Montoro reitera que no hubo dinero público en el 1-O porque la Generalitat estaba intervenida

El ministro de Hacienda ha insistido en una afirmación que viene haciendo desde hace tiempo: no hubo gasto de dinero público en el referéndum de Cataluña. Cristóbal Montoro, que hace esta tajante afirmación en defensa del control de las cuentas de la Generalitat que impuso su departamento antes del 1-O, no deja ni un resquicio a la duda en la entrevista que ha concedido al diario 'El Mundo', aunque eso contradiga al juez instructor de la causa del 'procés', que ha procesado a los dirigentes independentistas por malversación, entre otros delitos, y aunque pueda ser utilizado por la defensa de Carles Puigdemont para oponerse a su entrega a España.

“Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos, ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público”, reitera Montoro en la entrevista. Cuando el periodista le insiste para que se comprometa a que esa máxima se ha cumplido desde que la autonomía catalana está intervenida, el ministro responde que solo habría podido ocurrir con un delito de falsificación de un funcionario conchabado con algún proveedor de la causa secesionista. Ese es el motivo, según dice, por el que “hay una investigación judicial en marcha, pero la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo”.

Montoro defiende que la forma principal con la que se ha luchado desde el Gobierno central para frenar la independencia es haciendo que Cataluña “progrese”. A su juicio, “es lo que no quieren los independentistas, porque si los catalanes progresan dentro de España los independentistas se quedan sin argumento más allá del sentimental. Yo tengo indicadores semanales de cómo va Catalunya: las ventas vuelven a subir, se están recuperando”. Sobre la estrategia seguida por el Ejecutivo central, comenta que “vivimos en un Estado que puede impedir presupuestariamente la independencia. Y es lo que hemos hecho. También hemos sacado lecciones para el futuro”.

Las declaraciones del titular de Hacienda no deben haber caído precisamente bien en el Tribunal Supremo, que envió a Alemania una euroorden para solicitar la entrega a España de Carles Puigdemont en la que se acusa al expresidente catalán de rebelión y malversación. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein descarta, por ahora, el delito de rebelión. Queda pues pendiente de resolución el de malversación, imputable a aquellos funcionarios que causen perjuicios al patrimonio público. Y en el caso de Puigdemont, se trataría del uso de algo más de 1,6 millones de euros del dinero del presupuesto de la Generalitat para financiar el referéndum del 1-O que el Tribunal Constitucional dictaminó que era ilegal.

El problema es que el juez Llarena basa su acusación en un informe de la Guardia Civil que recoge correos cruzados entre altos responsables de la Generalitat pero que no cuenta con la comprobación efectiva de lo que pasó al final con el dinero. Por eso, la declaración del ministro de Hacienda no ayuda a sostener la argumentación del magistrado.