Catalá y Llarena creen que aún es posible la entrega de Puigdemont por rebelión

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha confirmado que la Fiscalía alemana tratará de cambiar la decisión del juez de la Audiencia Provincial de Schleswig-Holstein, que inadmitió extraditar al expresident Carles Puigdemont por el delito más grave, el de rebelión. En un primer momento, la Fiscalía germana no vio margen para el recurso inmediatamente después de conocer la decisión judicial, pero la reunión que mantuvieron este jueves en la sede de Eurojust la Fiscalía española y la de Alemania habría permitido abrir una vía para presentar dicho recurso con ciertas garantías.

Entre otras cosas, los fiscales españoles hicieron entrega a sus colegas alemanes de varios vídeos que demuestran la violencia durante los días anteriores y posteriores al 1-O. Según fuentes del Tribunal Supremo, los argumentos y nuevas pruebas aportadas deberían se suficientes para convencer a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de que finalmente entregue a España a Puigdemont por rebelión. De esta forma, el expresidente podría ser juzgado en España por el mismo delito del que están acusados otros dirigentes del 'procés' y no solo por un delito de menor gravedad como la malversación.

La Fiscalía de Schleswig-Holstein, el estado federado por donde entró Puigdemont en Alemania el pasado 25 de marzo y donde fue detenido, resolvió la semana pasada pedir a la Audiencia Territorial del mismo “land” su extradición a España actuando en representación de la justicia española, que según el procedimiento establecido para tramitar la euroorden no envía ningún representante propio a la vista. En su resolución, por lo tanto, la Fiscalía germana asumía los argumentos del juez Pablo Llarena y respaldaba en todos los puntos la petición del Tribunal Supremo, tanto en lo que concierne al cargo de rebelión, como al de malversación de fondos públicos, al tiempo que pedía mantenerlo en la cárcel de Neumünster, donde había ingresado el político catalán tras su detención.

Dos días después, la Audiencia alemana resolvió desestimar el cargo de rebelión, al considerar que no se cumple el requisito de que hubiera violencia, entendiendo ésta tal y como ha sido fijada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán, y decretó la libertad condicional de Puigdemont, bajo fianza de 75.000 euros. En la resolución se requería asimismo información adicional y concreta sobre la acusación de malversación de fondos públicos, por un volumen de 1,6 millones de euros.

Precisamente, la reunión de este jueves tenía por objetivo entregar un archivo de pruebas que demostrarán la eventual violencia que tuvo lugar antes, después y durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña, una batería de pruebas con la que los fiscales alemanes irán a la próxima sesión, aún sin fecha, en la que la Justicia alemana decidirá si el expresidente de la Generalitat debería ser entregado a España o no, y en caso afirmativo, con qué delitos se le entregaría.

El abogado español de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, consideró este miércoles que la reunión en La Haya ha sido una "escenificación" y aseguró que, a pesar de la confidencialidad que la propia Eurojust aplica, el equipo de defensa del expresidente catalán “pedirá las actas de la reunión”. Cuevillas dijo a la televisión autonómica catalana que hubiera sido “lógico” que se les hubiese invitado a esta reunión y anunció que se “quejará” a la Justicia alemana.

Por su parte, el ministro de Justicia ha dejado claro que no está dicha la última palabra sobre posibilidad de entregar al expresident por rebelión: “No, en absoluto”. En una entrevista en Onda Cero, el titular español de Justicia ha dicho no conocer al detalle el contenido de la reunión que los fiscales españoles y alemanes mantuvieron este jueves en la sede de Eurojust en ‎La Haya, pero ha comentado que tras hablar con el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, este le ha transmitido que fue “bien” y que “están satisfechos”, que había habido “una buena reunión de trabajo” y una “aclaración de los hechos” (informes policiales y vídeos sobre el 1-O). De esta forma, Catalá ha querido mantener cierta distancia con respecto a la actuación de los fiscales, en virtud del respeto a su independencia, que ha querido poner en valor.

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