Junqueras niega ante el juez Llarena que un solo euro público fuera destinado al ‘procés’

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el denominado 'procés', ha citado este lunes al candidato a presidir la Generalitat y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y al líder de la asociación Êmnium Cultural, Jordi Cuixart, para comunicarles personalmente su procesamiento por el delito de rebelión. En este trámite, los procesados pueden tomar la palabra para ahondar en su defensa y así lo ha hecho Junqueras quien, entre otras cosas, ha negado que un solo euro de dinero público se destinara al 'procés'.

Según fuentes presentes en la declaración, Oriol Junqueras ha defendido que convocar un referéndum no es delito porque el derecho a la autodeterminación está amparado por normas institucionales. A partir de ahí, ha asegurado que no se destinó ni un solo euro público en la celebración del referéndum del 1-O y ha reiterado que las movilizaciones independentistas siempre han sido pacíficas. El exvicepresidente ha reiterado que cree en el pacifismo, la dignidad humana y la convivencia.

La declaración de Junqueras coincide, en esencia, con las afirmaciones que han venido haciendo varios miembros del Gobierno, negando que se hubiera utilizado dinero público en el ‘procés’, y que este lunes ha reiterado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una entrevista con ‘El Mundo’. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos, ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público”, asegura Montoro quien, además, explica que eso solo hubiera podido ocurrir desde la intervención de la autonomía con un delito de falsificación de un funcionario conchabado con algún proveedor de la causa independentista. Montoro añade que “la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo”.

La comparecencia de Junqueras se ha producido en el Tribunal Supremo, donde se instruye su causa como la de la mayoría de los dirigentes del ‘procés’. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela instruye, mientras tanto, la relativa al exjefe de los Mossos, Josep Lluìs Trapero, y los dos cargos de la consejería de Interior de los que dependía, Pere Soler y César Puig. Los tras han comparecido también este lunes para recibir la notificación de su procesamiento por el delito de sedición.

Según lo que ha trascendido de esta vista, ninguno de los tres ha hecho uso de la palabra porque ni el juez, ni la Fiscalía ni las defensas les han hecho preguntas. Sí ha trascendido que en un escrito presentado a la magistrada, Trapero defiende que nunca puso a la policía autonómica catalana al servicio del proceso independentista y que mantuvo profundas discrepancias con la cúpula política y con el propio Carles Puigdemont, sobre el plan secesionista.

Trapero, que está procesado por dos delitos de sedición y uno de organización criminal, afirma en dicho escrito que trasladó al entonces presidente de la Generalitat que la intención de los mandos de los Mossos era “respetar la legalidad vigente y cumplir con los mandatos judiciales” que ordenaban impedir la votación ilegal. Para apoyar su versión de los hechos, cita en su favor la declaración, como testigo, del actual jefe de los Mossos, Ferran López, que respalda las afirmaciones de su antecesor.

Riesgo de incidentes violentos y movilización de las masas

Según el auto de procesamiento, Junqueras, junto con el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero del Interior Joaquim Forn, fue advertido días antes de la celebración del referéndum ilegal por los responsables de los Mossos del grave riesgo de incidentes violentos si se producía la consulta.

El juez considera que estas tres personas también conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y decidieron continuar con el referéndum, llamaron a la población a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado.

La movilización de cientos de miles de seguidores y el impulso de una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el 1-O es lo que se atribuye a ‘los Jordis’, quienes, según el relato de los hechos del juez, se valieron para ello de su condición de presidentes de las entidades soberanistas.

Sànchez comparecerá ante el juez Llarena justo cuatro días después de que el magistrado volviese a rechazar dejarle en libertad provisional, ni le concediese ningún permiso penitenciario para poder acudir a la sesión de investidura que estaba convocada para el viernes día 13 de abril, y que finalmente ha sido suspendida por el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Precisamente, para ese mismo día la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado al ex jefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero; a su intendente Teresa Laplana; al exdirector de los Mossos Pere Soler; y al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig, para comunicarles también sus procesamientos por los delitos de sedición y de organización criminal. Este último no imputable a Laplana; mientras que al mayor de la policía autonómica se le atribuyen dos de sedición.

