Urdangarin entrará en prisión tras la condena del Tribunal Supremo a 5 años y 10 meses

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión del cuñado del rey Felipe VI y marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, por lo que se convierte en el primer miembro de la Familia Real en tener una sentencia firme para entrar en la cárcel. La sentencia reduce en 5 meses la pena que le impuso la Audiencia de Palma al absolverle de un delito de falsedad en documento público cometido por funcionario, pero le sitúa a un paso del ingreso en prisión. De hecho, la Audiencia le ha citado este miércoles, junto a los demás condenados, para entregarle la orden de prisión y se espera que su ejecución sea inminente.

Se mantiene la condena de Urdangarin por malversación, prevaricación, fraude a la Admnistración, dos delitos fiscales y tráfico influencias. Además, se estima el recurso de la Abogacía del Estado y se incrementa ligeramente la cuantía de las dos defraudaciones tributarias por las que fue condenado (en la misma proporción en la que se reduce la de Diego Torres), confirmándose 2 años de cárcel por dos delitos fiscales y 512.553 euros de multa, así como el pago de una indemnización a Hacienda de 326.925 euros. El ministerio fiscal pidió hasta 19 años de privación de libertad, aunque la pena finalmente fue rebajada a más de la mitad gracias a la aplicación de atenuantes, que en otros casos como el de la trama Gürtel valenciana, no se dieron: la reducción prevista en el art. 65.3 del Código penal (a los delitos de falsedad, malversación y fraude a la Administración) y el concurso medial entre determinados delitos.

La modulación de las condenas que introduce el Supremo afecta de forma singular al exsocio de Urgangarin ya que la condena total de Diego Torres pasa de 8 años y 6 meses de prisión a 5 años y 8 meses al ser absuelto de los delitos de blanqueo de capitales y de tráfico de influencias. Esto es importante porque el tribunal no cree que esté claramente establecida la vinculación de los fondos movilizados con la cuota tributaria defraudada ni que los hechos probados reflejen su participación directa en el segundo delito, por el que sí es condenado Iñaki Urdangarin. Se le absuelve también de falsedad, lo que no implica una reducción de la pena, que en este punto se mantiene en tres años menos un día de cárcel. Se mantiene la condena de Torres por malversación y prevaricación. Respecto a Jaume Matas, la Sala ratifica en los mismos términos el pronunciamiento de la Audiencia de Palma, que condenó al expresidente balear a 3 años y ocho meses por delitos de prevaricación en concurso con falsedad y malversación y por fraude a la administración, y le impuso siete años de inhabilitación.

El Supremo confirma la responsabilidad de partícipes a título lucrativo de Ana María Tejeiro y de Cristina de Borbón de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la Administración cometidos por sus cónyuges. Sin embargo, estima en parte el recurso de Ana María Tejeiro en relación a su declaración de responsabilidad como partícipe a título lucrativo del delito fiscal de su marido, lo que por extensión se aplica también a Cristina de Borbón respecto a los dos delitos fiscales cometidos por su marido, al argumentar que no es posible la participación a título lucrativo en delitos de defraudación tributaria. La Sala apela al artículo 122 del Código Penal que, según se dice en la sentencia, invita a pensar que solo abarca a los delitos de enriquecimiento, es decir, aquéllos que producen beneficios económicos directamente. Quien elude el pago de tributos, prosigue, “consigue retener lo que ya tenía” y no hay efectos procedentes de ese delito, por lo que “no se puede participar de lo generado por un delito que no reporta directamente bienes sino que evita una disminución del patrimonio. La cantidad no abonada no queda identificada o señalada”.

La sala recuerda, por otra parte, que las indemnizaciones en favor de la Hacienda Pública que puedan fijarse en un proceso penal no constituyen en rigor responsabilidad civil nacida de delito, sino “una deuda tributaria, regida por la legislación tributaria”. Por todo ello, en el caso de Cristina de Borbón, la cuantía a la que tiene que hacer frente asciende a 136.950 euros, y en el de Ana María Tejeiro, a 172.550 euros. Es decir, se reduce en 128.138 euros la cuantía inicialmente adjudicada a la infanta y en 172.384 euros la correspondiente a Tejeiro. La consecuencia de esta decisión es que tanto Iñaki Urdangarin como Diego Torres deberán asumir en su totalidad el pago de lo defraudado, que en el caso de este último y en el de su esposa ya está consignado, como resaltaba la sentencia recurrida.

Desvío de fondos públicos aprovechando una posición de privilegio

En relación a la malversación, el tribunal destaca que no puede cuestionarse la naturaleza pública de los fondos sustraídos, que la sentencia cuantifica en 445.000 euros, pagados a Nóos “pese a no haberse producido la correlativa contraprestación. Los servicios a que obedecían esos pagos no se habían llevado a cabo”. Urdangarin tuvo una implicación en la actividad malversadora (pago indebido) que encajaría en dos formas de participación: tanto la inducción como la cooperación necesaria.

