Rajoy debe disolver el Parlament por desafiar al TC y ante la insistencia en investir a Puigdemont

Los diputados de JxCat han acordado en Berlín proponer a Puigdemont como candidato a la investidura para presidente de la Generalitat en base a la reciente reforma ilegal de la ley de Presidencia catalana, una doble afrenta a la legalidad y al orden constitucional que reactiva el golpe de Estado del 27 de octubre y debe obligar al presidente Rajoy a disolver el Parlament y a convocar elecciones cuando se den las condiciones oportunas. Y ello sin demora y al margen del recurso contra la reforma de la ley de Presidencia.

Esa es la obligación constitucional de Rajoy ante la burla premeditada y continuada de los golpistas al Estado. Pero por el momento Rajoy hace la ‘vista gorda’ porque solo piensa en los Presupuestos de 2018 para seguir en el poder hasta 2020 y en renunciar al 155 para lograr el apoyo del PNV.

Pero Rajoy de momento no se mueve y cuenta con la complicidad de Pedro Sánchez  y Albert Rivera que miran hacia otro lado, mientras en Cataluña el presidente del Parlament Roger Torrent reanudó el golpe de Estado del 27-O desafiando al Tribunal Constitucional, lo que se completa con la fantasmal y pretendida  investidura del prófugo Puigdemont. Lo que es motivo suficiente para que Rajoy, aplicando el art.155, disuelva ahora el Parlament antes de que se convoque otra sesión de investidura. 

Y para que Rajoy, como presidente en funciones de la Generalitat, abra un largo periodo preelectoral para que las nuevas elecciones autonómicas se celebren antes de un año, sin las prisas de las anteriores del 21-D, dando tiempo a la Justicia para culminar la instrucción del proceso sobre el golpe de Estado en la que se ha de incluir, a propuesta de la fiscalía, la imputación por sedición de Roger Torrent (por el mismo motivo de desobediencia al TC está en la cárcel Forcadell). 

Y nadie en Cataluña puede protestar por esta decisión porque, desde el 21 de diciembre, las fuerzas políticas soberanistas han tenido seis meses para la investidura de cualquier candidato que no tuviera problemas con la ley.

Pero los secesionistas han preferido mantener el enfrentamiento pleno con el Estado y es por ello por lo que Rajoy debería actuar con firmeza y no con la desidia y el desistimiento de sus responsabilidades que han marcado su actuación ante el golpe catalán desde el inicio del golpe de Estado.

El que se acaba de reanudar con la reforma de la Ley de la Presidencia de Cataluña para permitir la investidura del prófugo y golpista Puigdemont como el presidente de la Generalitat por la vía telemática en contra de lo decidido por el Tribunal Constitucional. 

Lo que constituye un nuevo desafío al orden constitucional y la reanudación del golpe de Estado del 27 de Octubre, por el mismo sendero por donde se inició los días 26 y 27 de septiembre con la aprobación de las leyes ilegales de referéndum y de desconexión. 

Con el agravante, en este caso, de la reiteración meditada de la vulneración de la legalidad de manera fehaciente y premeditada y a pesar de los autos del TC y de las actuaciones de los magistrados de la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, Carmen Lamela y Pablo Llarena. Los que han calificado el proceso secesionista, que ha reanudado Torrent, de organización criminal contra el orden constitucional. 

Estos son los hechos de los que huye Mariano Rajoy, incumpliendo así su clara responsabilidad constitucional en la defensa del orden constitucional como lo exigió el Rey Felipe VI el pasado 3 de octubre. Y los hechos que, asombrosamente, no valoran como se merecen ni Pedro Sánchez (preso del PSC) ni Inés Arrimadas (víctima del del síndrome de Estocolmo con la banda golpista), ni Albert Rivera. El líder de Ciudadanos que parece huir de los dos conflictos vasco y catalán de acuerdo con su particular estrategia electoral. 

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