El TS acusa a Bélgica de ‘falta de compromiso’ al rechazar la entrega de los huídos Comín, Puig y Serret

El juez belga encargado de estudiar la extradición a España de los exconsejeros catalanes Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, rechazó este miércoles la euroorden dictada contra ellos por "defectos de forma" en el procedimiento, al estimar que no tiene "equivalencia" con la orden de detención nacional. La decisión ha caído como un jarro de agua fría en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien ha acusado a la Justicia belga de "ausencia de compromiso con la colaboración judicial" al rechazar la entrega de los exconsejeros catalanes huidos y asegura que sólo el "desconocimiento" del orden jurídico español permite obviar el auto de procesamiento del pasado 21 de marzo en el que se motiva los hechos por los que son acusados del delito de rebelión.

Fuentes de la Sala de lo Penal del Supremo han reprochado de manera no oficial al juez belga su falta de compromiso con la obligada colaboración judicial con España. Las fuentes de la Sala han informado de que están pendientes de recibir la resolución para estudiarla, pero han añadido que, por lo que se conoce hasta ahora por la prensa, consideran que la denegación de la entrega podría interpretarse como una ausencia de compromiso con prestar colaboración judicial.

Estas fuentes recuerdan que el 21 de marzo de 2018 se dictó un auto de procesamiento en donde se expresaban los hechos y los argumentos jurídicos por los que se les consideraba ya procesados, y por los que, a esa misma fecha ya, el instructor adoptada la medida cautelar de prisión. Sobre esa misma argumentación del auto de procesamiento, y a petición del ministerio fiscal, el día 23 de marzo se dictó un auto ordenando librar las órdenes europeas de detención, que tienen así una clara resolución de soporte (el auto de procesamiento).

Las mismas fuentes recuerdan que el soporte de la resolución jurídica que es ese auto de procesamiento  es el que nuestro ordenamiento jurídico contempla con más desarrollo argumental a excepción hecha de la sentencia. Solo el desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, pese a la explicación dada como información suplementaria, permite obviar el auto de procesamiento en el que descansa la euroorden, han añadido estas fuentes.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha indicado este miércoles que respeta la decisión del juez belga pero también ha avanzado que los tribunales españoles estudian si se puede subsanar el error “de forma” argumentado. Catalá ha recordado que la euroorden es un procedimiento judicial en el que los gobiernos no participan, por lo que “respeta” las decisiones judiciales.

La Fiscalía de Bruselas aclaró este miércoles que las autoridades españolas no pueden recurrir la decisión de rechazar la entrega a España de los tres exconsejeros catalanes. Además indicó que, por su parte, tampoco va a recurrir la decisión adoptada por el juez belga tras la comparecencia de los tres exconsejeros. Esto pone fin por ahora al proceso judicial abierto en Bélgica a raíz de la emisión de las últimas euroórdenes contra los políticos independentistas huidos por parte del juez Pablo Llarena.

Según avanzaron los políticos, acompañados de sus abogados, el juez aceptó la petición de la Fiscalía y la defensa de rechazar esta orden de detención europea. En unas declaraciones a Efe, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas explicó que esto da por “terminado” el caso en Bélgica dado que el juez ha dictado sentencia “in voce” -verbalmente-, aunque aún debe hacer pública la decisión oficial, que supondrá la retirada de las medidas cautelares impuestas a los tres políticos “probablemente en las próximas horas”.

El pasado 24 de marzo, el juez Pablo Llarena volvió a activar las euroórdenes de detención contra Comín, Serret, Puig, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, cuando éste viajaba a Bélgica desde Finlandia, lo que desembocó en su detención en Alemania. La euroorden fue reactivada también contra la exconsejera Clara Ponsatí, hoy a disposición de la Justicia escocesa, todos ellos procesados por delitos de rebelión y malversación de fondos públicos relacionados con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

El 5 de diciembre, el juez Llarena había retirado las euroórdenes cursadas en noviembre por quien en aquel momento era la magistrada competente del asunto, Carmen Lamela.

Tras una vista que duró aproximadamente una hora y media, el juez belga estimó este miércoles que esa nueva euroorden no se corresponde con la orden de detención nacional inicial, aún vigente, y que no hay “equivalencia” entre ambas.

El ‘error’ de Llarena

Según Cuevillas, “la petición cursada por el Estado español era irregular en aplicación de un conocido precedente europeo”, la sentencia “Bob Dogi“, según el cual “para que pueda cursarse una orden europea de detención, ésta tiene que estar respaldada por una orden nacional de detención”. Se trata del caso del camionero rumano Niculaie Aurel Bob-Dogi, detenido en su país y reclamado por la Justicia húngara, al que Rumanía denegó su extradición en 2015 y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dio la razón el 1 de junio de 2016.

