitales de provincia, con registros en los ayuntamientos de Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia o Teruel.

También en Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones (Madrid); Tiana y Mollet del Vallés (Barcelona); Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (León) y Vélez Málaga.

Además, por orden del juzgado, la Policía ha requerido documentación a Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de capitales como Vitoria o Logroño.

También en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí (Barcelona); Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo (Madrid), La Cistérniga (Valladolid), El Puig y Gandía (Valencia), O’Grove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante).

Entre los detenidos que han trascendido está, además de los citados, un oficial de Policía Local de Alcobendas, el subinspector de Policía Local de Plasencia y un responsable de informática de Mollet del Vallés.

Se investiga al responsable de Nuevas Tecnologías de Majadahonda y ha declarado ante la Policía (sin que se haya comunicado su situación procesal) la concejal de Seguridad de Villanueva de la Cañada, Julia Tortosa. Ese ayuntamiento ha adjudicado desde 2014 por concurso público tres contratos por valor de más de 300.000 euros a Aplicaciones Gespol, según la documentación que ha comprobado Efe.

En el caso de Torrelodones, fuentes municipales han explicado que fue la anterior administración, del PP, la que adjudicó en 2010 por un “procedimiento negociado sin publicidad” una cantidad de 200.000 euros a la empresa Bibliomática, luego Aplicaciones Gespol.

Cs y PSOE actuarán contra los investigados y detenidos

Ciudadanos ha suspendido de militancia al alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, y a otros dos cargos, el excoordinador y actual asesor del partido en la Diputación de León Sadat Maraña y el portavoz en el Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo, Juan Carlos Fernández,

Ciudadanos, que ha hecho bandera contra la corrupción desde su irrupción en la escena política hace once años, se enfrenta ahora a sus primeros casos sobre los que el líder del partido, Albert Rivera, no ha hecho este martes ninguna referencia en la intervención en abierto que ha tenido ante su grupo parlamentario.

El partido naranja controla 76 ayuntamientos, entre ellos Mijas (Málaga) y los madrileños de Arroyomolinos, Villanueva del Pardillo y el Molar, y la mayoría son de pequeño tamaño.

También el PSOE suspenderá de militancia a los concejales socialistas que sean detenidos. Así lo ha confirmado el secretario ejecutivo de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, que ha avanzado en un comunicado que la dirección federal del partido actuará con rapidez y contundencia ante la detención de ediles del PSOE en el marco de esta operación, como hiciera tras el arresto hace unos días del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, investigado también por corrupción.