Estructuras del Estado y publicidad en el 1-O

El magistrado del Tribunal Supremo cita para el martes, día 17 de abril, también a las 10.00 horas, a los exconsejeros Joaquim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Raül Romeva (Exteriores), procesados por rebelión y malversación. Un día después será el turno de Jordi Turull (Presidencia), Dolors Bassa (Trabajo), -acusados por los mismos delitos- y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a la que sólo se le atribuye rebelión.

El juez destaca que Rull participó en múltiples reuniones definitorias de la estrategia independentista y apunta que, tras el referéndum ilegal, impidió que un ferry destinado a acoger a policías atracase en el Puerto de Palamós (Gerona).

Sobre Romeva dice que impulsó la creación de estructuras del Estado y favoreció el reconocimiento de la República Catalana en el extranjero a través de Diplocat, el servicio de diplomacia de la Generalitat. Igualmente le considera responsable del proyecto para posibilitar votación electrónica por Internet de residentes en el extranjero y asumir la atención a observadores internacionales.

En lo que respecta a Turull, le atribuye indiciariamente los delitos de rebelión y malversación por impulsar la movilización desde sus funciones de portavoz de la Generalitat. Además, le acusa de gestionar y diseñar la inserción publicitaria del referéndum, coordinar infraestructuras informáticas para la votación y reclutar a voluntarios.

Para el juez, Dolors Bassa, en connivencia con el huido Antoni Comín, asumió el control de los locales dependientes de sus respectivas consejerías para el referéndum. Además, el instructor considera que existen pruebas que demostrarían que permitieron que sus departamentos soportaran parcialmente el gasto de papeletas, censo y citaciones a los componentes de las mesas y por ello también los considera posibles culpables de rebelión y malversación de caudales públicos.

Participación “medular” de Forcadell

Por último, con respecto a Forcadell, detalla su participación “medular” desde los comienzos del proceso independentista como presidenta de la ANC. Después, como presidenta del Parlament tramitó la aprobación de la legislación de soporte que sirve de coartada legitimadora al proceso, aún contrariando las reiteradas prohibiciones y requerimientos del Tribunal Constitucional, de acuerdo con el auto.

Añade que su participación “ha ido de la mano con la violencia de las últimas fases del proceso” y que estuvo presente en la manifestación del 20 de septiembre y arengó a la movilización para el día siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y puso la institución al servicio del violento resultado obtenido con el referéndum y de la proclamación de la república, por lo que la considera culpable de rebelión.

En dicha providencia, el juez señala que queda “pendiente de señalamiento” la citación de los otros 16 procesados en esta causa para realizar este mismo trámite. Se trata del expresidente catalán Carles Puigdemont, que se encuentra en Berlín (Alemania) pendiente de la decisión de la justicia alemana de si le extraditan a España; los exconsejeros Antoni Comín, Meritxel Serret, Lluís Puig, huidos en Bélgica; y Clara Ponsatí, que se encuentra en Escocia.

También están procesadas la ‘número dos’ de ERC Marta Rovira y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, ambas huidas en Suiza; la también representante de los ‘cupaire’ Mireia Boya; los exconsejeros Carles Mundó, Meritxel Borrás y Santiago Vila; y los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.

Los conocidos como ‘los Jordis’ llevan en prisión desde el pasado 16 de octubre y Junqueras y Forn desde el 2 de noviembre de 2017. Los otros procesados que comparecen esta semana volvieron a ser encarcelados el pasado 23 de marzo al considerar el juez que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva en los delitos por los que les procesó ese mismo día.

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado este lunes al ex jefe de los Mossos D’Esquadra Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana, el exdirector de este cuerpo policial Pere Soler y el ex secretario general de Interior de la Generalitat de Cataluña César Puig, para comunicarles su procesamiento por sedición por la actuación de los Mossos en los disturbios ocurridos en septiembre en Barcelona y durante la jornada del referéndum ilegal.

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