Torrent, obligado por la justicia a suspender por cuarta vez el pleno de investidura

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha denegado el permiso solicitado por el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana Jordi Sànchez para asistir al Pleno de investidura del Parlament de Cataluña que debía celebrarse este viernes. Ni siquiera le autoriza a que lo haga de forma telemática. El magistrado, que no es la primera vez que rechaza una solicitud similar, ha hecho hincapié en el riesgo de reiteración delictiva, es decir, en el peligro de que Sánchez retome el 'procés' en el punto que lo dejó la aplicación del artículo 155 si es elegido para presidir la Generalitat. Roger Torrent, presidente del Parlament, ha suspendido el pleno y ha anunciado una "respuesta".

En un comunicado de la Cámara, Torrent ha lamentado la “vulneración de derechos” por parte del tribunal, y ha defendido que debería haber permitido a Sànchez estar en la Cámara en virtud de la resolución de marzo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Torrent también ha anunciado la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Mesa del Parlament a las 10.30 horas de este viernes para “dar respuesta” a la decisión del Supremo. Según el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, hay un acuerdo para que la institución se querelle contra Llarena por no seguir las recomendaciones de la ONU. El caso es que se repite la situación que ya se vivió con Puigdemont a finales de enero y con el primer intento de investir a Jordi Sànchez en marzo.

Por lo que se refiere al auto de este jueves, el juez fundamenta su rechazo a la solicitud del candidato en el papel desempeñado por este en el desarrollo del ‘procés’. Recuerda que la ANC, que Sànchez presidió hasta que aceptó ir en la candidatura de Puigdemont a las elecciones del 21-D como número dos, estuvo desde el primer momento en el conciliábulo entre partidos políticos y organizaciones civiles para impulsar una hoja de ruta del ‘procés’ que condujera a la independencia de Cataluña.

Llarena recuerda que en abril de 2015 la ANC elaboró un documento recogiendo sus compromisos hasta 2018, en el que se comprometía a velar por el cumplimiento de las resoluciones del Parlamento de Cataluña relativas al impulso del proceso, con especial atención “a las leyes de desconexión, a la convocatoria y realización de un referéndum vinculante en los términos establecidos, y la inmediata proclamación de la independencia en caso de victoria del SI”. También desvelaba la importancia de los movimientos sociales, comprometiéndose a movilizar a la sociedad catalana y, ante la posibilidad de que la Generalitat de Cataluña fuera “intervenida políticamente y jurídicamente por el Estado español y/o algún partido soberanista ilegalizado”, adelantaba que en esos escenarios “la ciudadanía emerge como el agente políticos que impulsa el proceso de independencia”.

El rol de las asociaciones civiles soberanistas, continúa el juez, consistía en asumir “la responsabilidad de impulsar la mayor aceptación social de las iniciativas secesionistas, así como favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable, buscando, por último, una intensa movilización ciudadana que favoreciera que el Estado terminara por aceptar la independencia de Cataluña, ante las vías de hecho desplegadas”. Y, en la eventualidad de que la independencia no fuera consentida por el Estado, y dado que la suspensión del autogobierno no podría tener carácter indefinido y mecho menos definitivo, el Libro Blanco del ‘procés’ ya preveía que “la secesión se alcanzará reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal y manteniendo una movilización ciudadana que terminaría por forzar al Estado a reconocer la nueva república”.

En el auto se recogen declaraciones de Sànchez que ilustran todo lo anterior. En la Diada del 11 de septiembre de 2015 dijo: “Hemos decidido que nos vamos. Y lo haremos tan rápido como podamos, con la legitimidad de la calle y el mandado de las urnas”. En la Diada de 2016 reclamó determinación para poner las urnas en 2017 y en noviembre del año pasado avisó de que Cataluña no permanecería indiferente ante las órdenes de detención o ante los juicios a sus cargos electos añadiendo que el momento de la verdad se acercaba.

El 20-S y el 1-O, dos momentos clave del ‘procés’

Todos estos llamamientos, junto al diseño estratégico, cristalizaron en la movilización multitudinaria del 20 de septiembre ante la consejería de Economía de la Generalitat, que la Guardia Civil se disponía a registrar por orden del juzgado número 13 de Barcelona. Llarena recuerda que los encausados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium, pidieron a los catalanes que se movilizaran, “alentándoles diciendo que no podrían con todos ellos o que las fuerzas del dorden se habían equivocado y que habían declarado la guerra a los que querían votar” (estos registros formaban parte de las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado para tratar de evitar el referéndum ilegal que se celebró diez días más tarde). “A partir de esa incendiaria convocatoria -escribe el juez- lo que aconteció quedó lejos de la pacífica actuación que formalmente se reclamaba en algunos mensajes”.

De hecho, en el auto se describe cómo “la muchedumbre rodeó los vehículos de la Guardia Civil, que terminaron devastados y destrozados, interior y exteriormente. Las armas que se encontraban en el interior de los coches policiales quedaron al albur del vandalismo desplegado. Sobrevino el lanzamiento de objetos contra los agentes y, ni hubo un control policial de que la muchedumbre no invadiera el edificio en cualquier momento, ni tampoco era seguro que los integrantes de la comisión judicial salieran del edificio en esas condiciones”. Y durante el desarrollo de todos estos incidentes, según el juez, quedó claro el “control que ejercían los encausados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart”. Es más, deja constancia de que Sànchez, en una de sus arengas a los concentrados, dijo que ni Rajoy, ni el Tribunal Constitucional, ni todas las Fuerzas de Seguridad del Estado podrían pararles.

