La Fiscalía pide actuar en Bélgica pero Llarena prefiere atar la entrega de Puigdemont

La Fiscalía no se conforma con la decisión de la justicia belga de denegar la entrega de los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluìs Puig. Por eso, y aunque está de acuerdo con el juez Llarena en que no ha habido error alguno en la petición cursada a Bruselas, ha solicitado al magistrado que dicte un auto de mantenimiento y ratificación de la prisión provisional incondicional acordada con anterioridad respecto a los políticos reclamados y que emita una nueva orden europea de detención y entrega. El magistrado, sin embargo, ha preferido dirigirse a la justicia alemana para evitar que el contagio impida la entrega de Carles Puigdemont.

El juez belga encargado de estudiar la extradición a España de los exconsejeros catalanes rechazó el miércoles la euroorden dictada contra ellos por “defectos de forma”, concretamente por no existir una orden de detención previa en España y por considerar que el auto de procesamiento dictado por el magistrado del Tribunal Supremo no cumple esa función.

De hecho, los letrados de los ‘exconsellers’ han esgrimido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso del camionero rumano Aurel Bob-Dogi, que fue objeto de una cuestión prejudicial. En aquella ocasión, el TJUE determinó que sin detención efectiva en curso en el país de origen del reclamado, no hay entrega posible.

La Fiscalía de Bruselas ha considerado que el precedente encaja en la situación de Comín, Puig y Serret, y por ello ha defendido ante la Audiencia que debía decidir sobre la entrega que no existen “órdenes de arresto nacionales conformes” y por tanto las OEDE cursadas son “irregulares”. El tribunal no ha necesitado ni siquiera pensárselo y en la audiencia fijada para el pasado miércoles dio la razón a las defensa ‘in voce’ y sin necesidad de entrar al fondo del asunto.  Eso significa carpetazo definitivo y sin posibilidad de recurso.

Fuentes del Supremo y el propio juez Llarena han reprochado a Bélgica su falta de cooperación y que hayan optado por una salida “contraria al principio de confianza recíproca” al valorar la naturaleza jurídica de resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español, discrepando de la que el Tribunal Supremo ha informado que tienen. Por eso, el magistrado que instruye la causa del ‘procés’ se ha dirigido este jueves a Alemania en previsión de que se produzca un ‘efecto contagio’ que impida la entrega de Carles Puigdemont para informar de que el error no ha sido cometido por España, sino por Bélgica.

Llarena ha remitido este escrito a la Fiscalía alemana en el que considera que la decisión de la justicia belga se debe a un error de interpretación. El juez recoge los mismos argumentos de la Fiscalía y explica que el auto de procesamiento contra Puigdemont que sustenta la Orden Europea de Detención (OED) librada el pasado 23 de marzo “es equiparable a una orden de detención y por tanto cumple los requisitos de la decisión Marco relativa a la orden de detención europea”.

La carta va dirigida a la fiscal jefe del tribunal alemán y el magistrado, en aras de “evitar alegatos de parte que puedan conducir al mismo error”, le informa de que el auto de procesamiento se incluiría como una de las resoluciones judiciales previstas en el artículo 8.1 de la Decisión Marco del Consejo, según el cual, la información que debe contener una OED es “la indicación de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza prevista en el ámbito de aplicación de los artículos 1 y 2”.

El instructor recuerda que el auto de procesamiento que sustenta la OED que ha cursado recogía los hechos y responsabilidades atribuidos a Puigdemont, una vez terminada la fase de investigación y se acordaba la medida cautelar de prisión que había sido adoptada al inicio de la misma. A partir de ese momento, en España, añade LLarena, “dicha resolución es la resolución ejecutiva respecto de la prisión provisional de Carles Puigdemont”. En virtud de esa resolución, Puigdemont sería inmediatamente detenido e ingresado en prisión si fuera encontrado en España o se procediera a su entrega.

Eso es básicamente lo que esgrime la Fiscalía: “En síntesis, el auto de procesamiento reúne la doble cualidad de auto de prisión u orden detención nacional previa a la orden de detención europea a los efectos de la reclamación y entrega de los imputados que han eludido la acción de la justicia”.

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