El juez Llarena da dos días a 14 exmiembros de Govern para pagar una fianza de 2,1 millones

El juez instructor de la causa sobre el "procés", Pablo Llarena, ha dado un plazo de dos días a 14 miembros del Govern cesado procesados por malversación, entre ellos Carles Puigdemont, para que paguen la fianza solidaria de 2,1 millones en concepto de responsabilidad civil que les impuso cuando les procesó. En una providencia, el juez del Tribunal Supremo insta a estos catorce procesados, entre los que también figura Oriol Junqueras, para que procedan a abonar la fianza de forma solidaria o de lo contrario, advierte, se procederá al embargo de sus bienes

La lista de los afectados por la decisión del juez es esta: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borrás, Clara Ponsatí, Antonio Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluis Puig, Carles Mundo, Dolors Bassa, Santiago Vila y Meritxell Serret. El pago de la fianza de 2.135.948 euros se exige bajo apercibimiento de que en caso de que no lo realicen en el plazo concedido, se procederá al embargo de los bienes de dichos procesados para cubrir las cantidades reclamadas.

La cantidad se ha calculado sumando a 1,6 millones de euros, que el magistrado señala que fue el montante que hubo de emplearse para sufragar el referéndum del 1-O según las investigaciones practicadas, el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley.

Por otra, sobre el envío de presos a Cataluña, el juez ha reiterado este viernes que no hay motivo alguno que le lleve a preferir una prisión sobre otra y que es una cuestión que depende enteramente del Ministerio del Interior. “No existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación”, dice en su providencia.

Lo ha hecho después de que Prisiones le comunicara que Oriol Junqueras y Raül Romeva han pedido ese traslado “por razones de vinculación familiar”, tal y como habían hecho antes otros encarcelados. En concreto, el juez ha argumentado lo mismo en otra providencia con fecha de este jueves con respecto a las peticiones que hicieron las defensas de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Al igual que estos procesados, Junqueras y Romeva solicitaron su traslado a otro centro penitenciario en Cataluña “por razones de vinculación familiar”. Aún queda por contestar a las peticiones que lleguen desde la prisión de Estremera, en la que también están encarcelados Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, que solicitaron su traslado este jueves, según informaron fuentes de la defensa.

En un auto de hace dos semanas en el que denegaba la libertad de Junqueras, Forcadell y Romeva, el instructor ya avisaba de que carece de competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer los líderes independentistas investigados que se encuentran en prisión preventiva. Apoyándose en la jurisprudencia del Supremo, Llarena explicaba que a los órganos penitenciarios les corresponde organizar, gestionar y fijar la actividad y ubicación de los presos en los establecimientos, “lógicamente debe serles reconocida como función propia la distribución de los penados”, ya que son ellos los que conocen la naturaleza de los centros y el número de plazas existentes.