Los dos encausados, Sànchez y Cuixart, aprovecharon después su notoria capacidad de movilización colectiva e impulsaron a todos los catalanes a que el 1-O acudieran a los diferentes centros de votación e impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido. Ese día, como consecuencia de dicha movilización, un número importante de ciudadanos hicieron frente a la labor de los policías, lo que –además de las lesiones sufridas por diversos ciudadanos fruto del uso de la fuerza policial- se materializó en numerosos actos de violencia que lesionaron a distintos agentes o causaron daños en su material.

Los indicios de reiteración que aprecia el juez

Tras su pormenorizado relato de todos los pasos que nos han conducido al momento en el que nos encontramos, el juez se fija en el párrafo del Libro Blanco del ‘procés’ que dice que “incluso en el caso extremo de suspensión del autogobierno (mediante la aplicación del artículo 155)… la voluntad popular y la voluntad institucional podrían seguir manifestándose una vez recuperada la autonomía y el funcionamiento ordinario de las instituciones”.

A partir de ahí, detalla los indicios de reiteración: “1º) La existencia de un contexto político en el que concurren todavía sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse la independencia de Cataluña de manera inmediata, sosteniendo que debe lograrse perseverando en el mecanismo de secesión contrario a las normas penales que aquí se enjuicia y 2º) Que estos sectores se ajustan a un plan de secesión de contempla abordar ilegalmente una legislatura constituyente”. El último indicio pero no menos importante es que “no puede eludirse que el Sr. Sànchez ha revalidado su objetivo delictivo integrándose en una candidatura que proclama precisamente continuar ejerciendo el método de actuación que se enjuicia”. La reacción de Sànchez se ha producido ya a través de Twitter: “Hoy me pregunto si los catalanes volvieron a delinquir el 21-D depositando sus votos en las urnas”.

“No respetan el resultado de las elecciones. No respetan la mayoría parlamentaria. No respetan a Naciones Unidas. El daño a la democracia es inmenso. No permitiremos que sigan pisando derechos ni doblegando la democracia”, ha escrito por su parte Carles Puigdemont.

El caso que el juez instructor considera que la postulación del procesado como presidente de la Generalitat de Cataluña presenta elementos que apuntan “marcada y racionalmente a que su eventual mandato pueda orientarse hacia el quebranto de un orden constitucional por el que cualquier elector entiende que debe desarrollarse su representación democrática, ya que la transgresión puede hacerse con profundo quebranto de las mismas normas prohibitivas penales que han justificado la incoación de la presente causa. Es esta circunstancia la que refleja la conveniencia de sobreponer la protección de unos derechos políticos colectivos, sobre un liderazgo que, por su ejercicio delictivo, suponga una restricción parcial del derecho reconocido al procesado en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

La resolución de la ONU, novedosa pero insuficiente

El juez explica que el único elemento nuevo que apoya ahora la petición de Sànchez, que ya había sido denegada anteriormente, es la comunicación que envió al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado 21 de marzo.

El expresidente de la ANC indica en el recurso que registró el 21 de marzo de 2018 la comunicación número 3160/2018, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que éste formuló una resolución dos días después, el 23, en la que instaba al Estado español a garantizar cautelarmente al encausado los derechos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce en su artículo 25.

Por lo que se refiere al Comité de Derechos Humanos, Llarena explica que “ese llamamiento a que las actuaciones estatales contemplen la relevancia del derecho mientras se esclarece la queja, ni supone que el Comité (De Derechos Humanos) haga una indicación concreta que nunca puede ser vinculante para el tribunal, ni siquiera osa sugerir que la tutela cautelar de los derechos políticos del procesado deba pasar por la adopción de alguna de las decisiones que el solicitante expresa, esto es, posibilitar en alguna manera que sus derechos políticos se ejerzan de una manera íntegra y que pueda producirse su eventual nombramiento como presidente de la Generalidad de Cataluña”.

Según Llarena, el interés de evitar daños irreparables en los derechos políticos del procesado, “no implica que ineludiblemente deba autorizarse el ejercicio completo de su contenido, ni que deba renunciarse a evaluar si el completo disfrute de los derechos políticos resulta acorde con el principio de que la representación ciudadana se ejerza de forma constitucionalmente adecuada o si, por el contrario, puede arrastrar consigo la negación parcial de unos derechos políticos del resto de la comunidad que sean dignos de protección preferente, lo que recoge el propio artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al vetar la restricción de los derechos políticos de los ciudadanos cuando resulte indebida”.

Además, el juez resalta que los requisitos de admisibilidad de este tipo de quejas contra un Estado ante el Comité “se circunscriben a que el comunicante o su representante presenten por escrito la denuncia de los hechos, sin que la misma resulte contraria a los principios del Pacto o de las Naciones Unidas, así como que no se muestre constitutiva de abuso de derecho o haya sido sometida a otro sistema internacional de control en materia de derechos humanos, además de haberse agotado los recursos internos ofrecidos por el Estado para la subsanación de la violación”.

Respecto a la doctrina constitucional y europea de derechos humanos, Llarena explica que ya en tres resoluciones anteriores se ha indicado al procesado que la limitación de los derechos políticos de un individuo es adecuada cuando esté fundada en otras finalidades constitucionalmente legítimas, como deriva tanto de la jurisprudencia del tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

RELACIONADO