La Guardia Civil registra el Diplocat por los pagos a observadores internacionales del 1-O

La Guardia Civil está registrando la sede del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) por orden del juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum, en el marco de una operación sobre los pagos a observadores internacionales del 1-O. El Diplocat está considerado por los investigadores y por el Gobierno central un cuerpo diplomático paralelo dirigido a promover simpatía con la causa independentista y reconocimiento internacional y no como el "consejo público-privado para vender Cataluña al mundo", al que se aludía en su presentación.

Agentes del instituto armado se han personado a primera hora de esta mañana en la sede del Diplocat, situada en la avenida Diagonal de Barcelona, en busca de documentación relacionada con la contratación de los observadores internacionales, que un informe de la Guardia Civil estima costó 119.700 euros.

El juez Ramírez Sunyer, que investiga la organización del 1-O, dictó una providencia el pasado 9 de febrero con la que atendía al requerimiento formulado por la Guardia Civil de cara a esclarecer si se produjo delito de malversación de fondos públicos para emplearlos en la consulta. La Policía Judicial pedía que se rastree en las cuentas del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña por si de estas se abonaron gastos de viaje y alojamiento derivados de la presencia de diversos observadores internacionales para verificar el referéndum anulado por el Tribunal Constitucional.

Recordaba en su oficio que ya se solicitó a la Asesoría Jurídica de la Generalitat información sobre los costes económicos del referéndum ilegal, en concreto sobre el traslado, la estancia y dietas de los distintos observadores internacionales. El órgano respondió que la celebración de la consulta no supuso desembolso para ningún departamento del Gobierno que presidía Carles Puigdemont. Sin embargo, el Instituto Armado considera que, “dada la opacidad para esclarecer la posible malversación y concretamente el papel diseñado por Diplocat”, se debe acceder al denominado Punto Neutro. la plataforma de comunicaciones electrónicas para, entre otras cosas, recabar información sobre el listado de trabajadores del consorcio dados de alta en la Seguridad Social, las cuentas del ente que constan en la Agencia Tributaria y aquellas en las que figure como titular o autorizado el exsecretario general de Diplocat Albert Royo.

El magistrado investiga desde febrero del año pasado por presuntas irregularidades en torno al proceso soberanista a una decena de personas, entre las que se encuentran el exjuez Santiago Vidal, el exsecretario de Hacienda catalán Lluis Salvado y el que fuera secretario general de Vicepresidencia Josep María Llové.

En febrero el Tribunal Supremo acordó mantener la disolución de Diplocat acordada por el Gobierno mediante Real Decreto el pasado 27 de octubre en aplicación del artículo 155. El alto tribunal rechazó la medida cautelar solicitada por la Associació Catalana de Municipis (ACM) de dejar en suspensión esta decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En consecuencia, la disolución del Diplocat, que dependía de la Consejería de Exteriores dirigida por Raül Romeva, actualmente en prisión, se tiene que producir antes de mediados de este mes. De hecho, la disolución seguirá adelante aunque antes del 15 de abril haya un nuevo Gobierno en Cataluña, porque ese real decreto es de obligado cumplimiento y la comisión liquidadora nombrada por el Consejo de Ministros tiene que terminar su tarea.

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