El alto tribunal recuerda, por ejemplo, que entre 2004 y 2005 el marido de la Infanta Cristina propuso la celebración de un foro sobre turismo y deportes en las Islas Baleares y cómo “la ascendencia ejercida por D. Ignacio Urdangarin Liebaert, nacida de la íntima relación de amistad que mantenía con el entonces Director General de Deportes, D. José Luís Ballester Tuliesa y, fundamentalmente, del privilegiado posicionamiento institucional del que disfrutaba, dada su proximidad a la Jefatura del Estado- por cuanto en aquellas fechas formaba parte de la Familia Real, con ocasión de la relación de parentesco que por vínculo matrimonial había adquirido-, propició que el President del Govern decidiera aceptar la propuesta, omitiendo los trámites legalmente establecidos”. Ese procedimiento irregular se enmascaró más delante de la siguiente manera: “La decisión previa, verbal y unilateralmente adoptada por el President del Govern fue revestida, con posterioridad, de ciertas formalidades con la intención de dotarla de una apariencia de legalidad. Simulando, para la consecución de tal propósito, que las decisiones concernidas a tal contratación habían sido adoptadas por los órganos que integraban la Fundación Illesport, en las que se comprometía, a su vez, la participación del Instituto Balear de Turismo (IBATUR)”.

Entre las “formalidades” que siguieron al acuerdo alcanzado sin respetar la ortodoxia propia de tales trámites, se menciona el acta con fecha 30.5.2005 “en la que se hace constar una nueva reunión que tampoco fue celebrada en la que, entre otros acuerdos, consta aprobada por unanimidad la firma del convenio de colaboración entre la Fundación, IBATUR, y el Instituto
Noos para llevar a cabo en Palma la celebración del “Illes Balears Tour Sport Summit”: Cumbre sobre Turismo y Deporte”, por un importe de 1.200.000 €”. Las dos cumbre organizadas por Nóos en Baleares le reportaron dos millones de euros, a los que hay que sumar los 300.000 por montar una oficina para seguimiento del equipo ciclista de las islas.

Por lo que se refiere al segundo foro, la sentencia constata que en el ejercicio 2006, “la ascendencia de D. Ignacio Urdangarin procura nuevamente la adopción de la decisión verbal y unilateral de contratar a la Asociación Instituto Nóos para la celebración de una segunda cumbre en Baleares. Para revestir formalmente esa decisión, del mismo modo que en las actuaciones precedentes, don Gonzalo Bernal García, siguiendo las indicaciones de D. José Luís Ballester Tulies- respecto de las que no consta oposición alguna por parte del President del Govern, D. Jaume Matas Palau, elabora cuatro actas. (…)”.

“Es de destacar que el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por el recurrente y su socio”, destaca la sentencia y añade: “Más aún, el desarrollo posterior de la secuencia con la voluntariosa, y disciplinada actitud de acatamiento a todas las propuestas de los recurrentes por parte del Presidente, aceptando precios, imponiendo decisiones y sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas, pone bien a las claras de manifiesto que se produjo ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente, actitud que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notoria condición, combinada y reforzada por su amistad con José Luis Ballester”.

Por todo lo anterior, el Supremo también considera cometido el tráfico de influencias del artículo 429 del Código Penal, que en su redacción vigente al tiempo de ocurrir los hechos, ya establecía que “el particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector público…”

Absolución del delito de falsedad 

La sentencia excluye a Urdangarin y Torres del delito de falsedad por el que venían condenados en combinación con delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, al no darse como probada una intervención de ninguno de los dos en la documentación falsaria elaborada por los funcionarios para plasmar y justificar las resoluciones arbitrarias analizadas. El impacto de esta absolución en las penas impuestas es escaso por no decir nulo. De hecho, a Torres se le mantiene la misma pena de prisión (3 años, la máxima posible) que cuando tenía también falsedad, mientras que a Urdangarin le supone una reducción de 5 meses por la aplicación de la atenuante de reparación del daño que observó la Audiencia de Palma, al haber consignado antes del juicio fondos suficientes para hacer frente a todas las responsabilidades civiles e indemnizaciones a las que debía hacer frente.

La Sala aprovecha para cuestionar la actuación de una de las acusaciones, la del pseudosindicato Manos Limpias. Asegura que algunos indicios hacen pensar que la estrategia procesal de esta parte en relación con Cristina de Borbón estaba presidida por consideraciones ligadas más bien a escenarios extraprocesales que con el legítimo proceso de convencer a un tribunal de que esa condena era justa.

Para argumentar esta apreciación, recuerda que dicha acusación popular pedía 8 años de prisión para Cristina de Borbón por dos delitos fiscales, y razona: “Se hace difícil pensar que un profesional del derecho considere que un delito contra la hacienda pública del que no es autor, sino cooperador necesario y por cuantía no superior a 120.000 euros merezca ese máximo punitivo, despreciando sin razones especiales la posibilidad del artículo 65.3 CP que permitiría rebasar por debajo el mínimo legal o minimizando el dato de que la cantidad adeudada ha sido íntegramente consignada”. La conclusión es que la Sala aprecia en el comportamiento procesal de esta acusación, al menos en las últimas fases del proceso, “una ausencia de prudencia y de ponderación y una absoluta y aparentemente deliberada y preconcebida impermeabilidad a cualquier elemento que pudiera favorecer a quien acusaba en solitario”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisó el caso el pasado 21 de marzo en una vista pública en la que la fiscal Ángeles Garrido defendió un incremento de las penas para Urdangarin y su socio Diego Torres por considerarles “motor de toda la secuencia” de los delitos cometidos mediante el Instituto Nóos. Para el primero solicitó que se incrementara la condena inicial de 6 años y 3 meses de prisión hasta los 10 años. La sentencia sobre los recursos ha sido elaborada por los magistrados Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo.

RELACIONADO