El TSJC confirma la apertura de causa penal contra el juez acusado de maquinar contra Victoria Rosell

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba contra el auto de la magistrada del propio TSJC Margarita Varona que acordó abrir un proceso penal en su contra. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias consideró que existen indicios para juzgar por prevaricación, cohecho, falsedad y revelación de secretos a Salvador Alba por intentar "perjudicar" a su colega Victoria Rosell, cuando esta era diputada.

El auto rechaza que la decisión de la magistrada Varona de transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado carezca de fundamento, como alegaba el afectado, o introduzca hechos sorpresivos que no fueran previamente conocidos por Alba Mesa, ha informado el TSJC.

“No puede afirmarse que los hechos punibles recogidos en el auto recurrido constituyan una acusación sorpresiva o no hayan sido previamente conocidos por el investigado, ni que se desconozca de qué diligencias se extraen los indispensables indicios delictivos”, razona el auto.

La sala rechaza las alegaciones del juez, que pretendía la nulidad del auto combatiendo su fondo, y alega que “tal pretendida revisión de la calificación provisional e indiciaria es ajena a la funcionalidad y naturaleza del auto recurrido”, y por tanto, “ajena al objeto de este recurso de apelación. Dicho de otro modo, no procede, en este momento procesal, la realización de un juicio definitivo sobre el fondo de la cuestión”.

Para el TSJC “no existe indefensión” en la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, ya que se hace “en función de los hechos que han sido objeto de imputación” y estos “son perfectamente conocidos por el investigado”.

La resolución judicial no es susceptible de recurso, y dado que las partes personadas en el caso ya han emitido sus informes y que las acusaciones solicitan la apertura de juicio oral, el próximo paso sería la apertura de juicio oral contra el magistrado.

Alba está acusado en este caso de haber orientado la declaración de un testigo de una causa penal que él instruía en sustitución de Rosell, el empresario Miguel Ángel Ramírez, con la supuesta finalidad de perjudicar a su colega, de forma que se hiciera ver que esta había retrasado su tramitación movida por intereses personales (las relaciones profesionales de su pareja con Ramírez).

Todo ello ocurrió en un momento (marzo de 2016) en el que Tribunal Supremo tenía sobre la mesa una querella del entonces ministro José Manuel Soria contra Rosell por esa supuesta mala conducta profesional como juez, que se admitió a trámite, entre otras cosas, con base en los informes que había remitido su sustituto en el Juzgado, Salvador Alba.

Aunque el caso contra Rosell se archivó, la decisión del Supremo de aceptar la querella de Soria llevó a la juez a renunciar a presentarse de nuevo como candidata al Congreso por Podemos en la provincia de Las Palmas y a poner fin a su carrera política.

Sin embargo, el asunto dio un giro poco después, cuando el empresario Ramírez entregó a la Justicia una grabación de una conversación que había mantenido con el juez Alba antes de que este lo interrogara formalmente, en el que, supuestamente, le daba instrucciones de lo que tenía que manifestar para perjudicar a Rosell, a cambio de hipotéticos beneficios procesales para él.

El caso sobre Ramírez que se intentó utilizar contra la juez Rosell es un procedimiento de fraude fiscal, en el que se acusa al presidente de la UD Las Palmas de haber evadido varios millones de euros pagando a los empleados de Seguridad Integral Canaria las horas extras como si fueran dietas, que no tributan.

En su día, la Fiscalía de Las Palmas se quejó de que esa causa no avanzaba como esperaba y decidió investigar si la juez había cometido una falta disciplinaria, por no apartarse de ella pese a tener supuestos intereses personales. Sin embargo, tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en lo disciplinario, como el TSJC, en lo penal, exoneraron a Rosell de cualquier irregularidad.

La prueba fundamental contra Alba es la grabación que le hizo Ramírez, en la que se le escucha decir que él podría “cargarse” su proceso por fraude fiscal a cambio de que el empresario declarase formalmente que había financiado los negocios periodísticos de la pareja de Rosell, Carlos Sosa.