Marine Le Pen tendrá que devolver 300.000 euros al Parlamento Europeo

La eurodiputada de extrema derecha no ha podido demostrar el uso de ese dinero para la contratación de una asistente parlamentaria

El Tribunal General de la UE confirmó este martes la decisión del Parlamento Europeo de exigir a la eurodiputada de la extrema derecha francesa Marine Le Pen la devolución de unos 300.000 euros, por no haber demostrado el uso de ese dinero para la contratación de una asistente parlamentaria. Le Pen había solicitado a la Justicia europea la anulación de la decisión de la Eurocámara contra ella.

En su sentencia dictada este martes, el Tribunal General desestima el recurso de Le Pen y confirma la decisión del Parlamento de exigir la devolución del importe.

El caso se remonta a diciembre de 2016 cuando el PE instó a la eurodiputada a reembolsar 298.497 euros que consideró le habían sido abonados indebidamente en concepto de gastos de asistencia parlamentaria.

La suma correspondía a los pagos de la Eurocámara por una colaboradora contratada por Le Pen como asistente parlamentaria de 2010 a 2016.

El PE acusó a la eurodiputada de no haber aportado pruebas de que esa asistente “hubiese desarrollado una actividad vinculada de modo efectivo, directo y exclusivo a su mandato parlamentario”.

Le Pen pidió al Tribunal General de la UE la anulación de la decisión. Sin embargo, los jueces desestimaron este martes el recurso de Le Pen y confirmaron la decisión del Parlamento Europeo.

En particular, el tribunal dejó claro que corresponde a los eurodiputados, y no al Parlamento, probar que los importes pagados han servido para cubrir gastos efectivamente realizados y debidos a la contratación de asistentes.

En este caso concreto, añade la sentencia, la eurodiputada “no logró demostrar que su asistente realizara efectivamente tareas para ella”.

En particular, no presentó pruebas de que la asistente “desarrollara ningún tipo de actividad en concepto de asistencia parlamentaria” ni que Le Pen recibiera una asistencia directa en los locales del Parlamento. Tampoco aportó pruebas Le Pen de que su asistente parlamentaria tuviera un domicilio oficial en Bruselas.

La sentencia subraya asimismo que no se han violado los derechos de defensa de Le Pen, quien “tuvo la oportunidad de defender adecuadamente su punto de vista”.

Añade que la eurodiputada tampoco ha recibido “un trato discriminatorio y tendencioso, ya que no ha aportado ninguna prueba que permita afirmar que el Parlamento sólo haya abierto procedimientos similares, en el pasado o actualmente, contra los eurodiputados del Frente Nacional”.

Los jueces concluyeron, por otra parte, que el secretario general del PE puede tomar decisiones de recuperación de cantidades indebidamente abonadas y que la posibilidad de que el PE decida recuperar cantidades indebidamente pagadas por gastos de asistencia parlamentaria no atenta contra la independencia de los diputados.

Esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE.