Puig suspende al presidente de la Diputación de Valencia de todos sus cargos tras su detención

El secretario general del PSPV-PSOE y 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha convocado al Secretariado para proponer la suspensión del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, de todos sus cargos, tras su detención en la operación Alquería, y ha propuesto al actual vicepresidente, Toni Gaspar, como candidato a sustituirle.

Según ha informado el PSPV, Puig ha convocado al Secretariado de los socialistas valencianos a las 22.30 horas de este miércoles para abordar la decisión, a raíz del arresto de Rodríguez en el marco de la operación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa.

“La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que todos los valencianos estamos haciendo para levantar la hipoteca reputacional, tras veinte años de gobiernos del PP”, ha reivindicado el jefe del Consell, que ha tomado esta decisión “tras un día difícil” y en el que ha compartido “reflexiones con muchos compañeros y compañeras”.

En cualquier caso, ha remarcado que “el PSPV confía en la presunción de inocencia de Jorge Rodríguez y serán los jueces quienes determinen la responsabilidad, en una investigación de la que nada se conoce porque permanece secreta y de la que nada en estos momentos nos hace presumir que haya una responsabilidad directa de Rodríguez”.

“El PSPV siempre ha sido contundente, ha luchado, se ha arruinado por defender la ley y la lucha contra corrupción. Así será siempre en el PSPV”, ha enfatizado Puig, “ante todos los casos de posibles irregularidades, cualquiera que sea su naturaleza, y así lo seguirá siendo”.

“Para garantizar la estabilidad en la Diputación de carácter inmediato”, el jefe del PSPV ha avanzado que propone a la Ejecutiva que el actual vicepresidente, Toni Gaspar, sea el candidato a la Presidencia de la corporación provincial”.

El propio Puig pedía este mediodía tras conocer la noticia una “extremada prudencia” con respecto a la detención para después apuntar que habría “derivadas políticas” cuando avanzase la investigación sobre el caso. Eso sí, ha dejado claro que no le parecía “una cuestión que tenga nada que ver con corrupción”.

Por otro lado, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguraba que el partido aplicaría su código ético a Rodríguez. “Déjeme verlo”, ha contestado Sánchez a los periodistas en los pasillos del Congreso cuando le han preguntado si exigirá a Rodríguez que dimita.

Una detención que el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha tachado de “lamentable” y “vergonzosa”, y pese a decir que no conoce los delitos que se le imputan, entiende que no puede seguir en su cargo dada la “aparatosidad” de su detención.

Detención a primera hora

El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha sido detenido, junto a otras cinco personas, tras una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre varios contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra en una causa abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación.

El resto de detenidos en la denominada operación Alquería son los cogerentes de Divalterra (la antigua Imelsa), Agustina Brines (de Compromís) y Javier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de la Diputación, entre ellos el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego.

Rodríguez es también alcalde de Ontinyent y portavoz de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE, uno de los jóvenes con más proyección dentro del partido en los últimos años y que preside la Diputación desde 2015 con Compromís y Esquerra Unida como socios de gobierno.

Según las estimaciones del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Rodríguez, sus dos asesores y Cuerda pasarán previsiblemente el próximo viernes a disposición del juez instructor que ha coordinado la operación Alquería, desarrollada desde las 7.30 horas entre Valencia y Ontinyent.

La causa se inició este año tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y en ella se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra en 2015.

Divalterra nació como Imelsa en 1995, bajo el mandato del PP, como empresa de gestión forestal, pero con el cambio de gobierno se modificó el nombre para desvincularla de los procesos judiciales del llamado caso Imelsa y se le ampliaron sus competencias para abarcar más áreas de promoción económica y ambiental de la provincia.

Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han practicado registros en la Diputación, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent -con Rodríguez escoltado por varios agentes- y en la sede social de Divalterra, en la valenciana calle Avellanas.

El instructor ha autorizado también la entrada y registro en cuatro viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros tres investigados.

En el dispositivo, que se ha activado con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia, según el TSJCV.