Jorge Rodríguez dimite como presidente de la Diputación de Valencia: “No somos ladrones”

El socialista, que seguirá siendo alcalde de Ontinyent, asegura que puede haberse equivocado o metido la pata, "pero nunca la mano"

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha dicho que dimite del cargo “con la conciencia bien tranquila” y seguro de su inocencia y la de su equipo en la corporación, así como convencido de que se pueden haber equivocado o metido la pata “pero nunca la mano”.

Así lo ha defendido en una comparecencia sin preguntas en la sede de la Diputación, en la que ha anunciado su renuncia a la Presidencia tras haber sido detenido e investigado por malversación y prevaricación en la operación Alquería, aunque seguirá como alcalde de Ontinyent.

El ya exportavoz del PSPV, suspendido de militancia en el PSOE, ha señalado que dimite del cargo “desde la lealtad a las administraciones y a la ciudadanía” y lo hace “orgulloso” de dejar la Diputación “en muy buenas manos”, las del actual vicepresidente segundo, Toni Gaspar -el candidato propuesto desde el PSPV- y su equipo provincial.

Podemos haber sido torpes, podemos haber sido demasiado confiados pero nunca ladrones“, ha reivindicado, y ha indicado que para demostrar su inocencia es “mejor estar fuera de la institución”.

A quienes puedan pensar que han puesto “el listón de la ética demasiado alto”, el ya expresidente les ha dicho: “No os engañéis, ese es el listón en el que siempre hemos querido actuar los socialistas”.

Asimismo, ha asegurado que dimite convencido de su inocencia y la de su equipo, pero convencido también de que su continuidad al frente de la institución “no puede contribuir” al cambio de percepción en el que han trabajado desde que llegaron a una Diputación “trufada de casos de corrupción” de los anteriores gestores, en alusión al PP.

“No voy a permitir que este asunto sea utilizado para dañar lo que tanto amo”, ha indicado, y ha insistido en que en sus tres años de gestión podrán haberse equivocado o cometido “alguna irregularidad de carácter administrativo”, pero está “absolutamente seguro” de que “nadie” ha metido la mano.

Ha admitido que la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, ha supuesto una “dificultad añadida, una piedrecita en el zapato” en sus tres años de gestión, y ha recordado que primero pensaron disolverla, pero les frenó “la inseguridad y el abandono en el que dejaban a las 600 familias” de quienes allí trabajaban.

Según ha añadido, optaron por controlar la gestión de la empresa nombrando un equipo directivo de siete personas, que capitaneadas por dos cogerentes y un asesor jurídico actuaran de “cordón sanitario” y gestionaran una firma donde aún estaba la UCO y mucho de los anteriores gestores.

Rodríguez ha aseverado que esos siete profesionales han asistido a su puesto de trabajo y han desarrollado su tarea “con total profesionalidad” hasta hace unos meses, cuando ante “las dudas de carácter administrativo existentes en la contratación” se decidió despedirlos para reestructurar la empresa.

Además, ha agradecido los apoyos recibidos estos días y ha destacado que se va contento por haber conseguido que el 92 % de alcaldes esté convencido de que su Diputación ha repartido las ayudas con criterios objetivos, al tiempo que ha defendido que el ejercicio de la política debe ir ligado “íntimamente a la ética”.

En su intervención, jaleada por sus seguidores al inicio y al final de la misma, no ha admitido preguntas -aunque se había anunciado como rueda de prensa- por la vigencia del secreto de sumario en la pieza del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que le mantiene como investigado junto a cinco personas más, pero ha dicho que volverá a comparecer cuando se levante esa medida.

Detrás de él se han situado durante su comparecencia su jefe de gabinete, Ricard Gallego, el cogerente de Divalterra Xavier Simón (ambos detenidos también junto a Rodríguez), el portavoz socialista en la Diputación, Pablo Seguí, y el diputado Toni Gaspar .