El duro golpe de la Justicia belga al juez Llarena y al Gobierno

En vísperas de la toma de posesión de Quim Torra, como presidente interino de la Generalitat, que está provocando todo tipo de tensiones y problemas con el Gobierno central, la justicia belga ha rechazado la entrega de los ex conceller de la Generalitat, Lluis Puig, Toni Comín  y Meritxell Serret a la Justicia española y tras el informe de la Fiscalía ha decidido no atender siquiera la euroorden cursada por el  juez Pablo Llarena, por defecto de forma.

La decisión de la Justicia belga es un duro golpe a la Justicia española, al Tribunal Supremo y, sobre todo al juez que instruye la euroorden Pablo Llarena, que puede tener consecuencias en otras decisiones judiciales que están pendientes en el Reino Unido y, sobre todo, en Berlín, donde el expresidente de la Generalitat es reclamado por delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. En el caso de Puigdemont la euroorden ha sido ampliada y además del delito de Rebelión también es reclamado por delitos de sedición y conspiración para la Rebelión, en un intento de cubrir todo el flanco jurídico, ante la posibilidad de que la Rebelión no sea reconocida en Alemania, que si lo es, pero que puede conducir a distintas interpretaciones.

Pero lo más preocupante de todo lo que ha pasado este miércoles en Bruselas es el que la negativa a la entrega de los fugados catalanes se ha producido por defecto de forma. Según la información proporcionada por la defensa  de los ex conceller tras recibir la euroorden de Llarena, el fiscal belga advirtió que en la documentación enviada contra  los reclamados no figuraba ninguna orden de detención nacional, para el territorio español. La directiva del Consejo Europeo que regula la Euroorden establece que, si la justicia de un país quiere reclamar a un ciudadano, debe haber emitido antes en su propio territorio sentencia inculpatoria u orden de detención.

El fiscal pidió explicaciones a Llarena: “¿Cuál es la reclamación en que se sustenta?”. El magistrado español, según un informe de la Fiscalía belga, contestó que era su auto de procesamiento contra los exconsellers que se fueron de España, así como contra Puigdemont, hay orden de detención local, vigente en territorio español, pero emitida por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

El abogado defensor Gonzalo Boye ha utilizado la doctrina de la Justicia de la Unión Europea sobre una euroorden contra un camionero rumano que tuvo un accidente de tráfico por exceso de velocidad, se pidió la entrega por una suborden que fue rechazada por defecto de forma en tanto no hubo una orden de detención previa en Hungría. Los tribunales húngaros recurrieron y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ( (TJUE) falló que “Cuando una orden de detención europea no menciona la existencia de una orden de detención nacional, la autoridad judicial de ejecución no podrá darle curso si dicha autoridad comprueba que la orden de detención europea no es válida“.

Y eso además, cuando todo lo que el Gobierno ha hecho para hacer frente a la grave crisis de Cataluña, que en estos momentos está peor que nunca, es delegar en los Tribunales de Justicia. José Oneto