Con la decisión del juez Pablo Llarena de retirar la primera euroorden de detención “perdió vigencia la orden española de detención que la respaldaba”, según el abogado. “Lo observamos en el primer momento, y cuando llegó esta segunda euroorden, enseguida lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía belga”, agregó, y dijo que “tanto la Fiscalía como la defensa se han mostrado conformes en que debía rechazarse la euroorden y no era admisible ni siquiera su estudio”.

El abogado dijo que “técnicamente” ésta es “la misma situación” a la que se enfrenta Puigdemont en Alemania, aunque no se aventuró a “anticipar lo que pueda pasar” ya que “cada Estado tiene su propio ordenamiento jurídico”.

Cuevillas agregó que “el problema de forma” alude a “un problema de fondo” y es que “los hechos no son constitutivos de los graves delitos que está imputando la Justicia española”.

En otro orden de cosas y preguntado a la salida del juzgado por la posibilidad de aceptar una oferta del presidente de la Generalitat electo, Quim Torra, para volver a ser consejero, Toni Comín dijo no querer pronunciarse sobre la cuestión. Puig, por su parte, manifestó a Efe su intención y la de sus excompañeros de Gobierno de permanecer en Bélgica, donde esperan “ser la voz de la injusticia de lo que está ocurriendo en España”.

La vista de este miércoles se produjo después de que el juez decidiese aplazarla el pasado 18 de abril a petición de la Fiscalía, que solicitó a las autoridades españolas más información para poder tratar las nuevas euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo. El 5 de abril, tras una primera comparecencia ante el juez belga, los tres fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares y el 18 de abril el juez decidió aplazar la vista por la petición de la Fiscalía.

Horas después, el abogados de la defensa, Jaume Alonso-Cuevillas, celebraba en las redes sociales la decisión con una fotografía junto a los tres exconsellers brindando con cerveza alemana.

Los casos de Ponsatí y Puigdemont

Los abogados de los tres exconsellers esperan que esta decisión “agilice” el caso en curso para Ponsatí y de Puigdemont, pendiente de una decisión de la Justicia alemana.

El juicio sobre la extradición de Ponsatí se iniciará el 30 de julio y se alargará hasta el 31 de agosto, anunció este miércoles su abogado, Aamer Anwar. En un mensaje publicado en Twitter, Anwar precisó que el proceso se iniciará el 30 de julio y durará hasta el 10 de agosto y, tras unos días de receso, proseguirá del 21 al 31 de ese mes. “España debe ahora actuar con sentido, retirar sus órdenes de detención y liberar a todos los presos políticos”, opinó el letrado.

Este tuit de Joan María Piqué, que en su perfil se define como director de campaña del expresidente Carles Puigdemont en Bruselas, iba acompañado de una fotografía en que aparecían los tres exconsejeros, junto a Puigdemont (en libertad bajo fianza en Alemania), y Ponsatí.

Los cinco huyeron a Bélgica en octubre del año pasado después de que el Parlamento catalán aprobase una declaración de independencia ilegal, y a principios de marzo, Ponsatí se trasladó a Escocia para reincorporarse a su puesto de profesora de Economía en la Universidad de St Andrews, y que quedó en libertad con medidas cautelares tras entregarse ese mismo mes en Edimburgo. La exconsejera compareció este martes ante un tribunal escocés para una breve vista preliminar en la que las autoridades judiciales establecieron que su defensa solicite a España información legal más precisa sobre los cargos que se le atribuyen.

Por su parte, el presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, ha manifestado su “alegría” por la decisión de la Fiscalía belga de rechazar la extradición de los exconsellers en ese país y ha mostrado su convicción de que sucederá lo mismo en Alemania, Reino Unido, Suiza y al final también en España. “Como en Bélgica, la justicia acabará ganando en Alemania, Escocia y Suiza. Y sí, no tengo ninguna duda, también en el Estado español”, ha escrito en Twitter.

Por su parte, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha calificado en la misma red social la decisión de la Fiscalía belga como una “nueva victoria internacional” y ha añadido: “La justicia y la verdad se imponen donde no hay injerencias políticas”.

La portavoz del PDeCAT, Maria Senserrich, también en Twitter, ha subrayado que “una vez más la justicia belga da un revés a la injusticia española”.

 

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