Llarena pide a Montoro que explique en qué se basa para negar la malversación por el 1-O

El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés' soberanista en Cataluña, Pablo Llarena, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe "a la mayor brevedad posible" sobre el soporte objetivo en el que se basa para afirmar que ni un euro de dinero publico fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1-O, ya que ello contradice "las fuentes de prueba recogidas" en esta investigación judicial. La afirmación del ministro está sirviendo de coartada a los dirigentes independentistas procesados por Llarena y podría afectar a la euroorden dictada contra Carles Puigdemont.

En una providencia dictada este martes, el magistrado hace alusión a que durante las declaraciones indagatorias realizadas desde este lunes, varios de los procesados en prisión habrían aludido en su defensa a las manifestaciones al diario ‘El Mundo’ en las que Montoro “supuestamente expresa la certeza de una ausencia de gasto público” en la organización de la votación ilegal. Por ello, requiere al ministro de Hacienda “a fin de que informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones”.

En la mencionada entrevista, Montoro prefirió defender el celo y la competencia de su departamento en el control de las cuentas de la Generalitat de Cataluña, intervenidas desde mediados de septiembre de 2015, a respaldar las conclusiones de los investigadores en las que Llarena basa su acusación de que se malversó dinero público. El ministro defendió su control sobre los 35.000 millones que maneja la Generalitat y dijo que el sistema finalista de control de pagos certificados funciona: “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Detallaba incluso que solo hubiera sido posible que dinero público fuera a para al ‘procés’ si un funcionario conchabado con algún proveedor de la causa hubiera incurrido en un delito de falsificación. Eso sí, también avisaba de la malversación no requiere solo desvío de fondos: “Es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo”.

Frente a las afirmaciones de Montoro, el informe final que la Guardia Civil envió al juez en marzo afirma que la Generalitat de Cataluña malversó al menos 1.602.001,57 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum del 1 de octubre. El gasto público que podría considerarse malversación de caudales públicos, acreditado y cuantificado por los investigadores, se divide en cuatro grandes partidas.

La campaña de publicidad impulsada desde la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) con dos anuncios, uno en el que no aparece la palabra referéndum y otro en el que sí, y con las emisiones en las que se daban instrucciones para votar, costó 277.804,36 euros, financiados y gestionados por el departamento de Presidencia que dirigía el actual candidato a la presidencia, Jordi Turull. Presidencia también estuvo detrás de la campaña ‘SI o NO’ de registro de catalanes en el exterior para realizar el voto en el referéndum que fue de 224.835 euros.

El contrato con Unipost para las papeletas, el censo electoral y las citaciones de las mesas electorales fue de 979.661,96 euros, aunque ‘la Generalitat asumió el gasto repartido en cinco departamentos -Vicepresidencia, Cultura, Trabajo, Salud y Presidencia- de forma que permitiese una mejor ocultación. Por último está la investigación en torno a Diplocat, por su presunta actuación en la contratación de los observadores internacionales que según la Guardia Civil fue de 119.700 euros.

Las declaraciones del ministro de Hacienda, al contradecir toda esta información, no solo han servido de munición a los dirigentes del ‘procés’ que han desfilado esta semana por el Tribunal Supremo para que se les notificara su procesamiento. Además, fueron traducidas inmediatamente al alemán por los abogados de Carles Puigdemont para incorporarlas a la defensa del expresidente catalán y frenar la euroorden que, de prosperar, significaría su entrega a España por parte de la justicia alemana. El Tribunal Superior de Justicia del land de Schleswig-Holstein ha negado, en principio y a falta de un análisis más en profundidad, que esa entrega vaya a producirse por un delito de rebelión y, en la misma resolución por la que dejó en libertad con fianza al político catalán, planteó dudas respecto a la tramitación de la euroorden por del delito de malversación.

La resolución considera que el delito de malversación se puede encuadrar en el tipo penal de la “corrupción” que figura en la lista de delitos por los que se procede a la detención y entrega inmediata en el ámbito de aplicación de la euroorden. Pero, el tribunal alemán se plantea si habría delito aunque no se hubieran desembolsado el dinero en efectivo. Por una parte, considera acreditado que se generaron costes del referéndum por 1,6 millones de euros y que el Gobierno regional no tenía permitido utilizar los presupuestos para eso debido a la prohibición del Tribunal Constitucional. Ahora bien, “lo que no está claro –añade la resolución- es si el Estado de hecho tuvo que pagarlos (los 1,6 millones) del presupuesto regional y si el acusado lo ordenó”. Es decir, la Audiencia Territorial del land objeta que “con la información obtenida hasta ahora es pensable que los costes después de la destitución del Gobierno catalán no fueran pagados o por lo menos no de fondos públicos”. Y esta salvedad cobra mayor verosimilitud si se incorporan al procedimiento las declaraciones de Montoro.

Así las cosas, los abogados de la acusación popular en la causa que se tramita en el Tribunal Supremo por el ‘procés’, ejercida por Vox, han señalado que Montoro debería dimitir si la instrucción demuestra que ha existido malversación de fondos públicos para pagar los gastos del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. “Esperamos que cuando se acredite que hay malversación Montoro presente la dimisión, por dar argumentarios falsos a los procesados por los delitos más graves contra la democracia y también por su falta de control de fondos públicos”, ha manifestado Ortega Smith al término de la diligencia judicial.