Ordenan averiguar el domicilio del empresario amigo de Puigdemont tras no presentarse en la AN

El magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha solicitado a la Policía que averigüe donde se encuentra el domicilio de Josep María Matamala, empresario amigo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, después de que no se haya presentado este lunes en la Audiencia Nacional para declarar por delito de encubrimiento, informan fuentes jurídicas.

Matamala estaba citado en calidad de investigado junto con otras tres personas que acompañaban al exmandatario catalán cuando fue detenido en su vuelta desde Finlandia a Bélgica. Sin embargo el empresario, que reside en Bélgica, no ha acudido alegando que no se le ha notificado la citación.

Sí se han presentado las otras tres personas que viajaban con él, que son los agentes de los Mossos d’Esquadra, Xavier Goicoechea Fernández y Carlos de Pedro López y el profesor de la Universidad de Barcelona Josep Lluís Alay, que han explicado que iban a llevarle a la Fiscalía belga.

Los investigados han indicado que su intención era llevar al exmandatario catalán ante el Ministerio Público belga al ser conocedores de que el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa independentista, Pablo Llarena, había reactivado la orden de detención internacional contra Puigdemont, huido de la Justicia desde finales de octubre.

En el caso de los mossos, uno de ellos estaba esos días de vacaciones y otro disfrutaba de días libres por asuntos propios, según han relatado al magistrado. Las fuentes han explicado que mientras los mossos solo han contestado a su abogado, Alay ha respondido a las preguntas de todas las partes.

En declaraciones a los medios a la salida de la declaración, el abogado de Alay, Jaume Alonso-Cuevillas -que también defiende a Puigdemont-, ha reiterado que, a su juicio, “el tema no tiene ninguna relevancia penal”. Una afirmación que ha venido realizando desde que los cuatro acompañantes del expresident fueron detenidos, cuando manifestó que si la acusación era de encubrimiento “no tiene base legal porque el señor Puigdemont viajaba a Bruselas para ponerse a disposición de las autoridades belgas” cuando fue detenido en Alemania.

De Egea les imputó por estos hechos el pasado 10 de mayo al admitir a trámite una denuncia que interpuso la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras abrir una investigación a las cuatro personas que viajaban con Puigdemont en el mismo vehículo el día de su detención el 26 de marzo -los mossos Xavier Goicoechea Fernández y Carlos de Pedro López, Matamala y Alay-.

El arresto de Puigdemont en una gasolinera próxima a la frontera de Alemania con Dinamarca se produjo horas después de que el juez Llarena reactivara la euroorden para su detención al dictar su procesamiento por rebelión. Por ello considera la Fiscalía que las cuatro personas que le acompañaban en ese viaje podían haber incurrido en un delito de encubrimiento por, supuestamente, haberle ayudado a sustraerse de la justicia.

La Fiscalía abrió esta investigación al recibir una denuncia de la Policía Nacional que, días después de ese viaje, detuvo a los dos mossos d’esquadra y a Alay.

Matamala, que se instaló en Bélgica cuando Puigdemont se marchó a ese país y ahora le acompaña en Alemania, fue quien, según la prensa belga, se encargó de tramitar el alquiler de la casa de Waterloo donde residía el expresidente hasta su detención el 26 de marzo.

El empresario fue concejal de CiU en Girona entre 1987 y 1995 y posee varias sociedades, una de ellas encargada de organizar recintos feriales (de la que Puigdemont llegó a ser consejero delegado solidario), otras dos de edición de libros y de productos de papelería y una cuarta del sector de los muebles.

En el caso de que la Policía no consiguiera dar con su paradero y el juez no pudiera citarle, el siguiente paso podría ser dictar una orden de detención contra él para que sea puesto a disposición del juez.