Trapero se desvincula del ‘procés’, Junqueras niega la malversación y Sànchez se encara con el juez

La reacción de los dirigentes independentistas catalanes ante la justicia oscila entre la simple negación de las actuaciones delictivas que se les imputan y la retractación. Todos los que han pasado por el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional han proclamado su inocencia y casi todos han desertado de las filas de la unilateralidad. Entre estos últimos estaba el expresidente de la ANC y actual candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, quien este lunes se ha apuntado a una nueva categoría al desafiar abiertamente al juez que instruye su causa cuestionando su objetividad.

La semana pasada, el juez Llarena frustró por segunda vez la investidura de Sànchez como presidente de la Generalitat, al negarle la autorizaciones para asistir al pleno por el riesgo de reiteración delictiva. Eso debe de haber sido demasiado para el candidato de Junts per Catalunya, que este lunes ha sido trasladado al Tribunal Supremo desde la prisión de Soto del Real en la que lleva exactamente seis meses -ingresó el 16 de octubre de 2017- para que el magistrado le notificara su auto de procesamiento. En este trámite, los encausados pueden tomar la palabra para aportar argumentos a su defensa y Sànchez ha hablado, pero más que para defenderse lo ha hecho para arremeter contra Llarena.

Sánchez ha contestado únicamente a su abogado defensor para poder recrearse en sus reproches y, según fuentes presentes en la declaración, ha manifestado las dudas sobre la falta de imparcialidad mirando fijamente a los ojos del magistrado, para acusarle directamente de no actuar con independencia. Al finalizar su intervención, Llarena le ha contestado que con respecto a estos temores su defensa puede recurrir ante la Sala de Apelaciones del alto tribunal, como por otra parte ya ha hecho.

Pero, ¿en qué fundamenta el candidato de JxCat sus acusaciones? Pues en la página 54 de su auto de procesamiento, cuando al relatar el camino hacia la independencia de Cataluña que diseña el Libro Blanco del ‘procés’ y tras describir lo que considera la “piedra roseta del diseño criminal” -la reacción ante una intervención extrema del Estado como la aplicación del artículo 155 potenciando tanto la respuesta popular como la institucional- escribe lo siguiente: “Y termina (el Libro Blanco) el relato de la estrategia que sufrimos diciendo, inmediatamente después…” La expresión “que sufrimos” para hablar de las consecuencias del ‘procés’ es lo que, según Sànchez, denota esa falta de objetividad del juez.

Sànchez y Junqueras, ‘víctimas’ de una “persecución política”

El candidato ha alegado que su situación procesal es “injusta” ya que a su juicio el Supremo “no tiene competencias” para llevar el caso y, además, porque tiene la “sensación” de que los resultados de las elecciones del 21-D en Cataluña, con una nueva victoria del frente independentista, han hecho “evolucionar” los argumentos del juez. Se ha preguntado cómo se les  puede acusar a él y a Jordi Cuixart (el exlíder de Òmnium), de haber incitado a la violencia y ha alegado que en Cataluña la gente no funciona según los parámetros de otros territorios: “Cataluña no es Corea del Norte”, ha dicho.

Sánchez, en definitiva, se ha acogido a la tesis de la ‘persecución política’ de la que dicen ser víctimas los líderes independentistas, algo comprensible en el caso de los encarcelados. Y en esa situación está también el exvicepresidente Oriol Junqueras, que ha comparecido ante el juez Llarena antes que Sànchez y que también ha cargado contra el Supremo al asegurar que está encarcelado por un tribunal que no tiene competencia para conocer del proceso en una vista en que se vulneraron todos sus derechos. En esa línea, ha afirmado que el procedimiento judicial lo que pretende anular es el movimiento político que representa y cercenar sus derechos políticos y los de quienes le votaron.

Junqueras ha reiterado que cree en el pacifismo, la dignidad humana y la convivencia y ha defendido que convocar un referéndum no es delito porque el derecho a la autodeterminación está amparado por normas institucionales. A partir de ahí, ha asegurado que no se destinó ni un solo euro público en la celebración del referéndum del 1-O y ha reiterado que las movilizaciones independentistas siempre han sido pacíficas.

Montoro, como Junqueras, niega la malversación

La declaración de Junqueras coincide, por cierto, con las afirmaciones que han venido haciendo varios miembros del Gobierno, negando que se hubiera utilizado dinero público en el ‘procés’, y que este lunes ha reiterado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una entrevista con ‘El Mundo’. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos, ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público”, asegura Montoro quien, además, explica que eso solo hubiera podido ocurrir desde la intervención de la autonomía con un delito de falsificación de un funcionario conchabado con algún proveedor de la causa independentista.

Montoro añade que “la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo”. Pero el caso es que hay quien dice que las declaraciones de Montoro han sido rápidamente traducidas al alemán para entregarlas a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, que ha descartado en principio entregar a España a Carles Puigdemont por el delito de rebelión y que tiene dudas sobre si hacerlo por el de malversación.

Mientras todas estas comparecencias se producían en el Supremo, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela comunicaba su procesamiento al exmayor de los Mossos Josep Lluìs Trapero, al que fuera su superior inmediato, Pere Soler, y el exsecretario general de la consejería de Interior, César Puig. Trapero no ha declarado pero su defensa ha presentado un recurso contra el auto de la magistrada con el que pretende tumbar sus principales argumentos.

Para empezar, Lamela exponía en dicho auto que Trapero, Soler y Puig integraron una organización jerarquizada con una confluencia estratégica perfectamente sincronizada con el plan de la organización criminal en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat de Cataluña”, Carles Puigdemont. Pues bien, en su recurso Trapero rechaza haber puesto al cuerpo policial catalán al servicio del proceso independentista alegando que ni él ni la cúpula policial compartían “un eventual plan tendente a la celebración del referéndum”.

Trapero, un crítico del ‘procés’ preocupado por el 1-O

Es más, el exjefe de los Mossos asegura que antes del 1-O mantuvo dos reuniones en el Palau de la Generalitat con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, en las que les trasladó su “preocupación” por el mantenimiento de la convocatoria del referéndum, ya que podía generar problemas para la seguridad ciudadana.

En el recurso, se rechaza la “inacción” que la juez reprocha a los Mossos tanto el 20 de septiembre, cuando se produjeron el registro de la Guardia Civil a la consejería de Economía y paralelamente el asedio ciudadano, y el 1-O durante el referéndum ilegal. La defensa de Trapero niega que la policía autonómica catalana evitara cumplir las órdenes del TSJC para, supuestamente, preservar la paz y la convivencia ciudadana y que, como también afirma Lamela, obstaculizara la labor a las Fuerzas de Seguridad del Estado para favorecer los propósitos de los independentistas.

Además, la abogada de Trapero resalta un correo electrónico enviado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, y al entonces fiscal superior de Cataluña José María Romero de Tejada, el 27 de octubre tras proclamarse la independencia, en el que Trapero se ponía a su disposición “con el fin de dar cumplimiento a los órdenes que se pudieran derivar en relación con esos hechos”. El exresponsable de la policía autonómica manifestaba que el cuerpo de los Mossos d’Esquadra se ponía a disposición tanto del TSJC como de la Fiscalía Superior habiendo tenido conocimiento de la aprobación de la declaración de independencia por el Parlament de Catalunya en la tarde de ese día, y desconociendo las consecuencias jurídicas de la mencionada declaración y sobre quién podían recaer las mismas.

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