Torrent impone a los letrados del Parlament una querella contra Llarena sabiendo que no prosperará

La Mesa del Parlament ha acordado querellarse contra el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo por prevaricación, al considerar que ha vulnerado los derechos de Jordi Sànchez, el candidato de JxCat, por no permitirle que acudiera al debate de su investidura. La Mesa apela de nuevo a la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que instaba a garantizar los derechos políticos de Sànchez. La querella se presentará contra Llarena y contra los otros magistrados de la Sala Penal del Supremo.

El acuerdo ha salido adelante con los votos de los partidos independentistas, pese a que los letrados de la Cámara no ven claro que la Mesa pueda instar esa acción ante los tribunales por no ser de interés público. Su recomendación es que sea el propio candidato, Jordi Sànchez, o su grupo parlamentario quienes presenten la querella. Esta postura ha sido compartida por los Comunes que en principio están de acuerdo con la querella pero recomiendan optar por otras vías por las “dudas jurídicas” sobre la fórmula elegida. PSC y Ciudadanos han votado en contra.

Ciudadanos ha planteado una doble objeción. Por una parte, considera que la Cámara podría incurrir en una ilegalidad destinando recursos públicos a defender “el interés de un particular”, en alusión a Jordi Sànchez. Pero, además, alerta sobre el precedente que sienta la iniciativa ya que a partir de ahora cualquier diputado con causas pendientes con la justicia podría solicitar al Parlament que sea la Cámara quien asuma sus acciones judiciales.

Los Comunes, que asisten a la Mesa con voz pero sin voto como la CUP y el PP, han planteado consultar a “penalistas externos” la idoneidad de presentar esta querella, pero la propuesta ha sido rechazada. También han planteado la posibilidad de presentar antes una queja formal al Supremo, pero esta idea también ha sido rechazada por Roger Torrent.

De todas formas, no parece que la querella vaya a tener mucho recorrido. La prevaricación exigiría que el juez Llarena hubiera dictado su auto denegando la autorización a Sànchez para asistir al pleno de investidura a sabiendas de que estaba tomando una decisión injusta o contraria a Derecho, lo que sería muy difícil de demostrar aun aferrándose a la famosa resolución de Naciones Unidas. Desde que el Comité de Derechos Humanos admitió a trámite la demanda de Sànchez, el independentismo ha esgrimido esa decisión como si fuera un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión –la petición del candidato de que se respeten todos sus derechos políticos, incluido el de poder ser elegido presidente de la Generalitat- cuando lo cierto es que no es así.

Por otra parte, no es la primera vez que el presidente del Parlament amenaza con recurrir a los tribunales una decisión judicial sobre los líderes del ‘procés’ sin que haya cumplido la amenaza. En febrero, dijo que impulsaría una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo por la impugnación de la propuesta de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat. En marzo anunció una querella criminal contra el juez Llarena cuando este impidió el primer intento de investir al número dos de la lista de JxCat.

El acuerdo adoptado este viernes por la Mesa del Parlament respondería a la figura jurídica de la ‘querella catalana’ que es como se llama a aquellas acciones encaminadas a entorpecer un proceso a sabiendas de que no van a prosperar. Su propósito es que quien las impulsa potencie su imagen de inocencia cuando sabe que va ser acusado de algún delito. También suelen utilizarse para conseguir una peritación gratuita en caso de haberse presentado una primera demanda en la vía civil, de la que se infiere una peritación privada y, por tanto, a pagar. Es decir, expresado en lenguaje llano, este último acuerdo de la Mesa sería simple ‘postureo’ de Torrent y de su entorno independentista para seguir estorbando la acción de la justicia contra los dirigentes del ‘procés’.