A un mes de tener que ir a elecciones, sigue el bloqueo político y el lío judicial en Cataluña

Una vez que el pleno de investidura del 22 de marzo activó el contador de tiempo previsto por el Reglamento del Parlament, el próximo 22 de mayo concluye el plazo para desbloquear la situación política en Cataluña con un nuevo Govern o la convocatoria de unas nuevas elecciones. La cuestión es que a día de hoy la investidura de un ‘president’ que encabece el futuro Ejecutivo autonómico sigue siendo una utopía. Todos los candidatos que han sido propuestos tienen pesadas cargas judiciales que hacen inviable su elección y la sospecha de que Carles Puigdemont está contribuyendo a la confusión en su propio beneficio no ayuda a despejarla. Y todo ello con la incógnita latente de cómo se resolverá el futuro judicial del 'expresident'.

El viernes 27 se cumplirán seis meses desde la aplicación del artículo 155 en Cataluña. En una entrevista publicada este domingo en el diario ‘La Tribuna’, Mariano Rajoy ha afirmado que él cumplió con su “obligación” al destituir a los responsables de la Generalitat “para restablecer la legalidad” y ha agregado que “el resto está en manos de la Justicia”, cuya independencia, ha apuntado, está “sobradamente acreditada”.

Pero al margen de que el Tribunal Supremo quiera preservar de injerencias externas la causa del ‘procés’, lo cierto es que hay actuaciones del Gobierno que están interfiriendo seriamente en su instrucción, hasta el punto de que podrían frustrar algunas de las acusaciones que el juez Pablo Llarena sostiene contra los dirigentes del independentismo. Concretamente, las afirmaciones del ministro de Hacienda y del propio presidente del Gobierno negando el empleo de dinero público en el referéndum ilegal del 1-O amenazan con vaciar de contenido el cargo de malversación que pesa sobre los líderes secesionistas y del que podría depender la entrega a España de Carles Puigdemont por la justicia alemana.

Estas declaraciones han molestado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que no entiende que después de que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein haya dicho que no hay rebelión en la actuación del expresidente de la Generalitat y que tiene dudas sobre la malversación, salga Cristóbal Montoro y diga que el 1-O no contó con un solo euro de dinero público. El propio Montoro ha tratado de arreglarlo afirmando que hay distintas formas de malversar, como el empleo de locales públicos para determinados actos, que no suponen necesariamente un desembolso de dinero con carácter finalista. Pero estas declaraciones podrían ser insuficientes para la justicia alemana, que ya dejó clara en su resolución del 5 de abril la necesidad de información adicional que conecte a Puigdemont con los pagos reales y efectivos que supuestamente se hicieron para sufragar gastos del 1-O con fondos del presupuesto de la Generalitat.

Pese a todo, el Gobierno parece dispuesto a persistir en el error y este domingo el delegado en Cataluña, Enric Millo, ha reiterado en una entrevista en ‘La Vanguardia’ que “formalmente no hay dinero dedicado a una ilegalidad como el referéndum” pero que “hay muchas maneras de malversar. Por ejemplo, se puede hacer una factura para comprar ordenadores y haber comprado las urnas, o falsificar una factura”. Millo afirma que “si Hacienda tiene un documento firmado por el interventor de la Generalitat que dice que el dinero se ha gastado en aquello que estaba previsto, el ministro se tiene que fiar”. Y, además, se muestra convencido de que “si en la contabilidad oficial no salen los gastos, de algún sitio han salido”, y sostiene que “eso es lo que se tiene que investigar”, aunque el Ministerio de Hacienda “no está para hacer investigaciones policiales ni judiciales”.

Otros dirigentes del PP también han salido en defensa de Montoro. El portavoz ‘popular’ en el Congreso, Rafael Hernando, cree que las declaraciones del ministro rechazando el desvío de dinero se han “cogido por las hojas” y ha recalcado que el titular de Hacienda “fue el primero que denunció a los independentistas por malversación de fondos públicos”. Hernando ha aprovechado para arremeter una vez más contra Ciudadanos por exigir explicaciones al respecto y ha afirmado que en España hay dos tipos de marxismos, el populista morado de Podemos y el naranja de Ciudadanos, que cambia de principios al estilo Groucho Marx en función de las encuestas. En concreto, ha criticado que Rivera al que se ha referido como “el señor de las medallas”, porque “si hay algo que sale bien en España es gracia a él y, si no, todo es culpa del Gobierno”, busque cualquier excusa para acusar al PP.

Junto a la malversación, la rebelión no está del todo descartada

La justicia alemana tiene que resolver si Puigdemont malversó dinero público y, en relación con el delito de rebelión que no se da totalmente por descartado, tiene que determinar si como dice el juez Llarena en su auto de procesamiento dio instrucciones para que los Mossos d’Esquadra se inhibieran de actuar para impedir las votaciones el 1-O, a pesar del mandato judicial recibido del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para que el referéndum no se llevase a cabo. La masiva afluencia a las urnas, según el juez fue lo que determinó las cargas policiales y la extrema violencia que se produjo ese día, requisito ‘sine qua non’ para fundamentar el tipo penal de la rebelión según el Código Penal español y según el alemán en su regulación del delito que podría considerarse equivalente, el de alta traición.

En el auto del juez del Supremo se dice que pese a contar con la experiencia de los violentos incidentes que se desencadenaron el 20 de septiembre de 2017, durante el asedio a la consejería de Economía, Puigemont y otros miembros del Govern como el vicepresidente Oriol Junqueras decidieron seguir adelante con la celebración del referéndum pese a la prohibición expresa del Tribunal Constitucional y el riesgo evidente de que se reprodujera el “estallido” de violencia.

Cuando la Sala de Apelaciones del Supremo confirmó la decisión de Llarena de denegar a Jordi Sànchez la autorización para acudir al pleno en el que debía ser investido ‘president’, aprovechó para hacer constar su desagrado con la negativa inicial del tribunal del land alemán a admitir la rebelión. Aseguró que los 6.000 agentes de las fuerzas y ­cuerpos de seguridad del Estado enviados a Cataluña con motivo del referéndum resultaron “ostensiblemente superados” por la situación, especialmente por el llamamiento a que actuaran “sin afectar la normal convivencia ciudadana”. Consideró, además, que haber enviado más efectivos hubiera sido peor, hasta el punto de haber acabado todo en una “masacre”, en cucyo caso “es muy probable que el resultado de la euroorden fuera muy distinto”.

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