Sánchez promete a Urkullu que estudiará acercar a presos de ETA y los traspasos pendientes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pactado este lunes con el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, crear grupos de trabajo para estudiar el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco y analizar y negociar el traspaso de 37 competencias pendientes. Eso es lo que ha avanzado Urkullu tras reunirse con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, un encuentro con el que se ha abierto la ronda de contactos bilaterales entre el jefe del Ejecutivo y los presidentes autonómicos. Con Quim Torra está previsto que se vea el 9 de julio.

En rueda de prensa, Urkullu ha informado de que también han acordado una reunión de los equipos jurídicos de cada gobierno para ver cómo se pueden encauzar algunos recursos pendientes de resolver ante el Tribunal Constitucional planteados por el Ejecutivo central contra leyes vascas. Entre otras cuestiones, se ha acordado retirar el recurso contra la Ley de Abusos Policiales.

A tenor de las explicaciones de lehendakari, el PNV ha encontrado en el presidente socialista un interlocutor con el que se encuentra más a gusto que con Mariano Rajoy, tras haber llevado a cabo el ejercicio de contorsión política que supuso aprobar primero los Presupuestos del Gobierno del PP y permitir, inmediatamente después, que saliera adelante la moción de censura contra el presidente ‘popular’.

En las casi dos horas que ha durado el encuentro, Urkullu ha trasladado a Sánchez sus prioridades, incluidas las relativas al autogobierno y al cambio de modelo de Estado para que la Constitución asuma la “plurinacionalidad” de España “sin ruptura”. “No hemos hablado de ruptura, sino de convivencia”, ha explicado Urkullu. “En mi segundo mandato como lehendakari, nunca fui recibido en Moncloa y tampoco se creó ningún grupo de trabajo para materializar los traspasos”, ha señalado el presidente vasco.

Sobre el acercamiento de los presos, el lehendakari ha dicho entender la “cautela” del presidente del Gobierno debido a que se trata de un asunto muy polémico en el que es fundamental preservar la memoria y el respeto a las víctimas. Por ello, se ha hablado de “normalización” de la política penitenciaria pero sin fijar un calendario ni un horizonte determinado para modificar el sistema. El grupo de trabajo que se encargará de este asunto “hará un análisis” y “propondrá una actuación” que servirán de base para dictaminar los tiempos.

En el capítulo de transferencias, se ha acordado impulsar el estudio de las tres materias que se encuentran más avanzadas: la gestión de las autopistas (la A-68 y parte de la A-1), el puerto de Pasaia y la competencia sobre los centros penitenciarios. Por lo que se refiere a la Seguridad Social, Urkullu ha aclarado que se trataría solo de transferir su gestión económica, tal y como prevé el Estatuto de Autonomía, pero no es un tema que se haya abordado en la reunión de este lunes. Es más, fuentes de Moncloa precisan que es un asunto demasiado “complicado” para que se pretenda resolver en esta legislatura. Urkullu ha informado, por otra parte, de que en el encuentro con Sánchez no se ha hablado de las negociaciones para empezar a preparar los Presupuestos de 2019 por ser un asunto que compete al PNV, y no al Gobierno vasco.

De cara al futuro, se ha programado un encuentro en julio para abordar el traspaso de la gestión de dos líneas de ferrocarril, la que une Bilbao con Basauri y Alonsotegui-Barakaldo, cuyos trámites ya inició el Ejecutivo anterior de Rajoy en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional.

El delegado del Gobierno en Euskadi, a favor de acercar a los presos

Antes de la entrevista entre Sánchez y Urkullu ha tomado posesión el nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, que se ha mostrado abiertamente partidario de una “reformulación de la política penitenciaria” tras la desaparición de ETA y del “acercamiento progresivo e individualizado” de los presos de la banda. Loza ha prometido su cargo ante un ejemplar de la Constitución en un acto celebrado en la sede de la Delegación en Vitoria en el que ha destacado que llega a esta institución con el objetivo de buscar la “cooperación” con las instituciones vascas y “acuerdos” entre los ejecutivos central y autonómico, y con voluntad de “escuchar” y “dialogar”.

Durante su discurso, ante una importante representación del miembros del PSE-EE, con su líder Idoia Mendia al frente, y de miembros del Gobierno Vasco, como su portavoz, Josu Erkoreka, ha recordado que proviene de una “cultura de pacto” y ha subrayado que se “implicará” en el “desarrollo” del autogobierno vasco, “siempre de forma subsidiaria a la iniciativa” del Ejecutivo de España. También tratará de encauzar las diferencias que surjan “evitando al máximo los contenciosos desde la Delegación”, como ha dicho que hizo su predecesor en el cargo, Javier de Andrés, presente asimismo hoy en el acto.

Loza ha dedicado a la víctimas del terrorismo una parte amplia de su discurso y ha remarcado que serán su “prioridad”. También ha subrayado que tras la desaparición de ETA quedan “asignaturas pendientes” y ha censurado el “silencio” de Sortu ante el reciente intento de homenaje a los asesinos del socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez en Vitoria. “Quedan aún rescoldos de odio y brasas de intolerancia que es necesario apagar para evitar disgustos en el futuro”, ha afirmado Loza, quien ha asegurado que va a trabajar por el reconocimiento de las víctimas, por mejorar su reparación y lugar, y contra los intentos de humillación que puedan sufrir, así como por profundizar en la justicia, ya que quedan aún más de 300 asesinatos sin resolver. Es necesario, ha dicho, insistir en la deslegitimación ética, social y política del terrorismo y en la construcción de un “relato veraz y honesto” que establezca “con claridad que hubo víctimas y verdugos”.

Loza ha explicado que las instituciones deben tender “puentes” entre víctimas y victimarios, aunque ha dejado claro que “no se puede pretender que las víctimas tiendan puentes sin que los victimarios desanden caminos” y ha pedido a Sortu que reconozca la ilegitimidad del uso de la violencia. Ha reconocido que tras la desaparición de ETA hay que avanzar hacia una convivencia basada en el respeto a los Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto. “Marcos -ambas leyes- que no son inamovibles” y cuyas reformas “habrá que afrontar” buscando consensos. Además ha apostado por una “reformulación de la política penitenciaria”, según lo expresado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, basada en la reinserción.